El Mostrador, 13 de enero 2024
En Chile aún no ocurre, pero perfectamente puede suceder, que las organizaciones criminales realicen acciones de alto impacto comunicacional, como fue la toma de un canal de televisión en Ecuador.
Es evidente que lo ocurrido en Ecuador atrajo la atención de buena parte de Chile, pues hizo ver que, si no hacemos nada, poco o lo equivocado en materia de crimen organizado, podemos terminar como ellos en un corto plazo, a pesar de las declaraciones del Gobierno de que Chile no es comparable a la realidad que viven los ecuatorianos.
El propósito de esta columna es indicar que un país como Chile sí está en riesgo, pero que el tema es manejable si se ataca ahora y en forma decidida. Todo indica que el crimen organizado ya está operando dentro de nuestro país y que hay territorios que ya están bajo su control, y donde no existe el Estado de derecho, sino la ley del más fuerte, el poder de las armas y de los criminales.
Asumiendo que los lectores de esta columna, al igual que su autor, estamos de acuerdo en que hay un problema que debe ser atendido y que su atención debe ser inmediata, decidida, rápida y eficaz, o como diríamos los artilleros, pegando primero –pegando fuerte– para luego seguir pegando, es que me atrevo a realizar algunas reflexiones y recomendaciones basado en lo que vemos en Ecuador y la forma en que se está manejando la crisis que ellos experimentan.
Al igual que en Ecuador, el actual Gobierno y anteriores dejaron que el problema o cáncer llegara, creciera y no fuera atendido. Ello, en parte, porque había otros problemas que se estimaban más urgentes y prioritarios y, por otro lado, por unas inexistentes arquitecturas de seguridad y sistema nacional de inteligencia, sumados a la inexperiencia de los gobiernos de turno en temas de seguridad y crimen organizado transnacional.
Una muestra de lo anterior es la falta de prospectiva, ya que nadie vio venir el hecho de que la desmovilización de las FARC en su vecina Colombia iba a crear un excedente de armas disponibles, así como de guerrilleros desempleados y disponibles. Muchos de ellos actualmente trabajan en el crimen organizado transnacional, aplicando todo lo aprendido en su trabajo anterior.
Si se suma a ello que, cuando las autoridades incentivaron las migraciones de venezolanos no pensaron en sus efectos, tenemos un cóctel explosivo, ya que no todo lo que nos llegó fue bueno y, además, permitió el tránsito de los “malos”, enmascarados de “buenos”. Lo anterior se comprueba con las estadísticas carcelarias disponibles y el hecho de que varias organizaciones operan en múltiples países al más puro estilo de las multilatinas.
Para atacar el problema del crimen organizado, lo primero y más obvio es que todos tenemos que estar de acuerdo en que el problema existe, es grave y es urgente. El no hacer nada implica pasar a ser un Estado fallido. Tenemos que estar de acuerdo los ciudadanos, el Ejecutivo, los tribunales, el Ministerio Público, las policías y, en cierta medida, las Fuerzas Armadas, en el caso de que el tema sea de tal gravedad que se deban emplear para apoyar las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Ese consenso –y entendiendo la naturaleza de los criminales– debe traspasarse a quienes harán la pega en la forma de amnistías previas, como las que se anunciaron esta semana en Ecuador. La clave de la efectividad de las soluciones ecuatorianas está en que militares y policías van a usar las medidas de fuerza que el problema necesite para su solución y no se van a restringir, por el miedo a terminar ellos y no los criminales en la cárcel.
Es mucho más fácil combatir el crimen organizado que organizaciones terroristas o insurgentes. El crimen organizado tiene poco soporte popular y su eliminación cuenta con amplios apoyos en la población. Este punto, sumado al tema de las amnistías previas, permite al Estado liberar todas sus fuerzas y ser muy efectivo al momento de solucionar el problema. La acción del Estado necesita de luz verde del pueblo de Chile y el hecho de que se trate de criminales y no de organizaciones con color político debería asegurar apoyos transversales. Eso ya está ocurriendo en Ecuador y fue lo que permitió que se tomaran finalmente decisiones drásticas y efectivas.
En Chile aún no ocurre, pero perfectamente puede suceder, que las organizaciones criminales realicen acciones de alto impacto comunicacional, como fue la toma de un canal de televisión en Ecuador. Ese tipo de acciones son las que convencen a la opinión pública de que hay que actuar y, a la vez, es un error estratégico de los delincuentes, ya que mejor les habría ido si no se hubieran “promocionado” en público. El dilema es cómo nosotros convencemos a los chilenos de no esperar a que se produzca una crisis de tanta magnitud para tomar la sartén por el mango.
Claro que las Fuerzas Armadas pueden apoyar la acción de las policías, pero las acciones anticriminales deben venir principalmente de Carabineros y la PDI. A diferencia de Ecuador, la policía chilena de carácter militar tiene las capacidades que requiere el combate al crimen organizado. Solo necesitan inteligencia, la voluntad política y las amnistías previas del tipo de las dictadas en Ecuador.
El objetivo del crimen organizado es económico, no tiene objetivos políticos. Ellos buscan ganancias. Al igual que en otras actividades económicas licitas, tienen competencia. Se debe buscar primero que se eliminen entre ellos y evitar que unan fuerzas contra los agentes del Estado. Operan sin reglas y para ellos el fin justifica los medios, lo que los hace más efectivos que si operaran siguiendo las reglas. Para ellas no existe ni Dios ni ley, más que el dinero y las balas.
Si bien es cierto que los grupos criminales operan como organizaciones y la mayor parte de las veces tienen la iniciativa, jamás van a tener las capacidades y organización que el Estado y sus instituciones pueden tener. Solo que se debe asegurar que estén 100% disponibles y libres de flagelos como la corrupción para su total efectividad, algo que los criminales saben y explotan a su beneficio.
Cae de maduro que, ante la ausencia de un sistema de seguridad nacional, deberá ser el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que debe desde ya ir realizando una evaluación del crimen organizado, planificando las posibles soluciones al problema y anticipando acciones de ser necesario.
No se puede dejar pasar que ocurra lo que sucedió en Ecuador y lo que se está dando adicionalmente en Perú y Bolivia, para obtener el apoyo que acciones más duras puedan significar. De lo contrario, es muy posible que terminemos llamando a las instituciones de la Defensa Nacional para que les den una mano a las policías, se hagan cargo del país, tengamos a un almirante o general dando las órdenes y restringiendo las libertades individuales, porque lo que aplicaría es Estado de Sitio y no un simple Estado de Emergencia.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Mostrador
