El Líbero, 19 de noviembre de 2022
Es hora de pensar en una arquitectura que entregue el paraguas institucional y legislativo que cada uno de los eslabones de la cadena de seguridad pública necesita. Y esa es tarea del gobierno.
El gobierno se equivoca al decir que la ley es el problema. En la Macrozona Sur dice que la antiterrorista no tiene a nadie detenido y que perseguirán por crimen organizado; en Santiago, que Aula Segura no ha contribuido a disminuir la violencia en los colegios. Pero lo cierto es que las leyes nos entregan parámetros y herramientas para perseguir y sancionar el delito. Si creemos que no están entregando eso, no las desechemos; revisémoslas, actualicémoslas, y si después de eso no hay cambios, modifiquémosla. Pero culparlas por cómo las instituciones las aplican, no es el camino.
Además, existe un error de fondo en las palabras de las autoridades al informar que los delitos en la Macrozona Sur se perseguirán como crimen organizado. Cada delito tiene su propia naturaleza y esa está dada por el fin que persiguen los grupos delictuales. Cuando vemos la acción de mafias madereras cuyo fin último es económico, claro que sancionarlos como crimen organizado es pertinente. Sin embargo, las acciones de agrupaciones como la Coordinadora Arauco Malleco, cuyo objetivo es la autonomía, es decir político, no pueden ser sancionadas con los mismos parámetros que esas mafias. De ahí la importancia de la legislación. Así como no todo es crimen organizado, no todo es terrorismo, y la misma ley no sirve para perseguir ambos.
La cadena de seguridad pública tiene diversos eslabones. Por mucho tiempo se ha puesto el foco en el primero, las instituciones policiales. Múltiples debates se han llevado a cabo sobre su trabajo. Ahora se habla de otro: las leyes que permiten investigar y sancionar. Si bien siempre es bueno mantener un debate legislativo actualizado que permita responder a las necesidades de los cambiantes escenarios criminales, deberíamos también revisar el accionar de la justicia en su aplicación. Sobre todo si en casos como el de robo de madera se ha visto una preocupante baja en las denuncias debido a la pérdida de confianza en que las causas llegarán a término.
Primero, que Carabineros debía refundarse pues no cumplía los estándares para los nuevos desafíos; ahora que las leyes no sirven. ¡Es hora de dejar de echarle la culpa al empedrado! El conductor de la seguridad es el Presidente a través de su ministro del Interior. No son ni las instituciones ni la legislación las que guiarán la planificación de seguridad; son esas autoridades políticas que deben ser capaces de dejar su ideología de lado para, con altura de miras, diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar una estrategia que permita avanzar hacia un contexto de paz.
No es necesario enumerar el sinfín de delitos nuevos que han llegado al país, ni la violencia con la que se cometen. Buscar culpables sólo dará más tiempo al crimen para adaptarse y controlar más territorio del que ya controlan. Es hora de pensar en una arquitectura de seguridad que entregue el paraguas institucional y legislativo que cada uno de los eslabones de la cadena de seguridad pública necesita, y esa, es tarea del gobierno. Podrán buscar acuerdos, proponer aumentos presupuestarios y muchas otras cosas, pero sin ese paraguas, nada será suficiente.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
