El Líbero, 8 de octubre 2022
Esos jóvenes que deberían ser el futuro de Chile se han transformado, junto a los ambulantes, en un gran dolor de cabeza para la Municipalidad de Santiago.
Esos colegios por los que muchos hacen esfuerzos extraordinarios para que sus hijos reciban una educación de calidad que les permitirá abrir puertas en el futuro hoy se han transformado en el emblema del disturbio callejero. Los overoles blancos no son nuevos. Llevan un tiempo, años más bien. Desde 2019 alteran el orden público en las calles de Santiago. Empezaron en el Instituto Nacional, corriendo por los techos del establecimiento con bombas molotov, dificultando el normal funcionamiento de la ciudad. Le siguen el Internado Nacional Barros Arana (INBA) -del cual alumnos atacaron un cuartel militar aledaño- y el Liceo de Aplicación -frente al cual se quemó un bus del Transantiago-.
Esos jóvenes que deberían ser el futuro de Chile han abrazado la violencia como método de acción política, validando los disturbios y desórdenes. Pareciera que el diálogo no forma parte de la solución. Dicen tener petitorios asociados a problemáticas de sus establecimientos, pero levantan un discurso político que se aleja de su cotidianidad estudiantil. Junto a los ambulantes, se han transformado en otro dolor de cabeza para la Municipalidad de Santiago.
Los estudiantes, que deberían estar llenándose de conocimientos en las salas de clases, corren por las calles atacando militares y quemando mobiliario público. Interrumpen su proceso educativo y el de muchos otros jóvenes que no quieren participar de los disturbios.
Estos colegios, que formaron a varios presidentes de Chile, hoy se transforman en el emblema de la violencia y suman una arista más a la problemática de seguridad pública a la que debe responder el gobierno.
Las autoridades han dicho que presentarán querellas contra quienes resulten responsables por los disturbios del INBA; la rectora de ese establecimiento ha dicho que se han expulsado a alumnos encontrados con material incendiario, pero el asunto va más allá de eso. El hostigamiento a un recinto militar o a cualquier institución del Estado no puede ser permitido. La violencia como método de acción política sólo perjudica a la democracia. Expulsados o no, estos jóvenes seguirán realizando acciones violentas y eso es justamente lo que no deben aceptar nuestras autoridades. La violencia no puede ser validada como forma de manifestación.
Tal vez el pasado de dirigente estudiantil de muchos de quienes hoy están en el gobierno los transforma, de alguna manera, en juez y parte. Pero, no deben olvidar que ya no están en las calles como lo hacían años atrás y tienen el deber de proveer seguridad a todos los chilenos y junto con ello, proteger nuestra democracia.
Algunos no olvidamos cuando el entonces diputado Boric, en octubre de 2019, encaraba a militares en Plaza Italia y pedía que se fueran. Ahora en La Moneda, espero que proteja a esos militares y a través de las autoridades correspondientes, desarrolle protocolos claros frente a cualquier ataque a un cuartel. Y que no olvide porqué esos colegios son conocidos como Liceos Emblemáticos. Una educación de calidad es el primer paso para la convivencia pacífica de la sociedad y el respeto a la democracia.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
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