¿Así queremos atraer inversión extranjera en el Chile Day?

Después de haber entregado el manejo de la Subsecretaría de Comercio a un académico contrario al libre comercio; de haber dejado atrás el apoyo a un proyecto constitucional refundacional y de escasa calidad técnica, y -finalmente- de haber sido obligado por el Congreso y la presión de la ciudadanía a ratificar un gran acuerdo que odiaban (el CPTPP), el equipo de Gobierno parecía corregir el rumbo en su segundo año de trabajo en materia económica internacional.

Pese a errores aquí y allá (un botón, Boric diciéndole a la BBC que parte de él quiere derrocar el capitalismo), parecía que, en la búsqueda de la inversión extranjera y la valoración de la estabilidad jurídica, la racionalidad estaba ganando la partida.

¿El problema? Una transición desde la extrema izquierda a la socialdemocracia no puede ser tácita: un giro motivado por conveniencia, sin dar explicaciones a los votantes. Cuando los cambios se hacen sin convencimiento, las pulsiones originales resurgen.

Tomemos el caso del ChileDay, la iniciativa público-privada que anualmente tiene lugar en Londres y en algún otro centro financiero mundial (Nueva York, Toronto, París). Por años, la exposición de los Ministros chilenos en la City era muy parecida, no obstante los cambios de administración.

Nuestro país era el alumno latinoamericano aventajado que ofrecía un ambiente amistoso a los inversionistas y un Estado de Derecho sólido. Eso ha explicado, por ejemplo, las escasas disputas con inversionistas que hemos debido resolver -y mayormente con éxito- en instancias internacionales. Hasta hace poco, el 99.9% de estas diferencias se arreglaban localmente.

Por supuesto, el estallido social significó una serie de preguntas para las que aún hoy el país no tiene respuestas. Superada al menos la tensión constituyente, y la pandemia que puso al mundo de cabeza, lo esperable era que Chile se esmerara en el regreso a la predictibilidad, para que la búsqueda de inversionistas en esos trabajados ChileDays rindiera fruto.

Pero este 2024, el ambiente ChileDay no es para nada de normalidad.

En primer lugar, hubo una tensión sin precedentes en París, el viernes pasado. Decenas de asistentes al evento confrontaron al Ministro de Energía, ya que según un proyecto de ley del gobierno, actualmente en en el Congreso, las pequeñas centrales de generación eléctrica (detrás de las cuales hay inversionistas de distintos países) asumirían el costo del subsidio adicional a las tarifas eléctricas mediante una reducción de la compensación que les corresponde de acuerdo al mecanismo de estabilización de precio.

Esto implicaría un recorte de hasta un 40% de los ingresos en la industria, gatillando no sólo la quiebra de empresas y la paralización de proyectos, sino la muy probable judicialización de la medida en tribunales internacionales.

Por una parte, el Ministro de Energía habría dicho en París que para financiar el subsidio en cuestión “necesito US$150 millones, y alguien tiene que pagarlos”. Por su lado, las empresas afectadas consideran que el financiamiento debiera venir de recursos públicos, y que esta contribución forzada que se les impone cambia las reglas del juego (establecidas en 2019 para durar hasta el 2054), y constituye una expropiación.

A la luz de las garantías a la inversión extranjera contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile, las empresas tienen bastante razón. Efectivamente, los tribunales internacionales de inversión muchas veces han considerado la imposición de cargas de este tipo como una expropiación indirecta, obligando a los Estados que rompen estos compromisos internacionales a compensar a los inversionistas de los países contrapartes.

Aquí es relevante el caso de Argentina, que bajo los Kirchner fue objeto de varias decenas de procesos internacionales ante el Banco Mundial (CIADI) justamente por vulnerar reglas previamente acordadas respecto a tarifas de servicios básicos, que esos gobiernos intentaron mantener artificialmente bajas, más allá de lo razonable.

Finalmente, expropiaciones directas e indirectas, y el maltrato constante del gobierno a los inversionistas, tuvo una consecuencia sistémica, mucho peor que la suma de las compensaciones a pagar: la destrucción del atractivo para la inversión extranjera. Argentina se volvió decrépita: un lugar de riesgo político considerable, desde el cual la inversión de largo plazo ha huído.

Sin duda el alza de las tarifas eléctricas constituye un problema social importante en Chile. Pero ¿conoce el gobierno chileno el precedente de Argentina? ¿Valdrá la pena intentar repetir -siquiera en parte- la experiencia?

Hay además otra circunstancia preocupante. A seis semanas desde el terrorífico temporal de viento que provocó prolongados cortes de suministro eléctrico en Chile, el manejo de la situación por parte del Gobierno respecto de las distribuidoras Enel y CGE debe llamar la atención.

A pesar de que estas empresas tienen controladores muy distintos (la empresa china State Grid para CGE, y el Estado italiano para ENEL), ambas coinciden en hacer ver que la circunstancia que gatilló la crisis constituyó fuerza mayor: esto es un concepto no sólo del derecho nacional, sino también del derecho internacional de inversiones.

Está establecido en los tratados sobre inversión, y ha sido aplicado por tribunales internacionales que han considerado como tal a eventos naturales excepcionales, como lo fue -técnicamente- el imprevisible huracán que azotó Santiago (el porfiado hecho básico que todo tribunal internacional considerará, es que el viento esa noche fue el doble de potente que los registros máximos históricos de la capital, y que nadie pudo predecir tal potencia).

Gobernar en medio de una circunstancia natural extraordinaria requiere más habilidad más que sólo “poner al centro a la gente” y exigir la reposición de servicio y compensaciones; requiere más que lanzar al voleo, sin seriedad alguna, la idea que una empresa estatal chilena “daría más seguridad“ a los chilenos ante emergencias; y requiere más que una retórica pública dura respecto al inversionista extranjero (“indolente”, “inoperante”, etc.), cualquiera que éste sea, porque eso simplemente nunca será gratis.

En el caso de ENEL, el trato que le ha dado la autoridad chilena, incluyendo iniciar el proceso que lleva a la sanción máxima (cancelación de la concesión), causó un daño dramático a nivel global en el valor de la empresa. Pero la estrategia del gobierno, tan extrema como absurda, se mantiene: el proceso de cancelación de la concesión continúa “como forma de presión” incluso cuando la meta de reposición de servicio fue cumplida, y aún cuando expertos de la industria y la propia ministra de Obras Públicas han hecho ver que es del todo inoficioso, pues el Estado de Chile no está en condiciones de asumir el trabajo que hoy hace el concesionario, y además existen urgencias mayores.

Asimismo, no obstante toda sus divergencias, ENEL y CGE coinciden en que el proyecto de ley del Gobierno en cuestión, que aumentará las multas, también significará multiplicar el pago de compensaciones a valores casi 7 veces superiores a los de hoy.

Cualquier inversionista extranjero podría considerar una medida de esta naturaleza como una posible violación a garantías que Chile se ha comprometido a respetar vía tratados internacionales, como lo es el trato justo y equitativo al inversionista (esto también es un concepto jurídico internacional establecido, no dependiente de la opinión de ministros o superintendencias locales).

La insistencia en proponer medidas con este grado de dureza refuerza la impresión de que el Gobierno simplemente no se ha molestado siquiera en considerar aspectos técnicos indispensables respecto de las consecuencias que las medidas que propone tendrían para Chile desde el punto de vista de la responsabilidad internacional del Estado bajo la red de tratados de Chile, la misma que el propio Boric hoy considera como motor del desarrollo del país.

¿Así queremos atraer inversión extranjera en Chile Day, al mismo tiempo que ahuyentamos la que ya tenemos? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que empresas afectadas por las medidas del Gobierno “no cumplen con el marco regulador”. ¿Sabrán el Gabinete y el Presidente de la República que el marco regulador de la relación Estado-inversionista incluye también los tratados ratificados por Chile? ¿Hay alguien en el Gobierno velando para que las medidas propuestas no violen dichos acuerdos?

Y para cerrar, un dato para nuestras autoridades. El AMA Chile-Unión Europea (Acuerdo Marco Avanzado que este gobierno primero demoró, y luego firmó con alegría pese a que el texto corresponde en un 99% al cerrado por el gobierno anterior), debe ser ratificado por los poderes legislativos de todos los Estados miembros de la UE. Por lo tanto, el maltrato continuo a la empresa controlada por el Estado italiano de poco sirve al país.

Es la colaboración con el sector privado, y no la riña, lo que mejor previene desastres, y lo que trae la inversión y el desarrollo económico y humano que Chile necesita.