El Mostrador, viernes 16 de abril de 2021
No es recomendable mezclar el arreglar las pensiones de los chilenos, basadas en cotizaciones individuales, con un debate sobre la pensión de los militares, ya que obedecen a lógicas distintas y no comparables. En un caso, estamos hablando de pensiones y, en el otro, de la inversión en el capital humano de la Defensa Nacional. Si se pretende reformar el sistema de pensiones militares, se tendrán que subir los sueldos para homologarlos con la administración pública, pagar horas extras, bonos de desempeño y muchos otros gastos adicionales, que de seguro salen mucho más caros que el posible ahorro que algunos piensan realizar a costa de los uniformados.
El Mostrador Mercados publicó el lunes 12 de abril algunos comentarios y un extracto de lo que algunas panelistas dijeron en un conversatorio organizado por la FEN de la Universidad de Talca, llamado “Reforma de Pensiones: los nudos del debate”.
Las panelistas en cuestión eran Alejandra Cox, nueva presidenta del directorio de la Asociación de AFP; Alejandra Krauss, exministra del Trabajo; y Paula Benavides, consultora y consejera del Consejo Fiscal Autónomo. Todas ellas son profesionales y expertas en materias previsionales civiles, pero ninguna de ellas con experiencia profesional en el sistema de carrera y previsión de policías ni hombres y mujeres de armas.
Desconozco todo lo que se discutió en el conversatorio y esta opinión solo se refiere a lo que se publicó en este medio y, por ende, a lo publicado por El Mostrador Mercados respecto del conversado en esa instancia. Lo que sí es un hecho es que el titular de la nota muestra que, al terminar el conservatorio organizado por la Universidad de Talca, la noticia principal dice relación con el sistema de previsión de las FF.AA. y de las policías.
Lo primero que llama la atención es que la presidenta del directorio de las AFP se refiera al tema de las pensiones de las FF.AA., un tema que uno pensaría no es materia especializada de las AFP, salvo por el hecho de que un eventual término del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas significaría un importante negocio para la industria que la señora Cox representa. Tal vez, ella emitió los comentarios en su rol de experta y no como la presidenta del directorio de la asociación que agrupa a las empresas que administran los ahorros previsionales. En ese caso, no estaríamos ante el complejo conflicto de intereses que ello podría implicar y solo requiere una aclaración del medio y de los organizadores del encuentro, respecto de la calidad en la que fue invitada.
Lo segundo que llama la atención es que los comentarios y extracto del debate se concentren en el tema de la previsión de las FF.AA., tema que dista mucho de ser el nudo principal del debate sobre pensiones en el país y definitivamente no es solución a ninguno de los múltiples problemas de nuestras pensiones. Queda la impresión de que la conclusión del conversatorio de la Universidad de Talca sería que la reforma previsional se financiará con las pensiones de las Fuerzas Armadas, ya que no logro encontrar la conexión entre la reforma previsional y las pensiones de quienes trabajaron en los institutos armados, las policías y Gendarmería. Digo eso, producto del lapidario comentario de una de las panelistas, que indica que el sistema de reparto de los militares se caerá por su propio peso.
Lo tercero y más importante es que se comete un error fundamental, al no entender que el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas no se puede analizar en forma aislada de las características, exigencias laborales y la estructura remunerativa de las mismas. Ese es un error serio que han cometido varios en el pasado y que lleva a conclusiones erróneas, como las expuestas y mencionadas en el conversatorio de la FEN de la Universidad de Talca. Las remuneraciones militares –que incluyen la jubilación– son parte de la inversión en defensa que hacen los países, una inversión que se comporta en forma similar en todas partes del mundo, es decir, con el Estado asumiendo la jubilación militar como parte de la inversión que hacen en defensa y en particular de esta materia.
La carrera militar arranca tempranamente, ya que requiere entrenar y preparar con cargo al Estado a los hombres y mujeres de armas y policías que servirán en las FF.AA. y de orden y seguridad, un servicio que incluye dar la vida si fuese necesario, que tiene sueldos más bajos que sus pares equivalentes de la administración pública, que no tiene horario de trabajo y que no permite el pago de horas extras, pero que sí incluye traslados frecuentes, sacrificios familiares y una disponibilidad de 24×7. Además, las plantas están fijadas por ley y requieren, forzosamente, un proceso de selección anual para ir generando espacio en los escalafones para las generaciones que se incorporan al servicio. Estas características únicas de la vida militar requieren ser reconocidas y pagadas, ya sea durante la extensión de la carrera o, bien, a su término con una pensión adecuada, como una forma de retención e incentivo para que las personas permanezcan en las instituciones el mayor tiempo posible.
Es una carrera en donde solamente el Estado puede ser el empleador, pues es el único que posee el monopolio del uso de la fuerza en nuestra sociedad. Un único empleador fija las condiciones laborales y salariales en que hombres y mujeres se deben desempeñar, sin derecho a ningún tipo de reclamo o negociación, pues son cuerpos no deliberantes. Dicho sea de paso, es lo habitual en todas partes del mundo para los que trabajan en la profesión de las armas.
Todo lo anterior no quiere decir que la carrera militar y sus aspectos remunerativos, que incluyen lo previsional, no sean perfeccionables. Actualmente está en el Congreso una iniciativa del Ejecutivo que busca alargar la carrera militar, a objeto de aprovechar más tiempo la inversión del Estado en su capital humano de las Fuerzas Armadas. Esa misma iniciativa trae, obviamente, como contraprestación una disminución de los años en que las personas están jubiladas y, por ende, hace más eficiente el gasto, al destinar fondos públicos a personas que están en servicio activo.
Quizás no es adecuado mezclar el tema de la reforma a las pensiones, una reforma que tiene toda la lógica del mundo, con una reforma a las pensiones del mundo militar y policial. Tampoco es adecuado comparar los montos de las pensiones de las FF.AA. con respecto al promedio de las pensiones nacionales. Lo correcto es comparar por segmento de calificación profesional y de capacitación académica a lo largo de toda la vida laboral, hasta llegar a la jubilación. No se puede comparar a un ingeniero con varios diplomados, magíster y fluido en tres idiomas, con el promedio de las pensiones. Lo correcto es comparar vida laboral y jubilación entre equivalentes de los mundos civil y militar.
En conclusión, no es recomendable mezclar el arreglar las pensiones de los chilenos, basadas en cotizaciones individuales, con un debate sobre la pensión de los militares, ya que obedecen a lógicas distintas y no comparables. En un caso, estamos hablando de pensiones y, en el otro, de la inversión en el capital humano de la Defensa Nacional. Si se pretende reformar el sistema de pensiones militares, se tendrán que subir los sueldos para homologarlos con la administración pública, pagar horas extras, bonos de desempeño y muchos otros gastos adicionales, que de seguro salen mucho más caros que el posible ahorro que algunos piensan realizar a costa de los uniformados.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente de AthenaLab
