Nada sirve si los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las penas y mantener el orden dentro de los recintos penitenciarios son parte del problema.
21 de junio de 2024, El Líbero
La cárcel es el último eslabón de la cadena de seguridad pública. Lugar para cumplir condena, pero también para inhibir el delito, pues nadie debiese querer ir a la cárcel. El problema es que esa función no se estaría cumpliendo en nuestro país. Se coordinan operaciones desde dentro de los penales, las comunicaciones entre grupos criminales se mantienen, el contagio criminógeno es un riesgo real y, quienes deben velar porque nada de eso pase hoy se encuentran involucrados en un caso de corrupción y tráfico de armas.
El primer fast track legislativo en materia de seguridad incluía un proyecto de ampliación y construcción de cárceles. Algo bastante necesario si se considera que Gendarmería ha informado un uso de la capacidad de 24 horas de 133%. Contar con más capacidad permitiría segregar a la población penal, cortar las redes de comunicación, aislar a los reos de mayor peligrosidad vinculados a grupos de crimen organizado y reducir el riesgo de contagio criminógeno. Sin embargo, nada de eso sirve si los encargados de fiscalizar el cumplimiento de las penas y mantener el orden dentro de los recintos penitenciarios son parte del problema. Tampoco de nada servirían todas las políticas públicas si es que jueces solicitan entregar identidad de testigos protegido y agentes encubiertos o autorizan videollamadas a reos altamente peligrosos.
El desafío penitenciario debe abordarse en su totalidad. Es decir, haciéndose cargo de la población penal que existe y cómo administrarla y, desarticulando la corrupción interna que se evidencia en Gendarmería y que ha quedado al descubierto en varias ocasiones.
La política de cárcel dura aplicada en Italia para enfrentar al crimen organizado dentro de los penales sin duda representa un caso de estudio relevante para avanzar en esta materia. Pero, antes es necesario revisar qué pasa con la Gendarmería. A diferencia de otras agencias de seguridad, ellos tienen la categoría de servicio público, no institución del Estado, tampoco son apolíticos ni no deliberantes. De hecho, deliberan bastante, lo que queda demostrado con cada huelga o protesta que realizan sus distintos sindicatos cuando una medida adoptada por la autoridad no les gusta.
Esto, no significa que está todo perdido y, más que desalentar, debiese llamar a la acción. ¿A qué acción? A revisar ese servicio, modernizarlo, elevar su categoría y generar medidas anticorrupción para evitar noticias desafortunadas como las de esta semana con respecto a la venta de armas.
Al igual que en otras materias relacionadas con la seguridad la tarea no es fácil, pero sin ella los resultados obtenidos de medidas de control de orden y combate contra el delito podrían no ser eficientes, pues el último eslabón de la cadena no estaría contribuyendo al resultado final deseado.
Una estrategia penitenciaria en Chile debiese fortalecer Gendarmería, eliminar la corrupción y desarticular el crimen organizado. El aumento de la capacidad penitenciaria ayuda a descomprimir, pero el desafío es mucho más profundo que el mero aumento de recintos.
Pilar Lizana
Investigadora Senior Athenalab
