Pilar Lizana
El Líbero
Macrozona norte. Tres regiones conforman la puerta de entrada a Chile que hoy miramos con preocupación, pues su contexto de seguridad ha empeorado. Organizaciones dedicadas al secuestro y extorsión, narcotráfico y tráfico de personas son algunas de las actividades ilegales que se desarrollan en la zona que una vez alojó a las grandes salitreras y que hoy es el hogar de la gran minería del cobre. El mejor indicador, la tasa de homicidios. Las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota ostentan el primer y segundo lugar en cuanto a los asesinatos por cada 100.000 habitantes, con 9,7 y 6,3 respectivamente.
Los datos son del 2021, año en que todo el resto del país o disminuyó los homicidios o los mantuvo. Sólo en el norte se vio un aumento. Hoy, en lo que va del 2022 ya se habla de un incremento del 26% a nivel nacional, de que 6 de cada 10 asesinatos fue con arma de fuego y de la petición del Fiscal Nacional de intervenir la Macrozona norte.
¿Qué pasa en el norte? La tormenta perfecta. Una migración irregular descontrolada da pie para que los grupos dedicados al tráfico de personas se instalen en la zona y desde allí extiendan sus redes internacionales; la porosidad de la frontera y la falta de control generan un contexto ideal para el narcotráfico y el contrabando; y, en medio de toda la confusión, las organizaciones criminales llegan a nuestro territorio y se instalan en él. ¡Qué mejor ejemplo que los venezolanos del Tren de Aragua!
Muchos se preguntan hoy qué es lo que podemos hacer, pero la verdad es que esa pregunta habría que habérsela planteado hace al menos 5 años. Con nuestra conexión internacional, en algún momento la criminalidad tan característica de América Latina iba a llegar. Desde hace mucho más que eso que el narcotráfico internacional permeaba nuestras fronteras; entonces, era cuestión de tiempo que los vicios propios del crimen se instalaran en Chile.
Preocuparse de lo que debiésemos haber hecho no tiene sentido ahora. El problema es una realidad. He escuchado a algunos argumentar sobre el impacto del centralismo en esta materia. Algo de cierto hay en eso, pero la verdad es que la sola descentralización no viene a solucionar una problemática que requiere de una voluntad política nacional que potencie y entregue recursos a las agencias del Estado que se encuentran en ese territorio. Con “agencias del Estado” no sólo me refiero a las policías, también a todos los otros servicios: salud, educación, desarrollo social, deporte… la seguridad es sólo uno más.
Acercar el Estado a la población, mostrar con hechos concretos la preocupación por regiones tan importantes para el desarrollo…. finalmente, demostrar que las promesas no son sólo buenas intenciones.
La seguridad se tomó la agenda y no la soltará por un buen tiempo. Sin ella el desarrollo y el bienestar están en juego. Hoy se cumplen 100 días de gobierno, la luna de miel duró poco o nada y las no tan nuevas autoridades deben empezar a demostrar ese compromiso con la seguridad del que tanto se habló en la segunda vuelta. Los actores políticos deben dejar atrás sus diferencias y centrarse en responder a los desafíos en esta materia. Si logran eso, la matemática electoral se dará sola. Por algo PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas subieron sus niveles de confianza en la última CEP.
*Pilar Lizana es investigadora de AthenaLab.
