El Líbero, 25 de agosto 2023
Las ocho orgánicas que interactúan en la Macrozona Sur han generado un escenario de conflicto donde las organizaciones criminales han desarrollado “empresas” ilícitas que se benefician de las necesidades de las personas, la explotación de materias primas y la ausencia del Estado.
En varias ocasiones el gobierno destacó la detención de Llaitul y cómo afectó las acciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero ese logro no hizo más que desencadenar un efecto dominó donde el espacio que dejaba la CAM iba a ser ocupado por otros, en este caso la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).
Los cuatro camiones quemados durante la madrugada del jueves son sólo la muestra de que el problema de la Macrozona Sur no tiene que ver con una orgánica en particular, sino que, más bien con el hecho de que la violencia rural expresada en actos terroristas debe ser enfrentada como una sola problemática donde los distintos actores buscan poder y control territorial, desarrollando una competencia entre ellos.
El famoso efecto globo, donde presionar en un lugar sólo hace que el aire transite hacia otro, es lo que se aprecia actualmente en el sur, y, a menos que el Estado esté diseñando una estrategia que enfrente la situación con una visión de conjunto y amparada en los objetivos país en materias de seguridad, el éxito estará lejos de llegar.
El Estado de Excepción se está transformando en normalidad, la sociedad civil se organiza para enfrentar a estos grupos y los gremios denuncian el impacto que la violencia tiene en sus industrias. Se está recurriendo a los militares como la respuesta universal a todos nuestros males, sin embargo, ni la excepción, ni las Fuerzas Armadas son la solución definitiva.
Poder y control, son los conceptos que están detrás de lo que pasa en el sur y, donde la manera de ejercerlos es a través de la violencia con el fin de quitárselos al Estado. Sacarlo del territorio para llevar a cabo objetivos políticos y delictuales es lo que está detrás de los atentados.
Son décadas de violencia en la zona, la que no ha hecho más que profundizarse generando un contexto de caos que sólo ha sido aprovechado por el crimen. Es hora de empezar a hablar sobre las lecciones aprendidas de años de enfrentar este problema, donde todos los actores estén sentados en la mesa y sean las víctimas las que se ubiquen en el centro de la discusión.
De no desarrollar un trabajo serio que considere la visión de todos difícilmente se avanzará hacia la paz. Dedicados al robo de madera, a la delincuencia común, o a utilizar la violencia como método de acción política, las ocho orgánicas que interactúan en la zona han generado un escenario de conflicto que ha transformado a esa parte de Chile en un área donde las organizaciones criminales han desarrollado “empresas” ilícitas que se benefician de las necesidades de las personas, la explotación de materias primas y la ausencia del Estado.
Fuerza y política deben unirse en una respuesta integral. El primero, para controlar el crimen y, apoyado por la justicia, detener, investigar y sancionar a todos quienes resulten responsables; y el segundo, para diseñar un camino que pueda devolver el desarrollo, la seguridad y el bienestar a esa parte del país.
Desarticular la violencia y restaurar el Estado de Derecho deberían ser los objetivos, los que no puede ser empañados con visiones ideológicas. La realidad es una sola y no puede esperar.
Pilar Lizana
Investigadora Athenalab
