Geografías del crimen organizado en Latinoamérica

El fenómeno del crimen organizado transnacional está empezando a tomar un lugar cada vez más importante dentro de la agenda política, los medios de comunicación y las preocupaciones de los ciudadanos de Chile[1]. De hecho, las autoridades nacionales ya dieron a conocer la presencia de tres peligrosas bandas en nuestro país, Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, y el Tren de Aragua^[2], lo que obliga a saber más sobre el funcionamiento de estos grupos y su alcance.

Se estima que gracias a las aperturas de las economías, las nuevas tecnologías, las conexiones entre las distintas sociedades (todos efectos de la globalización) y las debilidades institucionales crónicas de los Estados latinoamericanos, estos grupos criminales han proliferado y logrado expandir sus negocios ilícitos con inusitada fuerza dentro y fuera de la región.

Hoy se podría afirmar que estamos ante verdaderas “multinacionales” del crimen organizado, que amplían su presencia por medio de la instalación de filiales propias en diversos países o a través del establecimiento de redes con grupos criminales locales. Su gran poder de fuego y predisposición al empleo de altos niveles de violencia son clave para conquistar mercados que les permitan aumentar sus ganancias económicas, inclusive sorteando la mayor vigilancia fronteriza producto del Covid-19.

En el caso de las nuevas tecnologías, ellas proveen herramientas más sofisticadas al crimen organizado para cometer sus delitos (por ejemplo, optimizando la distribución de droga por medio de la georeferenciación) o ampliar los mismos hacia el ciberespacio (fraude electrónico, clonación de cuentas, etc). En no pocas ocasiones estas organizaciones parecen más rápidas y flexibles que las autoridades para adaptarse al entorno, como ocurrió con la pandemia.

Lo anterior, se suma a la falta de presencia efectiva de los Estados al interior de sus territorios, como en sectores fronterizos estratégicos. Y si se agrega la corrupción rampante y la falta de reformas de policías y agencias de inteligencia, todo incide en la expansión de estas agrupaciones criminales por toda Latinoamérica.

La experiencia demuestra que una institucionalidad política deficiente o frágil es conveniente para el crimen organizado, inclusive mucho más que la ausencia total de la misma^[3]. Si el Estado no puede aplicar la ley y ser garante del bienestar colectivo, entonces estos grupos ocuparán el espacio, buscando un dominio selectivo sobre rutas de acceso, actividades económicas y control de la seguridad, pero siempre manteniendo los servicios básicos para la gente. La dicotomía entre Estados desorganizados y grupos organizados salta a la vista.

Como sostiene Ioan Grillo en “Caudillos del crimen” (2016), es incómodo para los gobiernos reconocer que las pandillas o cárteles amenazan la naturaleza del Estado, al desafiar su monopolio sobre la violencia y la impartición de justicia, pero quienes aceptan convivir con estos grupos, en el fondo, no le reconocen legitimidad. Por eso, el mismo autor argumenta que los grupos criminales son más bien poderes en las sombras que dominios reales, puesto que necesitan de un gobierno débil y corrupto del cual puedan parasitar.

Todo lo anterior ayuda a entender la crisis de seguridad que está atravesando la principal región productora de cocaína del mundo, al punto de que suma más del 30% de los homicidios a nivel global (unos 140.000 en promedio anual), pero tiene 8% de la población del planeta. El Banco Interamericano de Desarrollo, a su vez, ha cifrado el costo de la violencia en unos US$260.000 millones o 3,5% del PIB regional, en datos anteriores a la pandemia.

A pesar de vivir un contexto de inestabilidad política, estancamiento económico y descontento social, hoy se impone la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada por parte de los Estados de América ante grupos criminales transnacionales. No será fácil, porque se deben alcanzar, al mismo tiempo, la voluntad política de lucha frontal contra el crimen organizado, consensos sobre ciertos delitos, identificar rutas del dinero sucio, combatir la corrupción e incrementar la cooperación interagencial e internacional. El problema es que no hay muchas otras opciones.

Katherine Caesar y Daniela Ruminot

30 de junio de 2022

[1] AthenaLab-IPSOS. Tercera Encuesta de Percepciones sobre Política Exterior y Seguridad. Mayo 2022. Disponible en: https://www.athenalab.org/informe-tercera-encuesta-de-percepciones-sobre-politica-exterior-y-seguridad-athenalab-ipsos/

^[2] Biobío Chile.(26 junio de 2022). Monsalve advierte la presencia en Chile de tres de las más peligrosas bandas criminales del mundo. Recuperado de: https://www.biobiochile.cl/especial/el-narco-en-chile/noticias/2022/06/26/monsalve-advierte-presencia-en-chile-de-tres-de-las-mas-peligrosas-bandas-criminales-del-mundo.shtml

^[3] Lizana, P. (2022). Economías Ilegales: Factores que facilitan el accionar del crimen organizado en Chile. pag 11.