ANÁLISIS | Agenda de seguridad: ¿Qué tan rápido avanza el fast track?

Cumplido el segundo plazo de 150 días para la tramitación de los proyectos de ley en materias de seguridad, vale la pena revisar qué tan rápido avanza la discusión parlamentaria y, de aprobarse todos los proyectos, qué significaría para Chile.

Se puede afirmar que necesidad de avanzar en materia de seguridad derivó de un proceso “bottom up”[1], donde la ciudadanía poco a poco comenzó a presionar por medidas concretas que combatieran la delincuencia y la nueva criminalidad que crecía rápidamente a lo largo del país.

La encuesta Criteria de marzo de este año mostró que la principal preocupación de las personas era combatir la delincuencia y narcotráfico (49%), seguido de la necesidad de controlar la inmigración (34%). Además, al revisar la percepción de los chilenos sobre los problemas de seguridad, el 58% afirmó que nos encontramos en condiciones de alta o extrema violencia y un 32% consideraba que vivíamos con bastante violencia. Con respecto a las formas en que se manifiesta esa violencia, la asociada a la delincuencia y la seguridad ciudadana ocupó el primer lugar, con un 56%, seguida por la relacionada al narcotráfico (43%) y la relativa al crimen organizado (40%)^[2].

En ese contexto, el punto de inflexión lo marcó el asesinato del cabo primero Daniel Palma en un procedimiento en el centro de Santiago. Antes habían sido asesinados la sargento Rita Olivares, en Quilpué, y el cabo primero Álex Salazar, en Concepción, respectivamente. Tres carabineros muertos en 23 días obligaron al gobierno a aprobar la Ley Naín-Retamal y a cambiar por completo sus aspiraciones programáticas que no tenían la seguridad pública como prioridad.

Así, el 14 de abril pasado, los presidentes del Senado y la Cámara, Juan Antonio Coloma y Vlado Mirosevic, respectivamente, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, acordaron adelantar y acelerar una agenda de seguridad, o fast track, que priorizó 31 proyectos en total. De ellos, tres tenían un plazo acotado para los “próximos días”[3]; trece, 75 días[4], y siete, 150 días[5], quedando para fin de año otros siete[6]. Sin embargo, cumplido los 150 días, sólo ocho han sido publicados en el Diario Oficial[7]. 

Construida sobre tres pilares, la agenda de seguridad tendería a actualizar la estructura de seguridad pública para el país. Sobre ello, la ministra del Interior precisó que “algunos (proyectos) están centrados en fortalecer las instituciones; esa es una parte muy importante, porque necesitamos que el Estado esté mejor preparado con instituciones más modernas y más robustas para enfrentar el crimen violento. Otros proyectos están destinados a mejorar la eficacia de la persecución penal, encontrando a los responsables de los delitos, haciendo valer y cumplir las condenas. Existe un tercer tipo de proyectos que está destinado a fortalecer nuestras capacidades de prevenir los delitos, de generar condiciones para que ellos no sucedan”^[8].

En la base del proceso se ubica el mayor desafío: alcanzar acuerdos políticos. Sobre ello se construyen los tres pilares mencionados por la ministra y que pueden resumirse de la siguiente manera: (i) Crear institucionalidad, (ii) Modernizar delitos y (iii) Mejorar procedimientos, los que a su vez sostienen la estructura de seguridad que, de ser exitosa la negociación política, dotaría a Chile de una columna vertebral para el combate contra las amenazas de seguridad, generando sinergias entre las distintas instituciones, coordinando el trabajo de las agencias e imprimiendo mayor flexibilidad y adaptabilidad a la respuesta del Estado.

1. Sobre los proyectos con 75 días de plazo

Sólo cinco proyectos se han publicado como ley en el Diario Oficial: Aquel que sanciona daños en el transporte público; el que modifica la Ley de Migraciones; el que cambia el llamado a servicio de Carabineros; el que rectifica la Ley de Tránsito respecto de la venta de vehículos motorizados, y el que tipifica la tenencia de elementos tecnológicos.

De los proyectos ya publicados, tres de ellos modifican tipos penales, mientras que los otros dos mejoran o crean procedimientos.

En esta categoría, se encuentra un solo proyecto que crea institucionalidad, la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Este proyecto en particular es de gran importancia en un contexto donde el ciberespacio es un lugar que facilita el actuar del delito organizado. Permite, entre otras cosas, organizarse, comunicarse de manera segura, lavar activos y comprar y vender bienes ilegales.

En ese sentido, contar con una institucionalidad que se aboque a ese ámbito, contribuiría de manera importante a la prevención.

De los proyectos no publicados, es importante mencionar el relativo al delito de usurpaciones. Su atraso ha estado asociado a la discusión política sobre la legítima defensa privilegiada, la que, por ejemplo, puede ser usada por el dueño de un terreno. En ese sentido, la ministra del Interior afirmó que “lo más importante es regular de una forma razonable la legítima defensa, para que no se transforme en ‘ley de la selva’, que es, de alguna manera, lo que este proyecto habilitó”[9].

El problema asociado a la presentación del veto por parte del Ejecutivo tiene que ver con la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, lo que parece ser difícil, sobre todo después de que la ministra afirmara que “no podemos asegurar que haya cien por ciento de acuerdo, porque ya no hubo nada de acuerdo”[10].

Estado de los proyectos

• Sobre los proyectos con 150 días de plazo

Ninguno de los ocho proyectos definidos para el plazo mencionado han sido publicados. Además, cabe destacar que aquel que obliga a iniciar actividades a quienes se dedican al comercio exterior ha sido incorporado dentro del proyecto sobre inteligencia financiera; iniciativa que busca mejorar la persecución de patrimonio. Asimismo, el que permite al Ministerio Público iniciar investigaciones en algunos casos de contrabando se incluyó en el proyecto que incorpora en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional. Es decir, deja a esta categoría con seis proyectos.

De eso seis, tres se enmarcan en el pilar destinado a crear institucionalidad, mientras que los otros tres mejoran o crean procedimientos. Con respecto a los primeros tres, es importante mencionar que tanto el nuevo Ministerio de Seguridad Pública como el sistema de inteligencia son pasos importantes en materia de seguridad; sin embargo, es necesario realizar algunas precisiones.

En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, se busca que sea un ente coordinador de la labor de seguridad, incorporando aspectos relevantes de ésta, como lo son el crimen organizado, la delincuencia y las fronteras, entre otros. Además, contiene una sólida área de análisis.

Esta nueva institución pareciera ser bastante robusta; sin embargo, el sólo hecho de trasladar las subsecretarías de Seguridad y Prevención del Delito al nuevo ministerio no basta. Una agencia estatal de este nivel requiere mucho más que el traslado de servicios. Más bien, debería considerar un aspecto de reclutamiento que le permitiera contar con personal actualizado y formado en materias de seguridad, con el fin de poder realizar todo el análisis y estudio que el proyecto propone. Además, debe contar con el poder para generar una coordinación efectiva, no basta con definir que debe coordinar. Es decir, si no se le entrega el poder para hacerlo, la coordinación no será exitosa.

Asimismo, el sistema de inteligencia también presenta una discusión relevante y se enmarca dentro de la necesidad de coordinación que plantea el proyecto anterior. Contar con información es relevante para la comprensión del fenómeno y el desarrollo de respuestas rápidas. En este sentido, es importante sincerar las capacidades actuales de inteligencia para proponer una agencia nacional que esté a la altura de los desafíos.

Estado de los proyectos

• Consideraciones finales

Definitivamente, la seguridad sigue siendo una prioridad para los chilenos. En una encuesta realizada en Chile por la Universidad San Sebastián, en agosto de este año, los encuestados afirmaron que la delincuencia ha aumentado en el país (73,8%) y que se incrementará en los próximos seis meses (70,2%)[11]. El temor se mantiene en niveles muy altos y, según el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC y Verisure, el 26,9% dice que siempre o casi siempre escucha balaceras en su barrio[12].

En ese contexto, el fast track legislativo por la seguridad es de vital importancia para abordar las urgencias ciudadanas y modernizar la manera en que el Estado se enfrenta a un nuevo tipo de delincuencia. Sin embargo, el que sólo se haya publicado el 25% de los proyectos de ley genera la percepción de que la agenda legislativa avanza lenta.

La discusión política en torno a estos proyectos evidencia las dificultades que algunos sectores oficialistas tienen en esta materia. En ese sentido, el mayor desafío que debe sortear la agenda de seguridad es el político. Ciertamente, existe acuerdo en que se deben abordar los temas asociados a la delincuencia, el cómo hacerlo es lo que no queda claro.

En cuanto a la estructura que propone esta agenda, es relevante mencionar que la mera creación de instituciones y procedimientos no soluciona la problemática a enfrentar. Se requiere de organismos altamente flexibles y con una rápida capacidad de adaptación. Desde luego, replicar la manera de trabajo actual en nuevos ministerios y procedimientos sería contraproducente.

La estructura debe ser clara, simple y liviana, con equipos de trabajo móviles que respondan a los desafíos de manera permanente, con acciones rápidas para controlar la amenaza cuando ya se produjo y con la capacidad para prevenir que ello ocurra.

Por ahora se han producido avances importantes, como la aprobación de aquellos proyectos que permiten la persecución del crimen organizado y el patrimonio asociado a él. Sin embargo, falta camino por recorrer. El esfuerzo debe ser transversal y siempre mirando a la necesidad de cambiar la cultura de trabajo del Estado. Sin eso, los resultados serán mínimos.

Finalmente, los avances legislativos deben alinearse con los objetivos políticos y el pleno compromiso de hacer de la seguridad una política de Estado.

Pilar Lizana Toresano, investigadora de AthenaLab

Agustín Soto Gidi, colaborador de AthenaLab

28 de septiembre de 2023

Foto: France Presse

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[1] El proceso “bottom up” es aquel que nace desde las necesidades y urgencias de los individuos y escala progresivamente hacia el liderazgo político del Estado, quien diseña políticas públicas para responder a esas necesidades y urgencias.

[2] Criteria, “Agenda Criteria”, marzo de 2023, disponible en: https://www.criteria.cl/descargas/Agenda_Criteria_Marzo_2023-4cLg5.pdf

[3] Ley que sanciona los actos preparatorios de sicariato (boletín 15.559-07), ley de delitos económicos (boletín 13.204-07), modificación de la Ley 20.931 (boletín 15.270-07). Todos ellos publicados en el Diario Oficial entre abril y agosto de 2023.

[4] De los trece proyectos, cinco han sido publicados en el Diario Oficial, a saber: Ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad; modifica la Ley de Migraciones y Extranjería con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión; modifica la ley de llamado de servicio y contratación por resolución de Carabineros; modifica Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica; ley que tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.

[5] Ninguno ha sido publicado en el Diario Oficial.

[6] De los siete proyectos para despachar a fin de año, sólo uno ha sido publicado, a saber: Ley que autoriza al Ministerio Público y policías a solicitar el listado de pasajeros del transporte aéreo.

[7] Los proyectos de la agenda de seguridad han sido analizados desde la perspectiva de cuántos han sido publicados, pues para efectos prácticos, sin su publicación el proyecto no es ley y no comienza a aplicarse.

[8] Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “Poderes Ejecutivo y Legislativo acuerdan 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad”, 14 de abril de 2023, https://www.interior.gob.cl/noticias/2023/04/14/poderes-ejecutivo-y-legislativo-acuerdan-31-proyectos-prioritarios-en-materia-de-seguridad-prioridad/

[9] Radio Universidad de Chile, “Tohá confirma diálogo con distintos sectores por veto a ley de usurpaciones”, 24 de septiembre de 2023. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2023/09/24/toha-confirma-dialogo-con-distintos-sectores-por-veto-a-ley-de-usurpaciones/

[10] Ídem.

[11] Universidad San Sebastián, “Chile nos habla”, agosto de 2023. Disponible en: https://cdn.uss.cl/content/uploads/2023/09/14120101/230914-Encuesta-Chile-Nos-Habla_Seguridad.pdf?_gl=1*1jcck69*_gcl_au*MTExNTEzMzQzMy4xNjk1ODI1MTIz

[12] Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC y Verisure, “Barómetro de seguridad”, septiembre de 2023. Disponible en: https://www.verisure.cl/alarmas/pdf/Presentacion-David-Bravo.pdf