DOCUMENTO DE TRABAJO Nº29 | Construcción de fragatas en Chile, un desafío de Estado

A comienzos de la década de 1990, Australia comenzó lo que a esa fecha era el mayor proyecto de inversión militar de su historia, la construcción de seis submarinos de la clase “Collins”, específicamente diseñados en conjunto con el astillero sueco Kockums para la realidad marítima local. El proyecto, que se extendió desde febrero de 1990 hasta marzo de 2003, consideró la creación de una corporación público-privada, bautizada como Australian Submarine Corporation (ASC), especialmente destinada para esta empresa. Para minimizar los tiempos y reducir los riesgos, considerando que Australia no tenía experiencia previa en la construcción de este tipo de unidades, se optó por un sistema mixto, donde el astillero sueco construiría la parte más compleja del casco, el que sería enviado posteriormente a Australia para su terminación, integración, pruebas y entrega. Al poco andar, el proyecto comenzó a mostrar serios inconvenientes, resultando en que los dos primeros submarinos no pasaran sus pruebas iniciales por una serie de problemas: elevado nivel de ruido, elemento clave para no ser detectados; complicaciones graves de integración entre equipos de diferentes empresas, como el sonar, —de origen francés—, el sistema de combate —de origen estadounidense— y los torpedos, entre otros. En consecuencia, este “sistema de sistemas” no estaba dando los resultados esperados. Luego de 10 años desde el inicio del proyecto de defensa más ambicioso y técnicamente avanzado de Australia, el submarino no estaba a la altura de lo que la Marina y el país requerían para su defensa.

Dada la magnitud de los recursos invertidos, la crítica cada vez más negativa por parte de los expertos en defensa que estaba recibiendo el proyecto, y la insistencia entre los tres principales entes involucrados —Kockums, el ASC y la Marina— de culparse mutuamente, el gobierno australiano decidió realizar una auditoría externa y reunió a dos destacados empresarios australianos para que elevaran un informe acerca del proyecto.

El reporte, denominado McIntosh-Prescott por sus autores, abordó varias cuestiones claves: identificar los problemas de los submarinos; recomendar soluciones para resolver estas complicaciones; y, finalmente, aportar ideas para evitar dificultades similares en futuros proyectos de defensa de esta magnitud[1]. Las recomendaciones finales resultaron en una serie de cambios relevantes a los submarinos que aún quedaban por construir. Sin embargo, y quizás una de las conclusiones más importantes, fue que independiente de todas las observaciones —normales en empresas de esta magnitud—, el proyecto significó un salto cuantitativo y cualitativo para la industria australiana, demostrando que, a pesar de la complejidad y profundidad del desafío, éste fue realizado en un marco presupuestario y temporal que no solo sirvió para mejorar la industria naval australiana, sino que creó todo un ecosistema industrial y de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), que fue mejorando en el tiempo.

Así es como a la clase “Collins” le siguieron las fragatas “ANZAC”, de diseño alemán, pero construidas íntegramente en el país; los destructores antiaéreos de la clase “Hobart”, de diseño español; las fragatas “Tipo 26”, de la clase “Hunter”, y, finalmente, la decisión de fabricar en el país submarinos de ataque de propulsión nuclear de la clase “AUKUS”, que reemplazarán a los “Collins”. Desde luego, además de este desarrollo, se le suman una serie de embarcaciones auxiliares, incluyendo su mantenimiento y modernización.

Probablemente lo más relevante de esta industria fue, justamente, la incorporación de un ecosistema industrial civil y de la academia, lo que favoreció el desarrollo de estos proyectos que, por su magnitud y duración, pasaron a ser de nivel país, y que se fueron concretando a través de distintos gobiernos, permitiéndole a Australia contar con una marina mediana de primer orden.

A pesar de las complejidades iniciales, la industria naval australiana demostró que la construcción naval posee externalidades positivas para el país.

A la misma conclusión llegó un informe encomendado por la Armada de Chile a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica en el año 2018[2]: la construcción naval en nuestro país no solo era viable, sino además recomendable, al integrar a una serie de entidades cuyo involucramiento significaría un desborde de capacidades hacia otras áreas productivas nacionales, como asimismo la creación de un ecosistema tecnológico y académico que, sin lugar a dudas, aportaría a la I+D+I nacional.

La Armada hizo propia esta conclusión, desarrollando el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN), con el propósito de proveer al Estado de una marina moderna, interoperativa, tecnológicamente avanzada y construida en Chile. Este estudio nació de la necesidad de evaluar el recambio de las actuales unidades de combate; y el problema no es menor. En la actualidad, la Escuadra Nacional cuenta con unidades de entre 30 y 38 años que, si bien han sido actualizados, están próximos a cumplir con la vida útil de los buques de combate, cercano a los 40 años. De no tomar una pronta acción, ya sea a través de la adquisición de plataformas usadas o de la construcción de nuevas unidades, la defensa nacional se encontrará en una situación compleja, con brechas operativas en su fuerza de superficie que podrían extenderse por años.

La construcción de una fragata demora entre cuatro y cinco años, dependiendo del astillero y el nivel de complejidad. Es decir, si hoy se decidiese adquirir nuevas unidades, las primeras estarían llegando cerca del año 2032 (considerando que debe realizarse todavía la ingeniería de detalles y procesos administrativos), cuando la totalidad de los actuales buques esté próximo a cumplir su vida útil. Por otra parte, hoy existe un déficit global de fragatas usadas disponibles en el mercado, producto de las nuevas tensiones geopolíticas, tanto en el Pacífico Occidental como en el mar Rojo.

En la figura 2, se muestra uno de los posibles escenarios, donde se indica el número de unidades disponibles por año de acuerdo con su vida útil remanente, agregando el tiempo estimado de incorporación de nuevas unidades, en caso de que se tome la decisión de comenzar a construir fragatas en pares, cada cuatro años, lo que se considera un plan casi ideal.

Aun así, en este escenario, la actual fuerza de superficie contaría con períodos que incluyen cuatro buques en servicio, aunque no necesariamente todos operativos, por efecto del mantenimiento y entrenamiento.

El propósito de este ensayo es analizar las implicancias de construir fragatas en Chile para reemplazar las actuales naves de la Escuadra Nacional. En efecto, la industria naval nacional ha logrado establecerse como una fuente confiable para desarrollar proyectos como las unidades auxiliares; algunos de ellos representaron un importante desafío técnico, como la construcción del buque de investigación científica “Cabo de Hornos” y, recientemente, del rompehielos “Almirante Viel”, demostrando que los astilleros poseen la madurez técnica suficiente para desarrollar proyectos más complejos. Para analizar el caso, utilizaremos como base la descripción que el académico británico Geoffrey Till desarrolla en su último libro How to Grow a Navy[3] respecto de la industria naval, aplicándola a ejemplos de países que desarrollaron su industria naval, como Australia y España, evaluando la posibilidad de su implementación en Chile.

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