El Mostrador, 26 de marzo 2024
El Gobierno basa su fundamentación en el ejemplo europeo de usar Fuerzas Armadas para estos fines, pero olvida que esos esfuerzos sí tienen amenazas claramente definidas: terroristas islámicos, cuyos grupos y organizaciones están bajo permanente vigilancia de sistemas de inteligencia eficientes.
Me doy por pagado si alguna autoridad del Gobierno Central, Ministerio Público, tribunales o del Congreso lee esta columna y lo aquí expuesto le hace sentido. Es una crítica a la actual estrategia del Gobierno en materias de seguridad pública, pero se hace con argumentos y con el fin de que tengamos, al final del día, un mejor Chile, en el que todos sus habitantes, y en particular los más desprotegidos, puedan sentirse seguros.
Chile tiene varios problemas distintos y diferenciados en lo que a seguridad se refiere, los que además se complican cuando aparecen casos como el del exdirector general de la PDI o asesinatos como el del exteniente Ojeda. Los problemas de seguridad a los que me refiero son:
1) Crimen organizado profesionalizado y violento que opera en las principales ciudades del país.
2) Insurgencia mapuche en la macrozona sur, la que a veces se viste de delincuencia, violencia rural o terrorismo.
3) Inmigración ilegal a través de nuestras fronteras con Perú y Bolivia, que genera inmigrantes indocumentados de los que nada sabemos, pudiendo varios ser criminales o agentes de Estados extranjeros.
4) Estamos ubicados en un mal barrio. El Perú, Bolivia y la Argentina son Estados débiles, que pueden ser usados para fines criminales o por terceros, como Irán, Cuba o Venezuela.
5) Nuestra ciberseguridad es débil y no está a la altura de los tiempos. Basta recordar eventos como los ciberataques al Estado Mayor Conjunto, o a servicios estatales como el Registro Civil, o los que han afectado a bancos e infraestructura crítica.
6) Incendios forestales, tanto producto de las altas temperaturas de los veranos, como producto de incorrectas decisiones de planificación urbana, lo que es aprovechado por pirómanos y terroristas.
La estrategia de seguridad del Gobierno se basa en 5 pilares, a saber:
- Ley de Infraestructura Crítica, que busca operacionalizar la enmienda constitucional respectiva.
- Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que llevan a rango legal las reglas que deben emplear las Fuerzas Armadas y policías cuando hacen uso de la fuerza.
- Ley de Inteligencia, que busca corregir las deficiencias y modernizar la versión de 2004.
- Ministerio de Seguridad Pública, que crea un ministerio focalizado en materias de seguridad pública.
- Agenda de seguridad Tohá-Coloma, que contiene 31 proyectos, de los cuales para fines de 2023 había 19 aprobados.
La pregunta que uno se hace es si la estrategia del Gobierno soluciona los problemas de seguridad y, más particularmente, los relacionados con crimen organizado, insurgencia e inmigración ilegal.
La infraestructura crítica no está bajo amenaza de ninguno de los cinco problemas descritos, excepto la violencia insurgente de la macrozona sur, que podría atentar contra infraestructura, como acción de terrorismo. La idea de proteger la infraestructura crítica surge durante el “estallido social”, período durante el cual se afectó –entre otras– a estaciones de metro y supermercados, pero no es algo que hoy esté en riesgo, por lo que no se entiende la urgencia de asignarles este resguardo a las Fuerzas Armadas, o exigirle al Congreso que le dedique tiempo prioritario, ya que no resuelve problemas de crimen organizado, por más que se diga que libera carabineros para otras funciones.
Esos policías están resguardando a la gente y no a las instalaciones. En el caso específico de la macrozona sur, sucesivos Estados de Excepción Constitucional se han transformado en la norma, para asignarles a las FF.AA. un rol de resguardo indirecto a la infraestructura de la región.
El Gobierno metió en la definición de infraestructura crítica el resguardo de fronteras y, lo más interesante, el Congreso lo aceptó. Las fuerzas militares que están apoyando a las policías en las fronteras con Perú y Bolivia están operando al amparo de un Decreto Supremo que fue la forma en que se estableció que se haría, mientras salía la ley respectiva. La lástima es que todo el esfuerzo que se hace en el norte es bastante estéril, a un tremendo costo, respecto de la inmigración que viene de Bolivia, ya que no se acepta la reconducción de otros que no sean bolivianos.
El Gobierno basa su fundamentación en el ejemplo europeo de usar Fuerzas Armadas para estos fines, pero olvida que esos esfuerzos sí tienen amenazas claramente definidas: terroristas islámicos, cuyos grupos y organizaciones están bajo permanente vigilancia de sistemas de inteligencia eficientes, que fusionan información y alertas entre varios países. Nada de esto se da por estos territorios, en donde el crimen organizado no presenta evidencia alguna de querer afectar la infraestructura, ya que ellos y su negocio también necesitan que todo funcione bien. El crimen organizado tiene objetivos económicos y es en la búsqueda de ellos que emplea su violencia y fuerza.
Se podría alegar que la iniciativa de infraestructura crítica sirve para atender los problemas de la macrozona sur, pero nuevamente se equivocan. La insurgencia no quiere destrozar la infraestructura, sino más bien tomar el control del territorio y desplazar al Estado de Chile. El accionar terrorista busca aterrorizar a la población o bien la actividad productiva que no les paga royalties.
La insurgencia se neutraliza o elimina actuando sobre la amenaza a la seguridad, atrapando a los insurgentes y metiéndolos a la cárcel. No se resuelve el tema protegiendo terminales de buses, centrales eléctricas o supermercados, o haciendo lo que se hace ahora, colocando controles en caminos, los cuales por cierto ayudan, pero no resuelven el problema, pues los militares solo pueden detener en casos flagrantes, pero para ir más allá necesitan de la concurrencia de las policías, las cuales operan siguiendo instrucciones del Ministerio Público.
Las RUF solo son necesarias si es que efectivamente vamos a emplear a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública del tipo de las que ocurrieron en el Estado de Emergencia establecido en el periodo del “estallido social” o equívocamente en resguardo de personas y no de infraestructura. Las reglas actuales solo tienen rango de Decreto Supremo. Llevarlas a rango de ley sirve, pero no sirven de nada si es que están mal diseñadas, con demasiadas reglas y no reconociendo la realidad que se vive cuando hay que aplicar la fuerza.
Las RUF actúan sobre la conducta del soldado, pero no constituyen reglas de enfrentamiento para las unidades que eventualmente tengan que desplegar las Fuerzas Armadas. En el caso de las FF.AA., lo que importa es la consigna y mantenerse ajustados a ella. Eso es lo que se debe observar y a eso están acostumbradas las unidades militares.
Las fuerzas militares, cuando están desplegadas en terreno realizando actividades de seguridad pública, deben hacerlo bajo lo que establece la Constitución, y bajo la tuición de la justicia militar, y no de tribunales civiles que actúan en conjunto con el Ministerio Público. Esto es algo que haría mucho más efectivo su uso, ya que hoy en día es el principal impedimento, que hace que operen con la intranquilidad de que a la primera que hagan uso de la fuerza sus integrantes serán llevados a juicio, donde hasta ahora nunca les ha ido bien.
En el contexto actual las RUF ayudan a los que están desplegados en la macrozona sur o en las fronteras, pero por sí mismas no van a disminuir la acción de insurgentes, el ingreso de inmigrantes ilegales o la acción del crimen organizado. Así como se enviaron al Congreso, son inoperantes y van directamente al fracaso.
En el caso de la Ley de Inteligencia, está fuera de discusión que se debe modernizar lo que existe y que se deben eliminar las imperfecciones que vienen de la versión de 2004, en donde se diseñó algo para ser inoperativo e inocuo. Unos no querían una KGB y los otros no querían una DINA. Dejamos a la ANI sin capacidades operativas y con poca o nula capacidad de conducción del sistema nacional de inteligencia.
Por más que se arregle todo lo malo que tiene la actual ley, no vamos a lograr nada si no se asignan recursos, dotación y, por sobre todo, claridad estratégica en lo que se refiere a los objetivos que se espera del sistema de inteligencia y el uso de la información por parte del Gobierno. Los desastres más grandes en términos de inteligencia se han dado cuando las autoridades respectivas no han usado la información y tomado acciones respecto de ella.
Puede que la creación de un Ministerio de Seguridad Pública sea algo razonable, pero no hay que prenderle velitas. Ya tenemos una ministra y dos subsecretarios bastante dedicados al tema, por lo que no debería haber ganancias de productividad y efectividad muy abismantes. Suena mejor de lo que es y no me desgastaría mucho con esta iniciativa, la que de seguro trae más gastos, conflictos de competencias y responsabilidades y no los correspondientes beneficios en reducción del crimen organizado, la insurgencia y la inmigración ilegal.
En cambio, la agenda de seguridad de Tohá-Coloma ha resultado hasta ahora lo más efectivo. Con dos tercios de los proyectos ya aprobados, ha ido logrando, por la vía de acciones menores, mejorar múltiples aspectos de la seguridad pública, por lo que buscar terminar el tercio que falta suena razonable desde la perspectiva del combate a la delincuencia y el crimen organizado.
Lamentablemente, y excepto por las iniciativas de la agenda de seguridad y lo relativo a inteligencia, el resto no impacta mucho en resolver los problemas que tenemos. Ello ocurre porque no se ha realizado un diagnóstico adecuado, como tampoco el Gobierno tiene claro qué es lo que quiere lograr. Son muy distintos los remedios para eliminar el crimen organizado y capturar a los criminales, que entrar en una especie de convivencia con ellos. Lo mismo aplica a la insurgencia en la macrozona sur o, en el caso de la inmigración ilegal, detenerla o reconducirla.
Es obvio que todo esto sería más fácil de aplicar si tuviéramos una estrategia de seguridad nacional, con su respectiva organización y sistema, que nos permita anticiparnos o bien reaccionar mejor ante eventos imprevistos, como también un Ejecutivo que no tenga miedo de tomar decisiones difíciles –como la de meter a la cárcel a todo el crimen organizado–, que de no tomarse prontamente solo harán que nuestros problemas de seguridad pública en el futuro sean más complejos. Qué distinto sería nuestro país si buena parte de nuestro Gobierno, Congreso, jueces y ministros de Cortes hubieran hecho su servicio militar y entendieran un poco más sobre lo que implica y significa dar a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública con las RUF que hoy se discuten.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Mostrador
