El Mostrador, sábado 4 de julio de 2020
Era necesario un proyecto de ley para regular las compras de equipamiento militar. En lo político quizás sí, pero en lo técnico muy probablemente no. En lo político, porque sin el compromiso de presentar un proyecto de ley de compras militares no se hubiese aprobado el término de la Ley del Cobre y porque además había -producto de algunos problemas del pasado- en ese minuto la sensación que las compras militares requerían de más transparencia y control, lo que es entendible, pero que no necesariamente en lo técnico mejora el proceso de compras.
Agradezco a Claudio Fuentes y Gabriel Osorio por haber escrito sobre el tema de las compras militares, ya que si bien no estoy de acuerdo con mucho de lo que indican, claramente hay espacio para mejorar lo que se le presentó al Parlamento en esta materia.
Lo primero que hay que entender es que este proyecto de ley fue un compromiso que el Gobierno adquirió por la aprobación, en 2019, del proyecto que regula el financiamiento de capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y por ende de las Fuerzas Armadas, que reemplazó el financiamiento por vía de los ingresos que genera Codelco.
Este compromiso que adquirió el Gobierno no estaba en el diseño original de la propuesta que modificaba la forma en que se financian las inversiones en equipamiento de las instituciones armadas, que trae como concepto principal que las definiciones de capacidades estratégicas requeridas se toman a nivel del Ministerio de Defensa y ya no más a nivel de cada institución, las que ahora se deben ajustar a un concepto de defensa integral y conjunta que está definido en las políticas de defensa y en la política militar.
Era necesario un proyecto de ley para regular las compras de equipamiento militar. En lo político quizás sí, pero en lo técnico muy probablemente no. En lo político, porque sin el compromiso de presentar un proyecto de ley de compras militares no se hubiese aprobado el término de la Ley del Cobre y porque además había –producto de algunos problemas del pasado– en ese minuto la sensación que las compras militares requerían de más transparencia y control, lo que es entendible, pero que no necesariamente en lo técnico mejora el proceso de compras.
Por qué digo que no necesariamente mejora el proceso, porque desde que ocurrieron los problemas en el pasado, los controles establecidos tanto por las mismas instituciones como por el Ministerio de Defensa y la Contraloría General de la República, hacen que el nivel de control actual sea muy superior al que existía años atrás. Con el ambiente de control actual comprar tonteras, hacer ilícitos y malgastar es muy complejo o, mejor dicho, imposible.
La pregunta entonces, desde una perspectiva ingenieril, es: ¿qué tipo de procesos necesitamos para realizar compras militares? Mi recomendación sería que necesitamos procesos con las siguientes características:
- Que reconozcan y capturen correctamente las definiciones estratégicas que salen de la política de defensa y de la política militar y que, en la medida de lo posible, incorporen la búsqueda de lo conjunto.
- Que sean simples y ágiles. La defensa requiere ser efectiva y eficiente y nada peor que estar llenos de procesos burocráticos que solo agregan colesterol al sistema.
- Que tengan los controles y auditorías independientes que todo proceso debe tener y que estén incluidos desde un comienzo.
- Que reconozcan que puede haber procesos de compras más simples y que no toda compra es compleja, al punto de requerir decretos supremos.
- Que idealmente las compras de sistemas de armas y equipamiento militar sean realizadas por los especialistas en la materia. Son compras muy técnicas, que requieren de una experticia que no se encuentra en unidades especializadas de compras. Las compras de las Fuerzas Armadas son altamente tecnológicas y de una especialización que demora años en formarse y nada mejor que sean las mismas instituciones las que definan qué necesitan, para cumplir las definiciones estratégicas que las políticas de defensa y militar establecen para los distintos ámbitos.
- Que permitan ser mejorados sin que se tenga que presentar un proyecto de ley.
- Que tengan un gobierno corporativo que sea el responsable final de la correcta gestión de los procesos de compra.
- Que el gobierno corporativo tenga miembros externos designados por Alta Administración Pública. Eso permitiría no solo eliminar posibles conflictos de interés que puedan tener los miembros designados por Defensa, sino además traer expertos en materias de compras y/o en temas militares.
- Que tenga lógica, de modo de que no se pidan cosas como la devolución de los fondos no usados al 31 de diciembre si es que el proyecto u obra en cuestión aún no se ha finalizado.
- Que tenga la flexibilidad necesaria para reconocer que las amenazas modernas no preguntan antes si uno está de acuerdo. Se dejan caer y que a uno lo pillen confesado. Estamos hablando de la Defensa Nacional, una actividad en donde no me cansaré de decir que primero está la efectividad y después la eficiencia. En las guerras y conflictos no hay premios para los segundos lugares.
Lo que sigue entonces es entender si la propuesta de Fuentes y Osorio de una agencia externa de compras dependiente del Ministerio de Defensa agrega o no valor. En lo político, suena como una idea seductora para quienes les quieren sacar ámbitos de decisión a las instituciones y que estas sean tomadas solo por civiles. Respecto de ello mis comentarios son:
-El que sea una agencia pseudoindependiente per se no asegura menos fallas de control o una mayor transparencia.
-Tiene la debilidad de que más bien aumenta y no disminuye el costo de las adquisiciones, ya que estas por ser muy especializadas, igual van a requerir la concurrencia de quienes vayan a operar y mantener los sistemas y plataformas.
-No existe un pool de talentos civiles especialistas en compras de sistemas de armas en Chile.
-Incorpora más burocracia y menos eficiencia al proceso de compras.
Y en lo que respecta al control civil y democrático, yo esperaría un rol más activo por parte de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado en la supervisión del proceso, como también en entender la política de defensa y la política militar, ya que son ellos los que deben realizar dicha función y no delegar en terceros. También esperaría que la Contraloría General de la República tenga equipos especializados en materias de defensa y sea una organización que, en esta materia, genere confianza pública.
Al final del día y entendiendo que la función de defensa es 24/7, recomiendo focalizarse en procesos lógicos y bien diseñados, efectivos, eficientes, bien controlados y con un esquema de gobierno corporativo que agregue valor. El resto es música y política.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Mostrador
