En una curiosa coincidencia, en Argentina y el Reino Unido están asumiendo dos nuevos gobiernos, a manos de viejos conocidos, que tienen en común hacer una férrea defensa de sus intereses nacionales desde posiciones más bien realistas o duras, lo cual hace previsible que el eterno tema de Malvinas/Falkland vuelva a deteriorar la relación bilateral.
Aparte de la incompatibilidad de fondo sobre la posesión de este que fue escenario de una guerra en 1982, no es difícil pensar que la dupla Aníbal Fernández-Cristina Fernández y Boris Johnson tendrán más de algún problema para mantener la política de acercamientos que se dio bajo las administraciones de Mauricio Macri y Theresa May. Y como ya deberíamos saber, cuando se agita el Atlántico Sur las olas terminan salpicando a Chile.
La identificación y repatriación de restos de soldados argentinos y la apertura de vuelos a las islas desde Brasil y Uruguay, fueron fruto de esa convivencia Macri-May más basada en el pragmatismo que en reivindicaciones políticas en clave interna. En un gesto fundamental, los buques de la marina británica HMS Clyde y HMS Protector y un Hércules C-130 participaron en la búsqueda del accidentado submarino ARA San Juan.
En el discurso de investidura ante al Congreso, el presidente Alberto Fernández ya reafirmó la semana pasada su compromiso con la defensa de la soberanía argentina sobre el archipiélago y anticipó que convocará a un consejo, integrado por todas las fuerzas políticas, para diseñar estrategias que ratifiquen ese reclamo.
Fernández también garantizó que buscará “potenciar el legítimo e imprescindible” reclamo de soberanía sobre Malvinas/Falkland, para lo cual se “exige una política de Estado de mediano y largo plazo”.
Los antecedentes que se tienen para tratar de prever lo que hará la dupla Fernández-Fernández, pueden provenir de lo que fue el gobierno de Cristina (2007-2015) -hoy vicepresidenta- que no son muy tranquilizadores.
Durante su gobierno, Cristina Fernández adoptó políticas para restringir los vínculos entre las islas y Sudamérica. De esa época es el decreto 256/2010 que estableció “que todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa”. Esa medida en particular, contraria a la libertad de navegación, incidió en que se suspendiera el servicio de abastecimiento que un barco chileno prestaba de forma mensual entre Punta Arenas y Port Stanley.
También se recuerda que en esos años, el gobierno de Fernández de Kirchner barajó la idea de no autorizar el vuelo semanal de LAN entre Chile y las Malvinas/Falkland, iniciativa que no prosperó ya que tanto Londres como Santiago advirtieron que lo considerarían como un gesto extremo. A eso se puede sumar la presión diplomática que hubo para que buques británicos no emplearan astilleros chilenos, pese a que cuentan con las mismas líneas logísticas.
Es cierto que la política del Estado de Chile consiste en apoyar a Argentina en su reclamación de las Malvinas/Falkland, quizás a la espera que eso sirva para alimentar la buena fe ante litigios limítrofes pendientes. Sin embargo, cuando Perú y Bolivia nos llevaron a las cortes internacionales, no hubo ningún apoyo de Buenos Aires con la misma claridad y contundencia.
Por otro lado, tenemos a Boris Johnson, quien llega al poder con una amplia mayoría conservadora y cuya política exterior está enfocada a promover una “Gran Bretaña Global”, para lo cual busca nuevos aliados en los que apoyarse en diferentes regiones; en Latinoamérica, aparece Chile, el primero en firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido adelantándose al Brexit. A esto se agrega una reforzada Royal Navy –con nuevos portaaviones, patrulleros y submarinos– que está de regreso en el Pacífico y en busca de puertos amigos para recalar.
En su calidad de canciller, Johnson visitó Argentina dos veces en 2018. La primera en mayo, en el marco de una gira sudamericana, donde aprovechó de depositar una ofrenda floral en memoria de los militares muertos en la guerra. Y la segunda, en diciembre del mismo año, pero en el contexto del G20. Ahí destacó la agenda constructiva alcanzada con el gobierno de Macri quien –dicho sea de paso– estaba muy preocupado por frenar la pesca ilegal en el Atlántico Sur, para cual adquirió patrulleros oceánicos franceses (clase Gowind) y buscaba comprar cuatro aviones estadounidenses de exploración aeromarítima P3-Orion.
Si bien entre una Argentina que hoy está abocada a contener una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y un Reino Unido en proceso de divorcio de la Unión Europea, es posible que el tema de las Malvinas/Falkland no emerja de inmediato al no ser prioridad.
Pero sabemos también que Fernández no es Macri y Cristina es Cristina. ¿Cuál de ellos predominará a la hora de definir la política exterior del país? Es una gran interrogante. Agitar la bandera es un número seguro para cualquier gobierno trasandino que se encuentre débil y en un par de años se estará recordando cuatro décadas del conflicto. Al otro lado del Atlántico, estará Johnson, quien por lo visto sabe aguantar presiones y salir jugando. Entonces, más vale estar preparados como país para que las indecisiones no nos hagan pagar los costos de disputas de otros, lo cual no es tan difícil si se tienen a vista los intereses nacionales, tal como hacen Londres y Buenos Aires.
Juan Pablo Toro
Director ejecutivo de AthenaLab
