El Líbero, 19 de febrero 2022
Seguridad. Ese contexto de paz que nos permite desarrollarnos sin miedos pareciera estar en duda. Desde octubre del año pasado rige un estado de emergencia en la Macrozona Sur y esta semana se ha decretado otro para el norte. Por motivos muy distintos, la población de ambos extremos de Chile no siente esa seguridad y demanda que el Estado la provea.
En La Araucanía el problema se arrastra desde 1990. La primera toma de un fundo evolucionó, a lo largo de los años, en la conformación de grupos radicales que hacen de la plantación de marihuana y del robo de madera su financiamiento. Las reclamaciones ancestrales han dado paso a violencia ejercida por orgánicas que dicen estar en lucha contra el Estado.
En el norte la situación es más reciente. La inmigración ilegal masiva, el aumento de la delincuencia y la llegada de delitos como la extorsión y los homicidios han dificultado el desarrollado de una población que busca bienestar.
Los camioneros han sido protagonistas en ambos extremos del país. En uno, la quema de sus vehículos y los robos de camiones cargados con madera los ha dejado en una situación de vulnerabilidad que varias veces los llevó hasta La Moneda. En el otro, el fin de semana pasado, fuimos testigos de cómo cortaron la ruta 5 norte y obligaron al aeropuerto de Iquique a suspender los vuelos. Esta vez el problema eran los asaltos que sufrían en la autopista de parte de los extranjeros que se trasladaban a pie por ella, y la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato de Byron Castillo, cuyo cuerpo fue lanzado de un paso sobre nivel en Antofagasta.
La demanda de ambos extremos era la misma: seguridad. La respuesta, también la misma: estado de emergencia. Militares y policías realizan patrullajes conjuntos con el objetivo de restaurar la paz. Sin embargo, es importante conocer la preparación y fines que tienen cada una de esas instituciones. Las Fuerzas Armadas, entrenadas para defender la patria y preparadas para la guerra, reaccionan de manera muy distinta a las policías frente a situaciones de violencia. Éstas, más cercanas a la población, que las ve día a día en sus barrios, calles y carreteras, cuentan con una preparación y operativos muy diferentes. Ambos pueden complementarse en determinados escenarios. El compartir información e inteligencia es uno de ellos. Pero, no podemos esperar que los militares solucionen lo que el Estado no ha podido hacer.
Cuando los problemas son estructurales, los mowag y blackhawk no son suficientes. La seguridad en su sentido más amplio depende del Estado y requiere voluntad política de todos los sectores para avanzar en propuestas de largo plazo. Las policías y Fuerzas Armadas son agencias que pueden contribuir a esos planes, igual como tantas otras, pero no depende de ellas la solución.
Así como esta semana el gobierno reconoció que requiere más que un despliegue policial en la Macrozona Norte, lo mismo pasa en el sur. El estado de emergencia no puede normalizarse ni menos eternizarse. Los buenos resultados de La Araucanía sólo serán buenos si van acompañados de acciones concretas de cada uno de los poderes del Estado y el control de la migración ilegal será exitoso si se envían las señales precisas. Sin ellos, los despliegues conjuntos y toques de queda podrían terminar siendo soluciones parche que, así como una mala dieta, tengan un rebote de violencia porque faltó una respuesta integral a un problema para el que Chile no estaba preparado. Los militares y policías no van a solucionar en unos meses lo que no ha podido arreglar el Estado en años. Tenemos que aceptar que la problemática de seguridad cambió, nada de lo que hacíamos antes será suficiente ahora.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
