El problema de la Macrozona Sur es de seguridad, sí, pero también es político. Político en cuanto a que los actores involucrados buscan poder.
El Líbero
Perro que ladra no muerde, dice el dicho popular. Pero, en este caso ladra y muerde. Las amenazas que las orgánicas radicales de la Araucanía hacen desde diciembre pasado a quienes hoy están en el gobierno vienen acompañadas de un ingrediente fundamental: la disposición que esos grupos tienen para hacerlas realidad.
Hace más de seis meses que advertían que no importaba quien gobierne, “no parará ni con Piñera ni con Boric”. Iban a izar la bandera de lucha y avanzar en lo que llamaron la “liberación del Wallmapu”. Esta semana, se votó en el Congreso una prórroga al Estado de Emergencia acotado que rige en la Macrozona Sur y, ante la posibilidad de su extensión, los grupos radicales desarrollaron un ataque coordinado con el que demostraron su nivel de organización y una nueva disposición a concretar las amenazas. No le temen al Estado y la violencia se ha consolidado como herramienta de presión.
Nueve interrupciones en total. Cortaron puntos de la ruta 5 Sur y caminos intercomunales. Bloquearon el paso con árboles y además incendiaron diversos vehículos en Curacautín y Malleco. No se trató de un ataque cualquiera; el hecho de que se concentrara en el bloqueo de rutas representa una actitud desafiante que busca saber hasta dónde pueden llegar antes de que el gobierno deje de lado las aproximaciones de diálogo y decida usar la fuerza para responder a un problema de seguridad que se ha intensificado en los últimos años.
Asegurar el libre tránsito y las rutas fue la razón que se argumentó para la aplicación del Estado de Emergencia. Justamente el objetivo de los ataques de esta semana. Demostrar que “se puede”, desafiar al Estado y ver hasta dónde pueden llegar serían algunas de las explicaciones que estarían detrás de lo sucedido.
El problema de la Macrozona Sur es de seguridad, sí, pero también es político. Político en cuanto a que los actores involucrados buscan poder. Por un lado, quienes se dedican a las actividades ilegales en la zona están tratando de asegurarlo, mientras que el Estado pierde un poquito tras cada ataque.
A fines de los 90 y principios de los 2000 la CAM hablaba del Estado-Nación Mapuche; hoy se refieren al Wallmapu. En otras palabras, definir un territorio donde ejercer ese poder. El Estado se ubica en la otra vereda, los violentistas se declaran en contra de este, y el hecho de que el Presidente Boric se refiera al “conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche” sólo profundiza más el problema.
Hay que empezar por dejar de hablar de “conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche”. ¡El Estado no está en conflicto! Y seguir por reconocer que una zona del país se encuentra sufriendo las consecuencias de actos terroristas. Acotado o no, el Estado de Emergencia debe estar acompañado de realidad y nuestras autoridades deben ser capaces de asumir lo que significa que militares estén desplegados en territorio nacional. Estamos entrampados en un gallito de poder entre orgánicas radicales y el gobierno. El éxito de este último dependerá de si quieren o no asumir las consecuencias de una respuesta que requiere alejarse del tinte ideológico, usar la fuerza y diseñar una estrategia de largo plazo para una zona tremendamente afectada por la violencia.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
