El VII Informe Anual de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional viene a confirmar la realidad: el tráfico de drogas avanza a pasos agigantados en Chile desde 2014, año en que se crea el Observatorio de Narcotráfico de esa entidad y se empieza a contar con reportes regulares.
Si a mediados de la segunda década del siglo XXI se observó un proceso de modernización de las bandas locales y de la llegada masiva de la marihuana creepy, hacia el final de ese decenio Chile ya se posicionaba en el tercer lugar en América Latina como origen de la droga incautada en Europa. Para inicios de la tercera década, la pandemia aceleró estas transformaciones con carteles regionales instalándose en territorio nacional y con la consolidación de una narcoeconomía.
Con esos antecedentes, la pregunta que hay que hacerse es qué estamos haciendo para detener el avance acelerado de un fenómeno delictual que está golpeando sociedades y Estados por todo Latinoamérica.
Enfrentamos un panorama muy distinto al de principios de este siglo, con la operación del crimen organizado desde las cárceles y la explosión del mercado de las drogas sintéticas. A principios de la década del 2000, Chile se caracterizaba por ser un país de tránsito, donde la infraestructura crítica era explotada por quienes buscaban reexportar sus estupefacientes hasta Asia o Europa. Pero grandes decomisos de precursores químicos, como las 690 toneladas de acetato de etilo, cloruro de calcio, hidróxido de sodio y metabisulfito de sodio incautadas en el puerto de en Arica[1], vienen a confirmar la posibilidad de producir drogas sintéticas en territorio nacional, otorgando un incipiente rol del país en la producción de estupefacientes.
Si a ello le sumamos los decomisos de precursores, las incautaciones de dinero, el hallazgo de laboratorios clandestinos y el aumento de un 40% de los condenados por Ley de Drogas, se configura un desafiante panorama para el país.
Fuente: VII Informe Anual, Observatorio del Narcotráfico, Fiscalía Nacional.
Enfrentar los retos de seguridad requiere comprender las dimensiones y la naturaleza del problema. Si bien la tecnología puede proveer herramientas útiles para perseguir delitos, la conducción de la seguridad pública recae sobre el poder político y, en particular, sobre el gobierno de turno, quien debe definir prioridades y trabajar coordinadamente con los demás actores para avanzar hacia mínimos comunes que permitan entregar respuestas de corto, mediano y largo plazo.
Actualmente, el mundo político trabaja en alcanzar un acuerdo nacional por la seguridad, donde parlamentarios, gobernadores, Poder Ejecutivo y distintos actores buscan acercar posiciones sobre las prioridades y acciones concretas en esta materia. El gobierno del presidente Gabriel Boric, desde su cuenta pública el 1 de junio, ha dicho que el combate al crimen organizado es prioritario. En esa misma línea, propuso aumentar los recursos y evaluar experiencias extranjeras, mientras las policías tratan de desarticular bandas dedicadas a delitos de alto impacto. Sin embargo, se echa de menos una mirada integral del problema, donde se aborden todas sus dimensiones y se coordine un trabajo interministerial e interagencial.
En el Poder Legislativo, a su vez, también se llevan a cabo discusiones sobre temas de seguridad, y en la actualidad existen proyectos que buscan, entre otras cosas, crear el Ministerio de Seguridad Pública, actualizar las normas contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, crear un sistema de inteligencia, y fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, etcétera.
Asimismo, el Poder Judicial también cumple un rol fundamental en la persecución y sanción del crimen; no obstante, aún falta modernizar y flexibilizar las técnicas investigativas ante una amenaza que cambia rápidamente. En ese sentido, la definición del próximo fiscal nacional urge, pues enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico debe estar entre sus prioridades.
Todo lo anterior nos habla de una necesaria preocupación compartida, pero no siempre coordinada, del mundo político por la seguridad. Sin el diseño de una estructura de seguridad pública que responda a los nuevos desafíos que plantea el avance del narcotráfico y la llegada de bandas criminales organizadas, las respuestas seguirán incompletas.
Contar con una estructura de seguridad pública permite desarrollar una mirada integral del problema e incorporar todas sus dimensiones. Por ejemplo, entre 2021 y 2022 más de 50.000 jóvenes dejaron el sistema escolar[2]. A algunos de ellos, la delincuencia organizada puede ofrecerles dinero fácil para adquirir bienes y servicios a los que aspiran. Se vuelven así un grupo vulnerable que puede ser explotado por el crimen.
El deterioro de los centros históricos de ciudades emblemáticas, como Valparaíso, Santiago y Antofagasta, entre otras, muestra el retroceso del Estado frente al avance del crimen, que ocupa esos espacios públicos ejerciendo el mismo control territorial que ya tiene en las periferias.
En el caso de las drogas, el consumo de sustancias entre jóvenes afecta su desarrollo, especialmente en quienes se transforman en adictos. A ellos, precisamente, hay que brindarles opciones reales de rehabilitación y, más importante aún, de reinserción.
Como se menciona al comienzo de este texto, las tendencias en materia de narcotráfico ya son claras y el escenario actual responde a la consolidación de estas. Dado que el diagnóstico es conocido por todos, es hora de pasar a acciones concretas.
Propuestas y recomendaciones
La propuesta de estructura de seguridad pública mencionada es un paso importante, pues permitirá diseñar una respuesta nacional frente a la amenaza. En ese sentido, contar con una fuerza de tarea nacional de la cual se desprendan otras locales, le daría contundencia a esa estructura y entregaría una aproximación integral al problema. Sin embargo, es importante considerar que la amenaza de las drogas es de carácter internacional, por lo que esa respuesta nacional, necesariamente, debe incorporar elementos internacionales de cooperación con terceros países y entre agencias de seguridad nacional.
Un elemento clave para desarrollar lo anterior es la inteligencia. Urge avanzar en un sistema de inteligencia que incorpore tecnología, permita modelar el comportamiento del crimen y adelantarse a los posibles escenarios; una inteligencia que considere los aspectos internos y externos de la amenaza y que genere cooperación entre agencias nacionales e internacionales.
A nivel país, también es necesario avanzar en la actualización de ciertas leyes y figuras penales, de ahí que el proyecto de ley que busca modernizar la tipificación de los delitos que sancionan a la delincuencia organizada es clave, porque actualmente se están enfrentando los desafíos de seguridad con respuestas desactualizadas. Y, tal vez lo más crítico, se debe detener el retroceso del Estado en el territorio. En ese sentido, fortalecerlo y reforzar la presencia de las instituciones son metas prioritarias para que todas las acciones que se diseñen puedan tener resultados exitosos.
A nivel nacional, no se puede olvidar la persecución del patrimonio. El crimen organizado y el narcotráfico tienen un objetivo económico, por lo que fortalecer instituciones como la Unidad de Análisis Financiero para seguir el dinero es algo que no puede quedar en segundo plano. Lo mismo que agilizar las leyes de extinción de dominio sobre bienes mal habidos, castigar el testaferrato y relajar el secreto bancario.
Finalmente, la economía criminal del narcotráfico debe ser entendida como tal y, además, las respuestas de seguridad deben venir de la sociedad entera, que es la más afectada en primera y última instancia.
Pilar Lizana, investigadora AthenaLab
21 de diciembre de 2022
[1] La Tercera, “Operación Etilox”: logran en Arica histórica incautación de químicos para la producción de cocaína”, 1 de diciembre de 2022, en https://www.latercera.com/nacional/noticia/operacion-etilox-logran-en-arica-historica-incautacion-de-quimicos-para-la-produccion-de-cocaina/ABVAIJ3XXJEDJEIS3VFQBDEYXM/
[2] La Tercera, “Más de 50.000 estudiantes se restan del sistema escolar chileno entre 2021 y 2022”, 10 de noviembre de 2022, en https://www.latercera.com/nacional/noticia/mas-de-50000-estudiantes-se-restan-del-sistema-escolar-chileno-entre-2021-y-2022/MEVGUHPW3JG7FOUTKGJWR4KJQY/
