Un avión de la Armada de Ecuador descubre un barco sospechoso y alerta a una flotilla integrada por patrulleros de Chile y Perú. Se intenta establecer comunicación, se simulan dos tiros de advertencia sobre la proa y finalmente se decide abordar el mercante.

Dos grupos de asalto salen del patrullero oceánico “OPV Toro” en botes de goma hacia un petrolero rebautizado “MV Subzero” para el ejercicio. Sorteando olas de casi dos metros y vientos de 23 nudos, logran abordarlo. Mientras toman el control del barco, detienen a seis tripulantes escondidos y encuentran droga.

Esta maniobra de interdicción marítima es parte de la Operación Unitas, que conduce la Armada de Chile en las costas del país. Un ejercicio multinacional que partió hace 60 años para hacer frente a amenazas externas al continente americano durante la Guerra Fría, pero que se ha ido abriendo progresivamente a otro tipo de misiones. Tareas de interceptación de naves con carga ilícita, de búsqueda y rescate, y de entrega de ayuda humanitaria frente a catástrofes fueron parte de las prácticas de las marinas presentes, en una muestra de la complejidad del entorno marítimo en el siglo XXI.

“Las amenazas han cambiado, los conflictos son diferentes. Ya no hay guerras declaradas entre dos países, sino que los conflictos se mueven en una zona gris”, explicó el contraalmirante Yerko Marcic, comandante en jefe de la Escuadra, al inaugurar el ejercicio a fines del mes pasado.

Con la globalización viajando en millones de contenedores a diario, al mismo tiempo que proliferan actividades como el tráfico de drogas, la pesca ilegal y el vertido de material contaminante, preservar el buen orden en el mar se ha vuelto más desafiante que nunca. Porque así como el océano puede ser una excelente plataforma comercial, también ha sido convertido por algunos en la mayor escena del crimen del mundo. Estados (casi) fallidos, dinero sucio y botes pequeños es un cóctel explosivo del que América Latina y el Caribe no están libres (es cosa de trazar el triángulo de inestabilidad entre Venezuela, Nicaragua y Haití).

Para extender el imperio de la ley sobre enormes superficies marítimas, se requiere de armadas que puedan tener recursos propios para proteger sus aguas jurisdiccionales y sus zonas económicas exclusivas, pero que también puedan cooperar con otras marinas cuando se trata de garantizar la seguridad o bienes globales como la libertad de navegación, ya sea en el estrecho de Magallanes o de Malacca. No hay que olvidar que desde el punto de vista geopolítico el océano es uno.

Así como millones de personas estuvieron pendientes de levantar la mirada para ver el eclipse, podrían de vez en cuando mirar también al horizonte, donde unos 1.800 marinos, 10 buques y ocho aeronaves de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú (más observadores invitados) acaban de ensayar maniobras para garantizar la existencia de mares abiertos y seguros. Quizás algo no tan espectacular para muchos, pero indispensable para países como Chile, que mueve el 95% de su comercio por agua salada y que ha creado enormes parques marinos que debe proteger, en especial cuando busca promocionar una COP25 “azul”.

Juan Pablo Toro V. director ejecutivo AthenaLab

Publicado en El Mercurio, 4 de julio de 2019, A4

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