El Líbero, 10 de marzo 2023
Los errores cometidos en el proceso anterior no pueden repetirse. Las ambigüedades en seguridad pueden costar muy caro al país.
Se dio el puntapié inicial y la pelota ya está rodando en la cancha. Esta semana la Comisión Experta comenzó a trabajar en un nuevo borrador de Constitución. El próximo hito, la elección de consejeros el 7 de mayo. Cómo será el texto propuesto y qué énfasis tendrá no lo sabemos, lo que sí es claro es que el trabajo debe enmarcarse en 12 bases que guían el esfuerzo. La oportunidad: generar un marco normativo que, entre otras cosas, puede responder a la primera prioridad de los chilenos, la seguridad.
Todo comenzó un 15 de noviembre de 2019 cuando 10 partidos y el actual Presidente firmaron el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que tenía como objetivo “buscar la paz y la justicia social a través de un proceso inobjetablemente democrático”. El guiño a un ambiente seguro es indudable, el título y la meta aluden a él.
En ese sentido, los errores cometidos en el proceso anterior no pueden repetirse. Las ambigüedades en esta materia pueden costar muy caro al país. Por ejemplo, las confusiones sobre quién conduce la seguridad que aparecían en el rechazado borrador son inaceptables, lo mismo la no consagración del concepto de orden público. La seguridad y defensa son ámbitos fundamentales para la consolidación del Estado. Si el fin último de éste es el Bien Común, la seguridad, el desarrollo y el bienestar son los caminos para llegar a él y, si bien comparten el mismo grado de importancia, hay que reconocer que sin seguridad no se alcanzará ni el desarrollo ni el bienestar.
La existencia de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad no deliberantes junto con la de los estados de excepción son parte de las bases que debería incluir el texto, pero no son suficientes. Además de consagrar su existencia, el documento debe incluir la función y el ámbito en el que cada institución se desarrolla, sus roles y características.
Los militares, fundamentales para la seguridad nacional, deben resguardar nuestra soberanía e integridad territorial protegiéndonos de amenazas externas; mientras que, las Fuerzas de Orden, integradas por ambas policías -uniformada y civil- son quienes garantizan el orden público y la seguridad interior.
Asimismo, la no deliberancia y el nombramiento de los respectivos liderazgos por parte del Presidente de la República son necesarios para mantener los pesos y contrapesos propios de un Estado. Lo mismo pasa con el rol que el Congreso puede ejercer en la aprobación del llamado a retiro anticipado de alguno de los comandantes en jefe por parte del Mandatario.
Lo mismo se debería aplicar a los estados de excepción. La claridad de su objetivo es clave para el buen funcionamiento del Estado.
Es cierto que la seguridad es uno de los tantos temas que debería abordar la nueva Constitución, pero no por eso hay que olvidar la importancia que tiene en la vida cotidiana de los chilenos. Tenemos nuevos desafíos en esta materia, un ambiente criminal no visto antes y en ese sentido, el proceso constituyente que empezó puede transformarse en una oportunidad para tomar estos temas con la seriedad y altura de miras que necesitan.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
