El Líbero, 5 de enero 2023
El Presidente y sus ministros deben, por sobre todo, proteger la institucionalidad, algo que no están haciendo hoy.
El contrato social que sostiene al Estado y protege su democracia se encuentra en riesgo, y no precisamente por la crisis de seguridad que tiene a los chilenos viviendo atemorizados. Hoy, el problema es político y mientras eso no se solucione ese contrato social seguirá sufriendo.
El acuerdo propuesto por Rousseau existe con el fin de normar la vida de los hombres que viven en sociedad. Permite el desarrollo institucional que brindará seguridad, desarrollo y bienestar a los ciudadanos y por ello es de suma importancia.
Una de esas instituciones es la dedicada al orden público, aquella policía preventiva que nos protege a diario. La misma que durante el estallido social perdió la confianza de muchos y que hoy aparece con altos índice de aprobación.
En ese contexto, la formalización del general director Ricardo Yáñez es el mejor ejemplo de ese problema político detrás de la crisis de seguridad. La policía militar ha sido vista con desconfianza por la coalición oficialista, quien en 2019 la acusaba de abusos y en 2022 esperaba refundarla. Lo anterior no fue posible, en parte por la presión ciudadana, pero su incomodidad con la institución no ha pasado desapercibida. En abril de 2023 durante la discusión de la Ley Naín-Retamal algunos sectores del gobierno no aprobaban la legítima defensa privilegiada y se mostraban en contra de esa ley que debió promulgarse luego del homicidio de tres carabineros y una fuerte presión ciudadana.
Hoy, la formalización del líder policial es un elemento más que se suma al panorama anterior. Igual que como Poncio Pilato se lavó las manos, la ministra Vallejo dice que está “a la espera de las resoluciones que estime la Justicia” y que se espera la audiencia para “tomar una decisión como gobierno”.
El gobierno no tiene que esperar la resolución de la Justicia. Carabineros es parte del Ministerio del Interior, cartera que conduce la seguridad pública bajo la guía del Mandatario, por lo que sentarse a esperar no es una opción. El Presidente y sus ministros deben, por sobre todo, proteger la institucionalidad, algo que no están haciendo hoy.
No se puede estar siempre esperando las resoluciones de terceros para actuar. Hoy más que nunca Chile necesita de líderes que comprendan el valor del contrato social, protejan sus instituciones y resguarden la democracia, pues, de esa manera se consolida un Estado con capacidades para controlar la crisis de seguridad.
Formalizar al General Director es despreciar la institución. Poner primero los problemas que puedan tener con una persona y, dejarse llevar por las diferencias políticas no es más que minar la institucionalidad necesaria para abordar la principal urgencia de los ciudadanos que dicen gobernar.
Las instituciones son más que personas reunidas. Las instituciones, esos entes abstractos, permiten la sana convivencia y el equilibrio necesario para el crecimiento y desarrollo. Sin ellas no es posible avanzar ni gozar de nuestras libertades y, con líderes que les tienen poca valoración, el desarrollo se vuelve cuesta arriba.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
