Podríamos conformarnos con las explicaciones y aceptar, una vez más, que Alberto Fernández sencillamente se equivocó respecto a Chile. Como cuando era candidato y casi festinó con el estallido social de octubre, para luego comparar al presidente Sebastián Piñera con el dictador venezolano Nicolás Maduro. O ya, siendo mandatario de Argentina, al reunirse con dirigentes opositores chilenos vía videoconferencia, al intentar mostrar de forma recurrente que sus datos son mejores en el manejo de la pandemia y al nombrar como jefa de prensa de la Casa Rosada a la señora de Galvarino Apablaza, solicitado en extradición por el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Al menos esa es la actitud del lobby argentino en Chile, un grupo variopinto que se encarga de destacar las grandes sintonías entre los países por sobre las diferencias (lo cual es más o menos cierto como sociedades) e invocar una necesaria altura de miras en la relación bilateral (que parece escasear por el lado de Buenos Aires). Los mismos que apoyan a Argentina en su reclamación sobre las Malvinas/Falkland, quizás a la espera de que eso sirva para alimentar un clima de buena fe ante litigios limítrofes pendientes. Pero que evitan recordar que cuando Perú y Bolivia llevaron a Chile a las cortes internacionales, no hubo ningún apoyo con la misma claridad y contundencia del otro lado de los Andes.
Si queremos confirmar lo que a esta altura parece un creciente patrón de hostilidad, nada mejor que la presentación en marzo de un proyecto de ley, impulsado por el gobierno de Fernández, que busca cambiar los límites de Argentina para consolidar los supuestos derechos que se arroga sobre la plataforma continental, siguiendo las líneas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982). Aunque hay que reconocer que este es un tema que la Cancillería argentina viene trabajando de forma consistente hace una década.
En una decisión acertada, el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce el Canciller Teodoro Ribera envío una “nota diplomática” que rechaza la pretensión trasandina por tratarse de una declaración unilateral1. Pero no se detalla en la nota de prensa las implicancias soberanas de la maniobra argentina.
En el discurso de investidura ante al Congreso del 10 de diciembre de 2019, Fernández ya había advertido que su compromiso con la defensa de la soberanía argentina sobre las “islas Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina”, a la vez que anunció que iba a convocar a todas las fuerzas políticas para diseñar estrategias que ratifiquen esos reclamos.
Los antecedentes de que se disponían para intentar prever lo que haría el gobierno de Fernández en materia de política exterior, siempre estuvieron a la mano. Provenían de lo que fueron los gobiernos de los Kirchner (2003-2015), en los cuales colaboró el actual jefe de Estado y por el hecho de que la exmandataria Cristina Fernández es nada menos que su fórmula vicepresidencial.
A modo de recuerdo, Cristina Fernández adoptó políticas para restringir los vínculos entre las islas Malvinas/Falkland y Sudamérica, mediante el decreto 256/2010 que estableció “que todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa”. Esa medida en particular, contraria a la libertad de navegación, incidió en que se suspendiera el servicio de abastecimiento que un barco chileno prestaba de forma mensual entre Punta Arenas y Port Stanley.
También se recuerda que en esos años, el gobierno de Fernández de Kirchner barajó la idea de no autorizar el vuelo semanal de la aerolínea LAN entre Chile y las Malvinas/Falkland, iniciativa que no prosperó ya que tanto Londres como Santiago advirtieron que lo considerarían como un gesto extremo. A eso se puede sumar la presión diplomática que hubo para que buques británicos no emplearan astilleros chilenos, pese a que cuentan con las mismas líneas logísticas.
A Néstor Kirchner solo basta recordarlo por la grave decisión de cortar el suministro de gas a Chile, pese a los compromisos adquiridos, con lo cual se triplicaron las tarifas a nivel local, se restó crecimiento a la economía y se ensució la matriz energética con las termoeléctricas a carbón. Esa medida, por lo demás, iniciaría el retroceso de un clima de confianza mutua que demoró años o décadas en gestarse.
En cuanto a la pretensión argentina sobre la plataforma continental, esta reviste especial gravedad para Chile por sus implicancias geopolíticas. La plataforma continental extendida es un concepto complejo que tiene una interpretación legal y una de morfología física del terreno. Ambas acepciones están vigentes y coexisten en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). La reclamación argentina es una interpretación unilateral de la aplicación de las normas de la Convemar, pero que además pasa a llevar territorios actualmente bajo soberanía de Gran Bretaña y Chile y, además, interfiere con un tratado vigente al efectuar reclamaciones de soberanía al sur del paralelo 60°S, territorio regulado por el Tratado Antártico de 1959. Es tan grave para Chile, que la pretensión argentina bloquea la proyección de las líneas de base recta chilenas hacia el sudeste del punto “F” establecido en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En términos simples, impide la continuidad territorial de Chile en la natural proyección de la Región de Magallanes, desde el Cabo de Hornos y Diego Ramírez hasta el Polo Sur.
Esto ocurre en momentos en que el calentamiento global y el consecuente derretimiento de los hielos polares ha generado una nueva realidad geo y océano política en el Ártico, creando posibilidades de explotaciones mineras, de hidrocarburos y, sobre todo, abriendo nuevas rutas de navegación comercial
entre Asia, Europa y la costa este norteamericana. Lo que está ocurriendo en el Ártico se asoma como una imagen espejo en la Antártica y las presiones por acceso a los recursos de todo tipo existentes en el área, sólo tenderán a aumentar. Sin ir más lejos, basta recordar que el ciberespacio está físicamente en los fondos de los mares en los cables de fibra óptica que hacen posible internet y el traspaso de datos a nivel global que disfrutamos.
Chile no solamente llega tarde a defender sus derechos, sino que llega con poca visión respecto de las duras consecuencias que podríamos pagar. Argentina está actuando sobre la política de hechos consumados y podría cortar nuestra continuidad territorial hacia el Polo Sur. Nuevamente podríamos vernos enfrentados a una situación en que nada podemos ganar y la mejor de las situaciones sería perder un poco menos.
Deberíamos saber que agitar la bandera es un número seguro para cualquier gobierno trasandino que se encuentre con problemas internos y la posición de Fernández es compleja. No solo lidia con la pandemia, como todos, sino también con una enorme deuda ante entidades internacionales, alza desbocada del dólar y una alta inflación. Y un socio clave como lo es Brasil, en busca de acuerdos de libre comercio con otras economías, ha llamado a reorganizar el Mercosur en términos no compartidos por Buenos Aires.
Dicho lo anterior, corresponde enfatizar que el hecho de tener buenas relaciones con los vecinos no solo es deseable, sino esencialmente bueno porque incrementa las posibilidades de éxito de las partes en cualquier tarea que se propongan en conjunto. No hay duda de eso. Pero la pregunta que nadie quiere hacer es si Argentina hoy es un socio confiable para Chile. Algunos expertos dirán tradicionalmente que sí, aunque las actitudes prueben lo contrario.
No obstante, una reciente encuesta de IPSOS para AthenaLab justamente mostró que a la hora de calificar a los países en distintas categorías, los chilenos atribuían a Argentina en porcentajes similares la condición de “socio” (31%), país “neutral” (29%) o “competidor” (30%). Casi tercios exactos.
Una explicación a esta curiosa percepción puede apuntar a la falta de claridad que transmite el país vecino, debido a los vaivenes experimentados en la relación bilateral en las últimas dos décadas. Desde las tensas relaciones con los Kirchner (2003-2015), pasando a la cercanía buscada por Mauricio Macri (2015-2019), para llegar a la incómoda convivencia que se ha tenido con Fernández.
También podría a atribuirse a un diseño sofisticado de política exterior, donde desde Buenos Aires se administran distintos enfoques dependiendo de la coyuntura bilateral a tratar y se espera la reacción de Santiago. Parece más válida la primera interpretación.
Si algo se debe tener en cuenta en el manejo de las relaciones con Argentina es que los mejores resultados posibles (de los Pactos de Mayo de 1902 al Tratado de Paz y Amistad de 1984) se han obtenido cuando Chile ha actuado de buena fe, respetado sus compromisos y puesto al servicio de su posición todos los instrumentos de poder del Estado. En especial, si subsisten delimitaciones territoriales pendientes y conocemos nuevas pretensiones al respecto. Las cuerdas no están separadas. Y Fernández se está empeñando en tensarlas cada día en los solo cinco meses que lleva en el poder.
