Tres de los principales productores de cocaína a nivel mundial se encuentran en América Latina, lo cual ubica a la región en una posición central en las rutas de distribución de esta droga. A su vez, el poder que han adquirido algunas de las organizaciones criminales dedicadas a la producción, venta y exportación de narcóticos hacen que su actuar genere un impacto político, social y de seguridad considerable en una zona que reúne alrededor del 8% de la población mundial, pero que cuenta con el 33% de los homicidios globales.
Sin conflictos interestatales, Latinoamérica está por sobre África en cuanto a muertes violentas asociadas al crimen en un contexto donde el narcotráfico aparece como una amenaza a la seguridad nacional en algunos países, puesto que impacta directamente en el desarrollo y bienestar de la población.
Como amenaza transnacional, el narcotráfico ha sido bastante estudiado a nivel internacional: tipos de droga; cultivos ilícitos; división productiva entre países; hábitos de consumo; rutas de transporte; impacto económico en el sistema global y más. Sin embargo, aún falta por profundizar en lo que significa esta amenaza para Chile, en función de la penetración real que habría alcanzado a lo largo de los años en el país. Por ejemplo, estudios de la consultora Atisba, con información del Ministerio Público, establecen que “800 mil personas viven en Santiago en barrios afectados por el narcotráfico, y la cifra sube a un millón si sumamos Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y Talca”.
Desde que se inició la pandemia del coronavirus se ha incautado una gran cantidad de droga que circulaba por tierra o por mar, a pesar del cierre de fronteras decretado por motivos sanitarios, lo cual plantea un complejo escenario para las autoridades, debido a la capacidad adaptativa de las organizaciones criminales. Como Chile es vecino de dos de los principales productores de cocaína a nivel mundial (Perú y Bolivia) y tiene una ubicación privilegiada hacia el Pacífico, carreteras locales y cada vez más los puertos chilenos sirven a organizaciones del narcotráfico como canales de distribución nacional y global importantes.
También cuando se pensaba que Chile solo era un país de tránsito, se ha ido convirtiendo en uno de consumo, lo que explicaría las cifras del Senda, que al 2018 evidenciaban un crecimiento sostenido en la percepción sobre lo fácil que es adquirir drogas en zonas vulnerables. De modo, que esas divisiones conceptuales de la “industria del narcotráfico”, entre países productores, de tránsito y consumidores, siempre terminan por desvanecerse en la práctica.
En este contexto, la crisis social de fines de 2019 y la pandemia del coronavirus en 2020 han permitido, de alguna forma, visibilizar más aún el impacto de esta actividad criminal en la sociedad. Grandes decomisos de drogas en los puertos chilenos provenientes de México, ahora son seguidos de “ajustes de cuentas” a plena de luz del día, como una balacera que afectó a una multitud en Maipú que hacía compras navideñas. Entonces, se trata de una realidad que refleja un problema creciente de seguridad pública y que genera una gran preocupación en la ciudadanía. La encuesta “Percepciones sobre política exterior y seguridad nacional”, elaborada por AthenaLab-IPSOS, indicó que el 79% de los chilenos considera que el narcotráfico representa una “amenaza crucial o determinante para la seguridad nacional”.
La investigación sobre este fenómeno es de gran importancia para el desarrollo del país. Hoy la revisión del comportamiento del narcotráfico a través de las cifras de Policía de Investigaciones y Carabineros, así como de la información publicada por los medios de comunicación, entregan datos relevantes que enriquecen la discusión sobre la materia. ¿Pero cuánto ha penetrado el narcotráfico en Chile? Si al país se lo compara con otros de América Latina sin duda saldrá mejor parado, por cuál creemos que lo pertinente es compararlo con sí mismo y ver la evolución del fenómeno.
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