La Tercera, 2 de octubre de 2019
Señor Director:
En marzo de 2018 en este mismo medio indique la necesidad de implementar la política oceánica nacional de Chile, que se había publicado el 8 de marzo como una de las últimas acciones del segundo gobierno de Bachelet. La política que se publicó es muy completa y venía acompañada de una serie de decisiones previas de esa administración que llevaron a que el 43% de nuestra zona económica exclusiva sean áreas marinas protegidas, quedando pendiente los recursos necesarios para su fiscalización.
A la fecha no se ha avanzado mucho en la implementación de los programas sectoriales indicados en la política oceánica, lo cual no quiere decir que el tema no esté en la agenda política producto del foco de la COP25 en la sustentabilidad de los océanos y lo que ello implica, pero debemos pasar del discurso a la acción, y eso implica entre otras cosas, dar a la Directemar el presupuesto de inversiones y operación que requiere para realizar sus tareas en el ámbito de la seguridad en el mar y protección de nuestros recursos marinos, avanzar con el “Chile Potencia Marítima” que se acordó en Enade 2018, en el desarrollo de la infraestructura de atención de cruceros, en el desarrollo de Punta Arenas como puerta de acceso a la Antártica, y muchas otras iniciativas que serían una muestra real de nuestro compromiso con el Mar de Chile y propio de lo que se esperaría de una potencia marítima del Pacifico Sur, y de un país con una dependencia vital del mar para su desarrollo.
Richard Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente AthenaLab
