ANÁLISIS | Una revisión al “fast track” legislativo en seguridad pública

Foto: France Presse

El Gobierno del presidente Gabriel Boric propuso un “fast track” legislativo con 31 proyectos de ley (PDL) a ser despachados con distinta urgencia. Algunos en un lapso de 75 días, otros en 150 días y el último grupo antes de fin de año. Esta priorización responde a un contexto de seguridad que ha estado marcado el aumento de los homicidios y una serie de tiroteos en distintas áreas del país. Estos proyectos son un esfuerzo por responder y actuar en contra de la amenaza del crimen organizado. La más de una treintena de proyectos pueden ser agrupados en las siguientes categorías:

Desarrollo de institucionalidad (5)	Ley Marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información Crea el Ministerio de Seguridad Pública Fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado Crea Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas Creará la fiscalía supraterritorial y hará otros ajustes para la mayor eficacia de la persecución penal
Persecución de patrimonio de origen ilícito y efectos del delito (6)	Incluye en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional Ley de delitos económicos, que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómicoPDL que presentará el Ejecutivo que establece la obligatoriedad de iniciación de  actividades para personas que operan en el comercio exteriorPDL que presentará el Ejecutivo sobre Inteligencia financiera para perseguir el delito, capacidades especializadas del SII y Órganismos Aduaneros, levantamiento del secreto bancario para el caso de crimen organizado y creación de registro de beneficiario final.PDL que presentará el Ejecutivo para regular la enajenación de bienes incautados en decomisosPDL del Ejecutivo que modifica la ordenanza aduanera para aumentar prescripción del delito de contrabando de 3 a 5 años
Política criminal (5)	Ley que sanciona los actos preparatorios de sicariato Establece mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional Mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social PDL que presentará el Ejecutivo que permite que el Ministerio Público pueda iniciar investigación en ciertos delitos de contrabandoPDL del Ejecutivo para incorporar como criterio de prisión preventiva la existencia de detenciones múltiples
Migración (3)	Modificación de la ley N°20.931, para otorgar a Carabineros facultades para requerir documentación migratoria y poner a disposición de la autoridad contralora a quienes no pueda acreditar regularidad Modifica la Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión PDL que regula la habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas (hasta 10 kilómetros de la frontera) y establece un análisis previo de admisibilidad antes de ser reconocido como solicitante de refugio
Orden público (10)	Modifica las sanciones del delito de usurpación Sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad Modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica PDL que presentará el Ejecutivo para prohibir el porte de combustible en contexto de manifestaciónEstablece el deber de efectuar registro audiovisual de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penalReglas del uso de la fuerza en materias de orden y seguridad públicaPDL que presentará el Ejecutivo que fortalece el rol preventivo de delito de las municipalidadesPDL que autoriza al Ministerio Público y policías a solicitar listado pasajeros del transporte aéreo nacional PDL que presentará el Ejecutivo para modificar la ley de llamado de servicio y contratación por resolución de Carabineros Sobre seguridad privada
Política carcelaria (2)	Tipifica el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior PDL que presentará el Ejecutivo sobre simplificación de procedimientos para construir cárceles y fortalecimiento de la unidad de investigación criminal de Gendarmería

Revisado lo anterior, es relevante destacar ciertos aspectos en cuanto a la priorización propuesta por el Gobierno:

1. Considerando la naturaleza del fenómeno criminal actual, se requiere del desarrollo de una estructura orgánica de seguridad para enfrentarlo. En ese sentido, aquellos proyectos que permiten el desarrollo de institucionalidad son los que tendrán una mayor contribución en lo anterior, por lo tanto, no es posible que algunos de ellos estén listados para ser despachados durante los próximos 150 días, ya que deberían ser los primeros en debatirse. 
2. Si bien la intención de la propuesta busca enfatizar las medidas de persecución del patrimonio producto de una actividad ilícita, así como los mismos efectos del delito, pareciera ser que dicha intención queda relegada a una segunda prioridad con seis propuestas, en consecuencia no se estaría enmarcando en un debate legislativo que realmente busque normar y entregar herramientas para perseguir ese tipo de criminalidad.
3. En cuanto a la política criminal, se observan normas tanto para lidiar con delitos propios del crimen organizado (sicariato), con una fenomenología particular, como otras que buscan mejorar la acción judicial en materia de delincuencia común (delitos de mayor connotación social). En ese sentido, es importante que el debate esté dirigido a neutralizar las diversas naturalezas del fenómeno criminal según sus diferentes dimensiones y la profundidad de bien jurídico que afectan, con el fin de establecer prioridades.
4. El “fast track” legislativo queda al debe en materia de migración y política carcelaria. El descontrol del primero ha permitido construir un contexto privilegiado para el ingreso de la delincuencia organizada a Chile, mientras que el segundo carece de un diseño moderno que permita la rehabilitación, la reinserción y la separación de la población penal con el fin de evitar que se traspase conocimiento criminal, que se mantenga la organización de las bandas y que lo primerizos tengan una opción real de rehabilitación.
5. Si bien algo de esto último se plantea en los proyectos, es importante mencionar que ellos deben ir asociados a una política carcelaria que permita lo anterior y aborde la problemática actual de falta de espacio. En ese sentido, es menester mencionar también que, para asegurar el cumplimiento penas efectivas, se debe implementar mayor infraestructura carcelaria y reforzamiento efectivo al accionar de gendarmería.

Conclusiones

A la luz del análisis de los proyectos de ley, el Estado continúa estando en deuda, esto por contar con una arquitectura que no da respuesta eficiente a los actuales desafíos en materias de seguridad que han venido incrementándose desde al menos hace una década y el solo hecho de generar un debate legislativo al respecto no basta para presentar soluciones efectivas.

Una amenaza tan compleja como la derivada del crimen organizado transnacional requiere de una profunda modernización del Estado, así como de los procesos tanto penales como administrativos.

Para conseguir lo anterior se requiere de:

1. Generar institucionalidad especializada que lidere las estrategias y coordine las medidas de seguridad pública.
2. Incorporar una mirada sistemática a la hora de desarrollar la institucionalidad con el fin de avanzar hacia un trabajo interagencial efectivo. Asimismo, actualizar los procedimientos de coordinación y capacitación del Estado frente a esta amenaza.
3. Modernizar el proceso de formulación de leyes para responder a tiempo ante las nuevas fenomenologías criminales.
4. Contar con un Ministerio Público eficiente y eficaz, en cuanto a las herramientas procesales idóneas para perseguir nuevos delitos.
5. Continuar profundizando las medidas anticorrupción en todo el Estado con el fin de proteger a sus instituciones del poder de coaptación del dinero de origen ilícito.

Finalmente, lo anterior debe desarrollarse bajo un paraguas institucional derivado de una estructura de seguridad robusta. Será el poder del Estado expresado en una institucionalidad fuerte el que de sostenibilidad a las medidas específicas de combate contra el crimen y la delincuencia.

Pilar Lizana T., investigadora AthenaLab

21 de abril de 2023