Cuando faltan dos semanas para cumplir el último plazo propuesto para finalizar la tramitación de los proyectos de ley (PdL) en materia de seguridad pública, resulta necesario analizar la composición del paquete legislativo propuesto, los avances que ha tenido y dónde se encuentran los principales atrasos a la fecha.
El 14 de abril pasado se dio inicio a la agenda de seguridad o fast track legislativo como una manera de responder a la crisis de seguridad que elevó la tasa de homicidios nacional a 6,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes[1] en 2022; que incrementó el indicador de temor a la cifra más alta en una década, el 90,6%[2] dijo percibir que la delincuencia aumentó en el país; y que llevó a que el 36, 5%[3] de los encuestados declararan estar expuestos a manifestaciones del crimen organizado como narcofunerales, homicidios por ajustes cuentas, secuestros, enfrentamiento entre bandas, fuegos artificiales, etc.
De los 31 proyectos priorizados en abril, el 19,3% corresponde a aquellos que crean institucionalidad, 25,8% a los que modernizan figuras penales y un 41,9% mejora/crea procedimientos[4].
De ellos, el 56% se originó mediante mensaje presidencial, el resto a través de mociones parlamentarias.
Los 31 proyectos han sido ingresados durante los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, siendo este último el que más proyectos ha ingresado (67% de los mensajes). Lo anterior estaría explicado por el cambio del panorama criminal nacional que está generando una crisis de seguridad que llevó a los chilenos a presionar a las autoridades por medidas concretas para mejorarla.
A septiembre de este año, mes en el que se cumplió el segundo plazo de 150 días para despachar los proyecto, catorce (45,1%) estaban despachados y sólo ocho (25,8%) publicados[5].
Actualmente, está próximo a vencer el cuarto y último plazo. Éste no tiene una fecha en particular, pero todo indica que expira el 31 de diciembre pues los proyectos definidos para él deben ser despachados antes de fin de año.
Cuál es el estado de los proyectos, cuáles avanzaron, cuáles se mantienen sin cambios y cuáles podrían estar estancados son aspectos que se revisarán a continuación.
Los cambios en el fast track
Cuatro fueron los plazos establecidos: Próximos días, 75 días, 150 días y fin de año. De ellos, el único que cuenta con todos sus proyectos publicados es el primero, mientras que en el de 150 días ninguno de los proyectos ha sido despachado.
En el análisis sobre el movimiento que han tenido los proyectos de ley resulta relevante mencionar que cuatro de los 31 PdL fueron incorporados dentro de otros proyectos o ya han sido regulados por otras leyes, quedando en total 27 proyectos dentro de la agenda legislativa.
El Congreso tiene como objetivo despachar los proyectos en los plazos mencionados, sin embargo, para efectos de resultados concretos es relevante que aquellos PdL despachados sean publicado en el Diario Oficial con el fin de que puedan entrar en vigor. Actualmente, el 51,8% de los proyectos ha sido publicado, mientras el 14,8% se encuentra en calidad de despachado[6], otro 14,8% se encuentra en primer trámite constitucional y un 18,5% en segundo trámite constitucional[7].
De los cuatro paquetes de proyectos el que más atraso presenta es el correspondiente al plazo de 150 días. De los seis proyectos ninguno ha sido despachado: cuatro se encuentran en primer trámite constitucional, es decir, en la cámara de origen; mientras que los dos restantes sólo han avanzado a su segundo trámite constitucional.
De ellos, el que lleva mayor tiempo en el parlamento es el correspondiente al que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia. Éste, ingresó el 13 de noviembre de 2018; le sigue aquél que crea la defensoría de las víctimas, ingresado el 5 de enero de 2021; luego el Ministerio de Seguridad Pública, ingresado el 27 de septiembre de 2021, y todos los demás entraron el 2023.
De estos proyectos aquel que ha reunido la mayor atención es el relativo a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que aquel que trata sobre las reglas del uso de la fuerza es uno de los que ha evidenciado con mayor claridad las diferencias políticas entre los actores que deben discutirlo.
Sobre aquel que crea el Ministerio de Seguridad Pública, hay que mencionar que busca separar la función de seguridad de la función política propia del Ministerio del Interior, junto con proponer una coordinación intersectorial que imprima una mirada multidisciplinaria a los retos que plantea la delincuencia.
En el caso de las reglas del uso de la fuerza, los principales aspectos a revisar son aquellos relativos a la proporcionalidad y racionalidad en el uso de los medios disponibles pues, proporcionalidad no significa equidad y lo relevante es el uso racional de ese medio al momento de necesitarlo.
Uno de los proyectos bastante esperados es aquel que crea el subsistema de inteligencia económica. Permite levantar el secreto bancario y agrega nuevas funciones preventivas a la Unidad de Análisis Financiero.
De estos seis proyectos, el que crea un nuevo ministerio y el sistema de inteligencia podrían ser algunos de los que tuvieran movimientos antes de fin de año. Sin embargo, se observa una probabilidad baja en alcanzar su despacho este 2023.
Consideraciones finales
La crisis de seguridad obligó a la coalición oficialista a cambiar su relato, modificar su programa e impulsar proyectos que cuando estaban en el congreso votaron en contra. Hoy, todo esto se ha materializado en los 27 proyectos que contiene el fast track legislativo y que está diseñando una arquitectura de seguridad a través de un proceso bottom up que espera preparar al Estado para enfrentar los nuevos desafíos en esta materia.
Si bien los movimientos de la agenda legislativa no han cumplido del todo los plazos definidos, ésta ha tenido avances.
La seguridad es la principal demanda ciudadana. La urgencia por este tema es tal que la encuesta CEP[8] mostró que el 45% dice estar de acuerdo con que se supriman todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia.
El crimen está impactando en el corazón de la democracia. El que los ciudadanos prefieran ceder libertades con el fin de obtener seguridad significa una debilidad importante del Estado pues, vivir en un contexto de paz necesariamente significa gozar de todas nuestras libertades.
La agenda de seguridad es la manera que el Legislativo y Ejecutivo encontraron para hacerse cargo de la presión ciudadana, que, corresponde señalar, ha sido el gran motor que empuja las urgencias en esta materia.
Si bien lo anterior de suma importancia, pues ha generado acciones relevantes. No hay que olvidar que la Seguridad es una función propia del Estado. Es éste el que debe entregar un entorno de paz a sus ciudadanos.
Si bien los plazos no se han cumplido del todo, para quienes nos miran desde fuera se ve una acción del Estado importante, acción que, mirada desde dentro ha recibido críticas, especialmente por el debate ideológico que ha marcado a algunos proyectos.
Finalmente, más allá de la mirada optimista o pesimista, lo relevante es que los proyectos avancen, se publiquen las leyes y, lo más importante, que se genere esa arquitectura de seguridad que tanto necesitamos para enfrentar al nuevo panorama criminal que llegó para quedarse. De lo contrario, sólo enumeraremos proyectos que en la práctica no serán percibidos como exitosos.
Probablemente el 31 de diciembre se encuentre con un fast track inconcluso acusado de ser un slow track. Algo de esto podría cambiar luego del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, pero no del todo pues, una nueva Constitución no solucionará, en el corto plazo, la crisis de seguridad. Es fundamental que las herramientas que entregan las nuevas leyes estén acompañadas de una voluntad política decidida, capaz de asumir los riesgos y pagar los costos que significa perseguir a la delincuencia organizada.
Pilar Lizana T., investigador de Athenalab
Agustín Soto G., colaborador de Athenalab
14 de diciembre de 2023
[1] Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, “1er Informe Nacional de Homicidios Consumados: Una visión Integrada e Institucional 2018 – 2022”, julio 2023. Disponible en: https://prevenciondehomicidios.cl/wp-content/uploads/2023/07/Informe-homicidios-2018-2022.pdf
[2] Subsecretaría para la Prevención del Delito, “19º Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2022”, noviembre 2023. Disponible en: https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/publicaciones-y-anuarios/2022/nacional/síntesis-de-resultados-19-enusc-2022—nacional.pdf?sfvrsn=2854ad13_2
[3] Fundación Paz Ciudadana, “Índice de Exposición al Crimen Organizado”, enero 2023. Disponible en: https://pazciudadana.cl/proyectos/documentos/indice-de-exposicion-a-la-criminalidad-organizada/
[4] Pilar Lizana y Agustín Soto, “Análisis de Seguridad: ¿qué tan rápido avanza el fast track?”, 28 de septiembre de 2023. Disponible en: https://www.athenalab.org/analisis-agenda-de-seguridad-que-tan-rapido-avanza-el-fast-track/
[5] Ibid.
[6] Es preciso mencionar que, a la fecha de publicación de este artículo, el proyecto relativo al registro audiovisual de las actuaciones policiales había sido promulgado y se encontraba a la espera de su publicación en el Diario Oficial. Por ello, se ha considerado el proyecto como despachado para efectos de este análisis.
[7] En el primer trámite constitucional el proyecto ingresa a la cámara de origen quien luego de su discusión lo envía a revisión para su segundo trámite constitucional. En caso de no existir acuerdo, se avanza hacia el tercer trámite constitucional en comisión mixta. Cuando el proyecto regule materias que requieren de control de constitucionalidad, éste avanza a un cuarto trámite en el Tribunal Constitucional, una vez terminado el trámite en el TC se envía al Presidente para su promulgación. Una vez promulgado, es publicado en el Diario Oficial.
[8] Centro de Estudios Públicos, “Estudio Nacional de Opinión Pública CEP 90”, 20 de noviembre de 2023. Disponible en: https://www.cepchile.cl/encuesta/encuesta-cep-n-90/
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