Estos delitos son realizados con fines extorsivos, práctica común en las redes criminales internacionales.
Este lunes, un padre informó a las autoridades sobre el secuestro de su hijo de 16 años en la comuna de Illapel, ubicada en la Región de Coquimbo. Aproximadamente a las 21:20 de la noche, el hombre recibió una videollamada de su hijo acompañado por un sujeto con el rostro cubierto, quien exigió $150 millones como rescate para la liberación del menor. Finalmente, el menor fue rescatado gracias a la intervención de la PDI.
“Terrible, no se lo doy a nadie, es brutal. Si no fuera por la PDI yo seguramente no tendría a mi hijo. A mi hijo me lo entregaron golpeado, torturado, vivo, pero torturado. Quiero que paguen. Esto no puede pasar en Chile, menos en un pueblo tan chico como Illapel“, relató el padre del menor, Juan Salvador Dabed, al matinal Buenos Días a Todos de TVN.
De acuerdo con información de Carabineros correspondiente a enero del presente año, en 2022 hubo 508 secuestros, lo que significó un aumento del 79% en comparación al 2021, a nivel nacional. Los registros de la institución dan cuenta de que, desde 2017 a 2022, se contabilizaron 1.925 secuestros en todo el país, de los cuales, la mitad ocurrieron en la Región Metropolitana.
Según el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) -base de datos del Ministerio Público-, entre enero y el 18 de octubre de 2023 se han ingresado 685 casos de delitos por secuestro, mientras que en la totalidad del 2022 se contabilizaron 850.Las estadísticas anteriores contemplan delitos de secuestro, secuestro con violación, secuestro con homicidio, secuestro con lesiones, secuestro donde se exige rescate o que se prolonga más de 24 horas, y secuestro por más de 15 días o grave daño a la persona.
El Artículo 141 del Código Penal establece que: “El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. (…) En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito”. Esto es, desde tres años y un día a 5 años.
Las penas van aumentando dependiendo si el delito se ejecuta para obtener un rescate, si el encierro o detención se prolonga por más de 24 horas, por más de quince días o si de ello se produce un daño grave en la persona o intereses del secuestrado. Y si con motivo del secuestro se comete homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1, se castiga con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.
Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de Derecho Penal y Litigación Estratégica de la UC, y presidente del Comité Jurídico de la Corte Penal Internacional, explica, en términos generales, que este delito consiste en retener a una persona, afectando su libertad de movimiento, su libertad ambulatoria, a veces su libertad de decisión y conjuntamente su libertad de decisión en el ámbito de la intimidad sexual u otros.
El especialista detalla que el secuestro se comporta en dos modalidades esenciales: Encerrar a una persona donde no quiere estar, o impedir que esta salga de donde no quiere estar o evitar que llegue a donde quiere estar.
Manríquez hace hincapié en que el secuestro se tiene que distinguir de la mera retención o detención ilegal, que es esencialmente temporal. Y precisa que el secuestro es un delito de consumación permanente que puede extenderse en el tiempo.
“En las modalidades actuales, una de las que son más difíciles de delimitar son los denominados secuestros extorsivos o ‘paseos millonarios’, en que se retiene a una persona por un tiempo menor a 15 días, se le obliga a ir donde no quiere ir o se le impide salir de donde no quiere estar a cambio de presionarla para que entregue sus claves o sus tarjetas y con eso obtener dinero o llamar a terceros para que lo rescaten. En esos casos evidentemente nos estamos enfrentando a modalidades modernas de crimen organizado”, asevera.
El abogado detalla que esta modalidad está vinculada con el crimen organizado moderno, a través del cual bandas se dedican a ubicar personas en la vía pública o a la salida de los bancos u otro para obtener financiamiento rápido. Según indica el especialista, es una modalidad que se ha extendido y que a veces varía en sus distintos “giros delictuales”, pudiendo pasar de un “motochorro” o de una encerrona, a convertirse en un secuestro extorsivo o en un “paseo millonario”.
El rol del crimen organizado y los protocolos para revertir esta situación
La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, hace alusión al aumento de los homicidios por encargo durante el año pasado, y destaca que este hecho consolidó las disputas territoriales y el poder criminal que comenzaron a desarrollar las redes organizadas en Chile durante el 2022.
Ante esto, la experta señala que los delitos de secuestro actuales van de la mano con el actuar de las bandas internacionales, y que han adoptado un carácter similar a lo observado en países como Brasil, Colombia y México, donde las organizaciones criminales han corrompido la institucionalidad y han obligado a las personas a optar por alternativas de protección, como seguridad privada, automóviles blindados, escoltas, entre otras.
En el caso de Chile, comenta que estas nuevas modalidades se comenzaron a desarrollar en las regiones del norte, por donde llegó y empezó a penetrar el crimen organizado en el país. Sin embargo, la investigadora asegura que eso no significa que los secuestros extorsivos o relacionados con este tipo de bandas se van a quedar circunscritos a dichos lugares, sino que van a empezar a extenderse a lo largo del territorio.
Lizana sostiene que no sirve desarrollar leyes que otorguen nuevas penas a este delito sin realizar antes una política carcelaria acorde al contexto nacional. Es por eso que manifiesta que hay que tomar distintos protocolos que van más allá de cómo se persigue y se detiene a quienes cometen este tipo de delito, como el tratamiento que se le va a dar a la población penal cuando el país está enfrentado a este tipo de presos vinculados a organizaciones delictivas.
“Necesitamos primero la voluntad política de decidir que el crimen organizado no puede seguir avanzando en el país. (…) es muy importante tener en cuenta que los costos del combate al crimen organizado son bastante altos, porque los grupos de crimen organizado siempre van a responder de manera muy violenta, utilizando armas de fuego, armas letales, y van a existir bajas de ambos lados, y ese costo hay que tenerlo muy en mente quienes tomen las decisiones”, expresa.
Adicionalmente, la investigadora de AthenaLab agrega que, para poder controlar esta situación y evitar que avance, se necesita un trabajo intersectorial real, donde exista una coordinación de seguridad nacional con las distintas agencias, junto con el desarrollo de inteligencia que permita enfrentar el nuevo escenario criminal.
Por Marco Zecchetto Rocco
19 de octubre 2023
Fuente: Emol
