El Mostrador, 4 de octubre 2021
Como han demostrado hechos recientes ocurridos en Iquique o en la Macrozona Sur, los ciudadanos desesperados ante la inacción del Estado están tomando el toro por las astas y decidiendo las soluciones ellos mismos, con las consecuencias que todos sabemos vendrán. En ese sentido, quizás la única solución para motivar una solución política a los problemas que nos ocurren o tomar la decisión de emplear las Fuerzas Armadas, pasa por esperar que la crisis aumente de temperatura para que decidamos apagar el fuego, recordando, eso sí, que el empleo de las instituciones de la Defensa no es una buena solución para los problemas que nos aquejan, sino más bien una solución desesperada que emplea medios poco adecuados para problemas que tienen un origen político o, bien, se originan fuera de nuestras fronteras.
Recientemente terminó el periodo de excepción constitucional más largo que ha experimentado Chile en décadas y espero que la pandemia se mantenga controlada, evitando con ello una nueva atapa en que las libertades individuales se vean restringidas en la búsqueda del bien común.
Por ser un periodo de excepción constitucional, Chile completo quedó asignado administrativamente a los Jefes de la Defensa Nacional (JEDENA), los que están coordinados por el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO) a pesar de reportar directamente al Presidente de la República y, lo más importante, con buena parte de la fuerza efectiva de las instituciones asignada a roles propiamente policiales, como son los controles que realizaban en carreteras, aeropuertos y en ciudades, lo que obviamente iba en desmedro del entrenamiento de sus integrantes y mantención del material requerido para generar una disuasión creíble o estar en condiciones de resguardar el territorio chileno, su mar y su espacio aéreo, o la protección del interés nacional donde sea que pueda estar ubicado.
En cualquier discusión sobre el rol y propósito de las Fuerzas Armadas se debe tener claro cuál es su propósito primario, ya que, si no se hace, es fácil perderse y terminar empleándolas para todo lo que los políticos crean necesario, ya que, total, son jerarquizadas, obedientes, disciplinadas, y con un entrenamiento que genera polifuncionalidades y material que muchas veces tiene capacidades polivalentes.
El empleo de las Fuerzas Armadas chilenas por el Ejecutivo para otros propósitos distintos a su rol principal no es una característica que solo sea de los gobiernos de derecha, es algo que ha sido usado tanto por la izquierda como la centroizquierda, ya que la ampliación de áreas de misión no es algo que comenzó en el actual Gobierno de Sebastián Piñera.
Al actual Gobierno, se debe reconocer, le ha tocado gobernar en un escenario de seguridad más complejo, en donde la pandemia no es lo único que le ha golpeado, sino también ha tenido que enfrentar una avalancha de inmigrantes que entran por las fronteras norte y noreste, un aumento del crimen transfronterizo y en particular del narcotráfico, una Macrozona Sur en que la administración gubernamental y otros poderes no pueden garantizar el Estado de derecho, y, más importante aún, un estallido social que dejó al país en una crisis política profunda y un Ejecutivo con baja aprobación popular, al punto que si nuestro régimen político hubiese sido del tipo parlamentario, el Gobierno habría recibido un voto de no confidencia.
En un escenario tan complejo como el anterior, no es de extrañar que el Ejecutivo chileno, al igual que ha ocurrido en otras geografías, haya querido emplear a sus FF.AA. para más funciones que las que establece la Constitución como su fin último y que, excepcionalmente, permite que sean usadas en estados de excepción constitucional, conforme se cumplan las reglas que para esos fines existen, y en ese sentido es correcto y deseable que los mecanismos de control que existen, la Contraloría y la Cámara de Diputados, hagan el trabajo de revisar que las instituciones de la Defensa sean empleadas solo para los fines que la Constitución establece, ya que, de no ser así, pueden terminar siendo usadas para objetivos incluso más complejos, como son el sostener un régimen no democrático en el poder, cual es el caso de algunos países de la región latinoamericana o, bien, de otras partes del mundo.
Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para realizar procedimientos policiales o reemplazar a las policías en el trabajo que estas hacen y, si bien es cierto que prestar capacidades logísticas y tecnológicas a las policías en forma temporal, mientras estas adquieren y desarrollan las que necesitan para realizar sus tareas, puede ser recomendable, se corre el riesgo de que se vuelvan permanentes y que de a poco se vaya corriendo el cerco, metiéndolas en funciones que la Constitución no les asigna, con un entrenamiento no adecuado y sin el material necesario.
En ese sentido, la Contraloría actuó adecuadamente al representar que la intención de apoyar con las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur, por la vía de un decreto, no era administrativamente correcta. Lo correcto para involucrar a las instituciones de la Defensa en labores policiales es una modificación constitucional, la que obviamente debe contar con un amplio apoyo político transversal. Esto no es lo que muchos quieren escuchar, pero la experiencia internacional en el empleo de las Fuerzas Armadas en cualquier tipo de actividad indica que no solo se deben tener las capacidades y entrenamientos adecuados, sino que es fundamental tener el apoyo político y popular que una medida de este tipo requiere.
En relación con lo anterior, ayuda también a no ser cínicos y llamar las cosas por su nombre. Tenemos que ponernos de acuerdo respecto a si el problema que tenemos como país en la Macrozona Sur es de naturaleza policial o es una insurgencia pura y dura acompañada de elementos delictuales, los que son habituales cuando existen este tipo de fenómenos, ya que, si entendemos de qué se trata o qué motiva lo que ocurre, sabremos qué remedio o soluciones tenemos que aplicar y, de esa forma, podremos no seguir dando la hora y pretendiendo que el problema es de corte delictual y que se resuelve por la vía de querellas, con las acciones investigativas coordinadas de las policías y la guía del Ministerio Público.
El problema es que los partidos de oposición están más preocupados de llegar al poder o de hacer caer al Gobierno de turno, y no en ayudar a encontrar soluciones a los problemas, pero en eso están siendo miopes, ya que lo que nos complica hoy no se va a ir con el término del Gobierno de Sebastián Piñera. La inmigración de alto volumen va a seguir existiendo, conforme tengamos Estados fallidos como Venezuela y de no mediar cambios, también, de Argentina, o tengamos países productores de droga como vecinos, o partes del pueblo Mapuche en modo insurgente.
Como han demostrado hechos recientes ocurridos en Iquique o en la Macrozona Sur, los ciudadanos desesperados ante la inacción del Estado están tomando el toro por las astas y decidiendo las soluciones ellos mismos, con las consecuencias que todos sabemos vendrán. En ese sentido, quizás la única solución para motivar una solución política a los problemas que nos ocurren o tomar la decisión de emplear las Fuerzas Armadas, pasa por esperar que la crisis aumente de temperatura para que decidamos apagar el fuego, recordando, eso sí, que el empleo de las instituciones de la Defensa no es una buena solución para los problemas que nos aquejan, sino más bien una solución desesperada que emplea medios poco adecuados para problemas que tienen un origen político o, bien, se originan fuera de nuestras fronteras.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
