El último anuncio del presidente Donald Trump de lanzar una operación marítima antidrogas en torno a Venezuela ha puesto en evidencia de que Washington ha decido estrenar una nueva estrategia de máxima presión contra el régimen de Nicolás Maduro que tiene componentes judiciales, políticos y ahora militares.
En momentos que el líder venezolano se encuentra muy complicado por el impacto del desplome del precio del petróleo en su economía rentista y la llegada del coronavirus a su país, que ya vive una emergencia humanitaria, Washington parece decidido a explotar su debilidad. La secuencia de hechos que permite avalar esta afirmación es elocuente.
El jueves 26 de marzo: el Departamento de Justicia acusa al gobernante venezolano Nicolás Maduro de brindar “protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo” y le pone un precio a su cabeza de US$15 millones.
Martes 31 de marzo: El secretario de Estado, Mike Pompeo, da a conocer un documento en el que propone crear un gobierno de transición, del que no podrían formar parte Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, y cuya tarea principal sería la celebración de elecciones justas y limpias, a cambio del fin de las sanciones de Estados Unidos.
Jueves 1 de abril: El Presidente Trump en compañía del secretario de Defensa, Mark Esper, anuncia el despliegue de buques, aeronaves y tropas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que se dedicaran a frenar el tráfico de drogas en la región, pero sobre todo frente a las costas de Venezuela. Acostumbrado a la hipérbole, Trump la califica como la operación “más grande de Occidente”, pero no se entregan detalles del número de medios que se emplearán y se afirma que varios países prestarán apoyo, que tampoco se específica.
Solo sabemos que el Comando Sur de Estados Unidos tendrá a cargo la misión y contará con destructores Arleigh Burke, buques de combate litoral, cutters de la Guardia Costera, aviones de exploración aeronaval P-8 y aviones de vigilancia electrónica AWACS y E-8 JSTARS. También se asignó un componente de fuerzas en tierra.
Sin tiempo para pestañar, el gobierno de Maduro ha condenado cada una de estas iniciativas y las ha calificado como un intento para derrocarlo, algo en lo que esta vez puede tener razón.
Si bien el Caribe es prácticamente un mar cerrado que está muy bien vigilado desde la década de los años ochenta, lo que motivó el traslado de las mayores rutas marítimas del narcotráfico al Pacífico, será interesante ver los resultados concretos que arroja la operación antidrogas lanzada por Estados Unidos y los roces que puedan ocurrir producto de la misma.
Junto al tráfico de estupefacientes, en aguas caribeñas y del Atlántico también se ha detectado el contrabando de petróleo en alta mar de barcos que salen desde refinerías estatales venezolanas a otros “buques fantasmas” que los esperan en puntos determinados (Más antecedentes en: https://www.elnacional.com/economia/sepa-como-pdvsa-usa-buques-fantasmas-para-contrabandear-petroleo/). Si bien el propósito de la operación lanzada por Estados Unidos es otro, no sería extraño que este tipo de actividades ilegales caigan bajo su radar, ya que son justamente la clase de maniobras que buscan burlar las sanciones económicas.
La Armada Bolivariana de Venezuela, por su parte, ha sido una fuerza orientada tradicionalmente a la defensa costera, más que a la guerra en el mar. Sus inversiones más recientes han sido la compra de seis patrulleros oceánicos (OPV) al fabricante español Navantia. Uno de esos OPV, el “Guardacostas Naiguatá” (GC-23), justo zozobró el lunes tras un confuso incidente que involucró a la embarcación turística “Resolute” de bandera portuguesa cerca de la isla Tortuga.
Según la información oficial de Caracas, el “Resolute” fue interceptado por el patrullero en aguas venezolanas y luego cuando era escoltado hacia la isla Margarita embistió al “Guardacostas Naiguatá”, que finalmente se hundió. El ministro de Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, aseguró que el barco incluso no auxilió a la tripulación del GC-23 y luego se dirigió a Curazao.
Sin embargo, la compañía Columbia Cruise Services, que opera el “Resolute”, entregó una versión muy distinta (https://www.columbia-cs.com/statement-on-rcgs-resolute-incident/). Afirma que el barco estaba en labores mantenimiento en aguas internacionales cuando fue contactado por el patrullero, que realizó disparos de advertencia y luego lo embistió para tratar de llevarlo hacia aguas territoriales de Venezuela. Evidentemente, el CG-23 con 1.700 toneladas de desplazamiento se llevó la peor parte al colisionar al “Resolute”, que desplaza 8.400 toneladas y tiene casco reforzado. Por lo demás, la nave civil afirma que permaneció en el área, dio aviso al centro marítimo de rescate basado en Curazao y desde ahí recibió la orden de dirigirse a puerto.
Con todo, está claro que Washington tiene la iniciativa en estos momentos y parece cuestión de días esperar su siguiente movida hacia el régimen de Maduro. En un breve Twitter, la Armada estadounidense escribió el jueves: “We’re ready”.
