El Mostrador, 9 de agosto 2021
Para lo que importa en el mar Austral Circumpolar y la Antártica, lejos han quedado aquellos años en que nuestro país debió someterse a una relación bilateral en la que Argentina permanentemente operó bajo la sombra de la amenaza del uso de la fuerza. Hoy Chile ya no es un país pequeño y aislado, inferior económica y militarmente, obligado a acomodar la defensa de su integridad a los dictámenes del más fuerte. Esos años han quedado definitivamente atrás. Por lo mismo, están dadas las condiciones para que, en el peor de los casos “de igual a igual”, Chile haga, de una vez por todas, valer sus derechos en “el sur más lejano del mundo”. Para esto, entendemos, el Gobierno y la Cancillería ya han dado una primera señal de la voluntad política que para los efectos se requiere.
La prensa argentina y la prensa nacional han destacado el impasse causado por una reciente nota diplomática chilena, en la que se han hecho presentes una serie de precisiones jurídicas y geográficas, útiles para el correcto “deber ser” de la relación bilateral en lo que atañe a los espacios geográficos en el Estrecho de Magallanes, el Mar Austral Chileno y la Antártica.
La citada nota diplomática reacciona ante lo señalado en la “Directiva de Política de Defensa Nacional” argentina, aprobada a mediados de julio último, en la que el gobierno de Buenos Aires afirma que, en el contexto de la relación bilateral, correspondería –nada más ni nada menos– que “continuar fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (sic), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”.
Al Gobierno chileno no le ha quedado otra opción que recordar a su par argentino que, primero, conforme a lo pactado en 1881, el Estrecho de Magallanes es en su integridad territorio chileno y, segundo, que en relación a lo que ahora denomina “Mar de Hoces” (en realidad los espacios marítimos al sur del Canal Beagle y el Cabo de Hornos), el control chileno del mismo se ejerce conforme a lo establecido tanto en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 como en las cláusulas respectivas del Derecho Internacional del Mar.
La nota chilena también cuestiona las restricciones unilaterales impuestas por Argentina a la navegación internacional (naves procedentes de los archipiélagos del Atlántico Sur administrados por el Reino Unido), a la vez que insiste en que le resultan “inoponibles” las pretensiones de nuestros vecinos sobre, primero, la plataforma continental extendida del Territorio Chileno Antártico y, segundo e importante, sobre un territorio submarino situado al sureste de las islas del cabo de Hornos y Diego Ramírez, en el cual, conforme al Derecho Internacional vigente, preexisten claros derechos chilenos.
Si bien es cierto que, por una parte y ex profeso, Argentina ignoró esta circunstancia evidente, por otra también es cierto admitir que –ante el organismo internacional competente– Chile no observó que dicha pretensión argentina no solo lesionaba su integridad territorial, sino que importaba también la extensión unilateral de la frontera común vía una interpretación igualmente unilateral de los alcances del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Como lo ha observado Clarín de Buenos Aires, hasta que en mayo de 2020 el entonces canciller Teodoro Ribera tomara cartas en el asunto, “la cancillería chilena no advirtió que los argentinos estaban presentando esa carpeta como tal en Naciones Unidas desde 2009”. Efectivamente, hasta el fin del Gobierno Bachelet 2, nuestro país se apegó a la tesis de la “importancia ninguna” para entender el desafío derivado de la interpretación argentina del Derecho del Mar, ilustrada en su ya bien conocido mapa de plataforma continental de 2009.
La prioridad que este tema tiene ahora en la agenda del canciller Andrés Allamand debería permitir profundizar el giro político iniciado en 2020. Esto, para asegurar la consistencia de la defensa de nuestra integridad territorial austral conforme a una tradición que, en época reciente, se proyecta desde el gobierno del Frente Popular del Presidente Aguirre Cerda al gobierno del Presidente Allende y, desde este, al gobierno militar, bajo cuya conducción nuestro país mantuvo la calma para concluir exitosamente el proceso de la Mediación Papal. Antes que eso, durante la crisis de los años 1977-79 provocada por Argentina, incluso chilenos afectados por el exilio político estuvieron dispuestos a sumarse a la defensa de nuestra soberanía austral.
Lo anterior, porque se trata de un “tema de Estado”, ergo, de una cuestión que afecta y debe importar a todos los ciudadanos. Resulta, por lo mismo, esperanzador que la Cancillería, bajo la conducción del ministro Allamand, reaccionara con la presteza y firmeza que acusa la prensa argentina.
En perspectiva –y con ánimo única y exclusivamente constructivo–, solo valga anotar que, para Chile, las pretensiones que revela la Política de Defensa Nacional Argentina de 2021 no son novedosas. No lo son en tanto aspiran a “compartir” el control del Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle, al igual que “compartir” el control de, al menos en parte, el Mar Austral chileno.
Es esto último lo que persiguen tanto la citada Política de Defensa como la pretensión de plataforma continental en el área adyacente a lo pactado en el TPA. En ambos casos el resultado es la antigua pretensión geopolítica del “principio bioceánico”, esto es, que, aunque no existe evidencia ni oceanográfica ni geológica, en el meridiano del Cabo de Hornos se verifica la división entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Al igual que el “trazado alternativo” del Canal Beagle, que dejaba a las islas Picton, Nueva y Lennox no “al sur”, sino que “al Este” del Canal Beagle, toda una invención.
Es este mismo detalle político el que convierte en prioridad a la cuestión de la “medialuna” de cerca 9.000 km2 de plataforma continental pretendida por Argentina en el altamente estratégico sector adyacente al Punto F. Con las herramientas del Derecho Internacional del Mar y de las ciencias aplicadas del siglo XXI, Chile tiene la oportunidad para, empíricamente, demostrar que dicho sector no solo forma parte de la continuidad entre nuestros territorios sudamericanos y polares, sino que es un elemento distintivo de la continuidad del Mar Austral Chileno (componente americano del Mar Austral Circumpolar descrito desde épocas antiguas por la cartobibliografía mundial). Ese sector no está unido al territorio argentino, pues es parte de la placa tectónica de la Antártica y de la dinámica de la Corriente Circumpolar Antártica, que se extienden al Este y al Oeste del meridiano del Cabo de Hornos, mucho más allá de cualquier proyección argentina.
Con igual optimismo debe recibirse el hecho de que –como todo indica– en esta gestión el canciller Allamand se haya hecho asesorar por la Dirección General de Política Exterior, esto es, por la diplomacia que por vocación, formación y experiencia es, efectivamente, profesional. Es esa la diplomacia encargada de poner a disposición del ministro y del Gobierno un análisis de conjunto y prospectivo para que, como esperamos, el interés superior de Chile esté convenientemente asegurado.
Para lo que importa en el mar Austral Circumpolar y la Antártica, lejos han quedado aquellos años en que nuestro país debió someterse a una relación bilateral en la que Argentina permanentemente operó bajo la sombra de la amenaza del uso de la fuerza. Hoy Chile ya no es un país pequeño y aislado, inferior económica y militarmente, obligado a acomodar la defensa de su integridad a los dictámenes del más fuerte. Esos años han quedado definitivamente atrás. Por lo mismo, están dadas las condiciones para que, en el peor de los casos “de igual a igual”, Chile haga, de una vez por todas, valer sus derechos en “el sur más lejano del mundo”. Para esto, entendemos, el Gobierno y la Cancillería ya han dado una primera señal de la voluntad política que para los efectos se requiere.
Jorge G. Guzmán y Richard Kouyoumdjian
