Resumen Ejecutivo

 

·  Los imprevisibles disturbios y protestas que estallaron en octubre de 2019 no tienen precedentes de magnitud en las últimas tres décadas en Chile. Dichas manifestaciones de descontento ciudadano, se extendieron desde Santiago a varias de las principales ciudades del país, dejando un saldo de destrucción de bienes públicos y privados, así como de incertidumbre sobre grado de cohesión real de la sociedad chilena.

 

·    Un análisis inicial del fenómeno, que aún se encuentra en evolución, permite afirmar que es el resultado de tres crisis que se potencian entre sí: La primera, es una “crisis del Estado de derecho”, originada en la acumulación de permisividad durante las últimas décadas, ante el actuar de diferentes grupos que lo han desafiado sin recibir sanción. La segunda, es una “crisis de gobernabilidad e institucionalidad”, que se ve reflejada por la desconfianza hacia las principales organizaciones republicanas y sociales del país, así como hacia las reglas del juego. Y la tercera, es una “crisis de representatividad”, expresada en la percepción de una democracia que es vista como horizontal y elitista, por no responder de forma efectiva a las demandas y expectativas de la ciudadanía.  Se trata entonces de crisis al cubo: “crisis del Estado de derecho” x “crisis de gobernabilidad e institucionalidad” x “crisis de representividad” = estallido social.

 

·     Adicionalmente, existe evidencia de que la vida se ha vuelto costosa (lo que se expresa, por ejemplo, en el precio de las propiedades), la calidad de los servicios también depende mucho de cuánto se pague por ellos (brecha abismal en salud, educación y seguridad) y, sobre todo, se ha ido incubando la percepción de que las reglas del juego no son iguales para todos, lo que es muy grave cuando se trata de un mercado tan competitivo. Alzas unilaterales de tarifas de compañías, escándalos de colusión en empresas o las posibilidades de endeudamiento sin límites también han ido minando desde adentro la confianza en un sistema económico que en números absolutos sí ha demostrado ser eficaz o, al menos, mejor que las alternativas.

 

·    El gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que asumió con la promesa de “tiempos mejores”, no ha podido inyectar el dinamismo esperado en la economía, lo que ha sido admitido a través de distintos paquetes de estímulo lanzados por distintos ministerios y por las sucesivas correcciones del crecimiento a la baja. Sin duda, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha golpeado a un país exportador, así como el aumento del riesgo geopolítico en Medio Oriente también incide en el alza del precio de los hidrocarburos importados. Pero estos factores parecen importar poco cuando se intentan explicar a la población general. Y la percepción de que la economía no va por buen camino hoy crece y se constituye en otro factor de incertidumbre.

 

·     Con el paso de los días se ha podido apreciar que se presentan tres tipos de protagonistas de las protestas: grupos radicalizados anárquicos, coordinados por redes sociales y que actuando en pequeñas unidades son los que se han visto atacando las estaciones de Metro de forma simultánea, sincronizada y con acelerantes de combustión. Esos patrones similares de ataques son los que han llevado a hablar de “grupos organizados”, al gobierno y los militares. Luego, están los oportunistas que saquean al ver un contexto de desorden generalizado, y quienes tienen como único objetivo la apropiación de bienes, a quienes se ha calificado como “lumpen”. En tercer lugar, están los manifestantes pacíficos que llevan pancartas o golpean ollas. Hasta ahora, no hay líderes visibles en ninguna de las categorías.

 

·     Las Fuerzas Armadas, encargadas de la seguridad nacional, reportan al Ejecutivo, que es un poder civil y político. Actúan por instrucciones del Presidente de la República y no tienen autonomía de mando. Cuando intervienen en circunstancias de excepción es porque así lo ha ordenado el Presidente. Luego son los jefes de la Defensa y sus tropas quienes materializan la orden de restablecer la seguridad en el terreno en circunstancias adversas y en constante evolución. Ellos no son responsables de las decisiones políticas resueltas, sólo de su ejecución de acuerdo a parametros legales y legítimos del uso de la fuerza.

 

·     Los incidentes y desórdenes civiles que están ocurriendo, recuerdan la necesidad de contar tanto con una arquitectura de seguridad, como con inteligencia de calidad y oportuna que aporte con conocimiento útil al proceso de toma de decisiones del más alto nivel, para anticipar y no reaccionar ante los eventos o amenazas a la seguridad.

 

·     Adicionalmente, es urgente avanzar con la modificación y modernización de la Ley de Inteligencia que viene promoviendo el gobierno y, en particular, el Ministerio de Defensa, así como fortalecer la calidad de los servicios de inteligencia nacionales. No contar con inteligencia de calidad, constituye una vulnerabilidad de alto riesgo y poco deseable.

·     A pesar que los hechos que sacudieron al país son lamentables, condenables y trágicos, se pueden constituir o transformar también en una gran oportunidad para corregir errores e implementar nuevas arquitecturas, propias de un Estado moderno más seguro y próspero. En tiempos de crisis se prueban y surgen los verdaderos liderazgos. Chile requiere y demanda  fortalecer su institucionalidad y cohesión social si quiere garantizar su progreso y desarrollo en libertad. El desafío actual no solo compete al gobierno de turno y a la clase política, sino a la sociedad civil.  Se trata de una responsabilidad nacional transversal a la que ningún chileno se puede restar si se trata de buscar acuerdos para optimizar el modelo económico y las estructuras políticas existentes, de modo de hacerlos más eficientes e inclusivos a la vez. A lo largo de la historia, Chile ha probado ser un país resiliente, capaz de superar crisis y catástrofes.  

 

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