Chile se encuentra en pleno desarrollo de un programa de reforma Constitucional sin precedentes. Pero, ¿puede este proceso asegurar el futuro político y económico del país, o se verá obstaculizado por demandas en competencia?
El denominado proceso de reforma constitucional, actualmente en desarrollo en el país encuentra sus orígenes —más inmediatos— en el estallido social producido en el país, en octubre de 2019. Los imprevisibles disturbios y protestas que estallaron en octubre de 2019 no tienen precedentes de magnitud en las últimas tres décadas en Chile. Dichas manifestaciones de descontento ciudadano, se extendieron desde Santiago a varias de las principales ciudades del país, dejando un saldo de destrucción de bienes públicos y privados, así como de incertidumbre sobre el grado de cohesión real de la sociedad chilena.
Un análisis inicial del fenómeno, permite afirmar que dicho estallido fue el resultado de tres crisis que se potenciaron entre sí: La primera, es una “crisis del estado de derecho”, originada en la acumulación de permisividad durante las últimas décadas, ante el actuar de diferentes grupos que han desafiado dicho estado de derecho, sin recibir sanción judicial. La segunda, es una “crisis de gobernabilidad e institucionalidad”, que se ha visto reflejada por la desconfianza hacia las principales organizaciones republicanas y sociales del país, así como hacia las reglas del juego. Y la tercera, es una “crisis de representatividad”, expresada en la percepción de una democracia que es vista como horizontal y elitista, por no responder de forma efectiva a las demandas y expectativas de la ciudadanía.
Dicho estallido de octubre del 2019 provocó una reacción política casi inmediata. A menos de un mes de dicho estallido, las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional acordaron un mecanismo para reemplazar la actual Constitución Política que pese a sus múltiples modificaciones y enmiendas desde 1980, continuaba asociándose al régimen militar y que adicionalmente —como cuerpo regulador de los poderes del Estado— no era la solución a las urgentes demandas sociales planteadas, cuya solución son materias propias de iniciativas en el ámbito legislativo.
En consecuencia, el poder ejecutivo como una forma de palear o contener el estallido social y sus demandas negoció un itinerario que —a la fecha— ha permitido materializar las siguientes fases:
- Plebiscito de entrada para consultar por la modificación a la constitución como apruebo, o la opción rechazo a dicha modificación. Este plebiscito fue realizado el domingo 25 de octubre de 2020, con un resultado de un 78% para la opción que favoreció el apruebo, frente a un 21% que se inclinó por el rechazo. En esta consulta votaron siete millones, 459 mil personas, que es la mitad del padrón electoral chileno.
- Elecciones para escoger a los miembros de la Comisión Constituyente. Este proceso fue realizado durante los días 14 y 15 de Mayo de 2021, luego de diversas postergaciones motivadas por las limitaciones impuestas por el COVID-19. Este proceso eleccionario tuvo como objetivo la elección de los 155 constituyentes. De ellos 124 candidatos, que representaron un 80% del total, fueron elegidos con menos de un 10% de las preferencias. Para los 155 cupos compitieron 1.373 candidatos a nivel nacional. Llama la atención en este proceso la elección de un gran número de candidatos independientes, que se interpretó como un abierto y claro rechazo a los partidos políticos tradicionales. El resultado final, fue de 48 escaños para los independientes; la lista “Apruebo Dignidad” (partidos extrema izquierda) con 28 escaños; la lista del “Apruebo” con 25 escaños (partidos de centro izquierda); la lista “Vamos por Chile” (partidos de derecha) con 37 escaños; y 17 cupos adicionales, para pueblos indígenas. Del total de 155 cupos, existió una condición de paridad en la cantidad de hombres y mujeres, considerando adicionalmente 17 escaños reservados para pueblos originarios.
Dicha Comisión tendrá el plazo de un año para redactar el texto, culminando el proceso con un plebiscito de salida, a efectuarse en el segundo semestre del año 2022, para que la ciudadanía se pronuncie respecto de aprobar o rechazar la nueva Carta Magna propuesta. Los acuerdos para la redacción del texto constitucional requerirán de un quórum de 2/3 de los constituyentes.
Se estima que el gran sector de independientes organizados, más los partidos políticos de izquierda buscaran postular cambios profundos en la cultura de la sociedad chilena. Chile como Estado independientes ha enfrentado diversos procesos constitucionales a lo largo de su historia, como en los últimos cien años los de 1822, 1823, 1828, 1833, 1925, 1980 por lo que en si —los ajustes constitucionales— no son un nuevo fenómeno. Sin embargo, lo que si es realmente una novedad —en el actual proceso en desarrollo— es una convención constituyente, que fue elegida el 16 de mayo, y que por su composición representa a una sociedad diversa, pero fortalecida por 40 años de crecimiento económico y de acceso a la educación superior, sin precedentes en toda la historia nacional. En otras palabras, este grupo constituyente representa el reemplazo de una élite que ha sufrido un fuerte desgaste de su prestigio y credibilidad en su proceso de conducción política y económica del país, desconectándose de las bases de una sociedad que en un nuevo escenario demandaba cambios y reconocimiento en forma urgente. Los primeros contenidos que han surgido en forma informal y a través de los medios de comunicación social por parte de los constituyentes ya elegidos, reflejan una gran variedad de intereses y tendencias relacionándose, entre otros con los siguientes temas: derechos sociales, ecología militante, pueblos originarios, igualdad de genero, feminismo, y diversas visiones económicas, entre otros temas.
Esta hetereogena realidad, en la que algunos temas debieran ser solo materia de ley, y no de un cuerpo Constitucional —que define las grandes reglas del juego en la sociedad— da cuenta que no será facil llegar a acuerdos consensuados de lo que efectivamente se quiere. En otras palabras, ¿cuáles serán las reglas del juego que nos regirán como país, qué tipo de país queremos?, para definir una visión de país y a partir de allí definir sus respectivos intereses y objetivos nacionales, orientando las políticas sectoriales subsidiarias. Con todo, el ejercicio de la discusión tendrá como objetivo un cuerpo constitucional que pueda ser viable y atractivo, para la que la inmensa mayoria de chilenos lo ratifique en el plebiscito de salida, para poder proyectarnos no solo a un mejor desarrollo económico, con la debida seguridad, sino que asegurando de paso la unidad y cohesión nacional, para una oprtima convivencia nacional. Dicho proceso político, contará con las garantias de seguridad, estabilidad e institucionalidad que el Estado debe proveer a través de sus fuerzas de orden y seguridad, así como las Fuerzas Armadas en los propios procesos electorales como seguridad de estos. No en vano, estas últimas instituciones, estan consideradas entre las más confiables, respetadas y valoradas del país, en las ecuestas de percepción ciudadana.
Finalmente, se estima que el proceso constitucional en marcha marcará los destinos de Chile y su sociedad, a lo menos por los próximos 50 años. Es de esperar que el animo y resultados de una nueva Carta Magna, este iluminado en función al marco constitucional, para enfrentar los actuales y futuros desafíos y no terminemos con un texto sesgado, prejuicioso que sea el producto de nuestros peores complejos y temores. Es una apuesta de la mayor relevancia para el futuro del país, así como para sus futuros lideres a cargo de la conducción política del país y su ciudadanía en la búsqueda de un mejor bienestar, para toda la sociedad, fortaleciendo de paso la unidad y cohesión nacional.
John Griffiths Spielman
Publicado originalmente en Royal United Services Institute (RUSI)
