El Mostrador, jueves 11 de noviembre 2021
Chile y los chilenos merecen mucho más que un muy lamentable fallecimiento en Cañete e infantes de Marina enviados por el Gobierno a imponer el orden y que ahora el Ministerio Público quiere meter a la cárcel por actuar de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo. Si las Fuerzas Armadas van a tener que asumir el rol de defender a los chilenos de sí mismos, entonces seamos correctos y les damos no solo los medios humanos y materiales adecuados a la función, sino que, más importante aún, les damos el respaldo legal para imponer el orden público y el Estado de derecho.
Recurrentemente sale a discusión el rol de las Fuerzas Armadas, ya sea porque su participación en los Estados de Excepción Constitucional llama la atención, o por los esfuerzos de algunos para sacarlas de la Constitución que ahora se escribe con el objetivo de tener vía libre al poder.
Llama la atención por la actitud del actual Gobierno, como también de los gobiernos anteriores de centroizquierda, de recurrir a ellas cuando lo han considerado necesario. Las han usado para apoyar a la policías en la frontera norte, atacar incendios forestales, los desastres naturales causados por terremotos, erupciones volcánicas y aluviones y, más recientemente, para sostener el Estado de Catástrofe que se decretó por la pandemia y los de Emergencia gatillados por el estallido social y, últimamente, por la violencia en la Macrozona Sur.
Es importante definir lo que hacen las Fuerzas Armadas y, junto con ello, las herramientas y recursos que necesitan para hacer el trabajo que se les pide, sea en defensa de la soberanía, el territorio o el interés nacional, donde sea que esté ubicado.
Dado que manejan el monopolio del uso de la fuerza, lo que hacen debe quedar definido a nivel constitucional, como también se debe definir cómo se eligen sus liderazgos y a quién se reportan. Pero, tanto o más importante, es definir para qué existen o su propósito, qué hacen y el cómo lo hacen.
¿Por qué es relevante lo anterior? Lo es porque hay dos situaciones que están ocurriendo y que deben ser atendidas. Por un lado, hay grupos que las quieren sacar del camino para tener libre acceso o ruta libre en el asalto al poder y en donde estos estiman que las instituciones armadas son las únicas que se interponen en su camino; por otro lado, está el uso de las Fuerzas Armadas en Estados de Excepción Constitucional, como fueron los 18 meses por la pandemia y, desde hace algunas semanas, para apoyar a las policías en colocar orden en provincias de las regiones del Biobío y de La Araucanía, que están con la violencia fuera de control.
Si creemos que no hay otra solución que usar a los institutos armados en La Araucanía, adelante. Pero antes nos debemos preocupar de que estén entrenados y capacitados, con los recursos materiales adecuados, siguiendo un plan en que el uso de la fuerza no es el único elemento. Pero, por sobre todo, bajo un régimen legal apropiado que reconozca la emergencia existente y el uso de las instituciones armadas como última opción, y no lo que existe actualmente, que limita su efectividad y actuar, con reglas de uso de la fuerza escritas por personas que nunca han estado en combate o metidos en medio de una balacera, o por un régimen jurídico que no quiere asumir que, cuando se requiere del uso de las instituciones armadas, la situación hace mucho dejó de ser normal.
Se puede entender que el Gobierno las haya usado cuando se produjo el estallido social, una acción que puede ser discutible, pero que con los antecedentes en la mano en ese minuto era para ellos algo legal y posible, y que, ante el desconcierto y sorpresa que causaron los ataques a estaciones del Metro y la falta de inteligencia, era lo único que podían hacer. Después de la guerra todos somos generales y es fácil criticar, pero otra cosa es con guitarra.
El caso más complejo es el uso de las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías en la mantención del orden público y el Estado de derecho en La Araucanía. Es complejo porque no es una situación nueva. Es un estado de alteración e ingobernabilidad que existe desde hace ya bastante tiempo y que ningún Gobierno ha podido resolver, a pesar de las buenas intenciones que todos expresan cuando asumen la conducción del país.
Es complejo porque un grupo de chilenos no reconoce la autoridad del Estado de Chile, realiza acciones de violencia, comete ilícitos y se mandan solos. Digo chilenos porque todos los que nacimos en Chile o adoptamos la nacionalidad chilena somos chilenos.
Es complejo porque los gobiernos y la suma de los poderes del Estado no han sido efectivos en resolver el problema y han tenido que usar el último recurso disponible, el que indica nuestro escudo nacional –por la razón o la fuerza– y que se representa en el uso de las Fuerzas Armadas como última opción ante la inefectividad o la falta de pericia de quienes han tenido a cargo el problema, o porque los recursos policiales asignados se han visto sobrepasados.
Dicho lo anterior, si creemos que no hay otra solución que usar a los institutos armados, adelante. Pero antes nos debemos preocupar de que estén entrenados y capacitados, con los recursos materiales adecuados, siguiendo un plan en que el uso de la fuerza no es el único elemento. Pero, por sobre todo, bajo un régimen legal apropiado que reconozca la emergencia existente y el uso de las instituciones armadas como última opción, y no lo que existe actualmente, que limita su efectividad y actuar, con reglas de uso de la fuerza escritas por personas que nunca han estado en combate o metidos en medio de una balacera, o por un régimen jurídico que no quiere asumir que, cuando se requiere del uso de las instituciones armadas, la situación hace mucho dejó de ser normal.
Chile y los chilenos merecen mucho más que un muy lamentable fallecimiento en Cañete e infantes de Marina enviados por el Gobierno a imponer el orden y que ahora el Ministerio Público quiere meter a la cárcel por actuar de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo.
Si las Fuerzas Armadas van a tener que asumir el rol de defender a los chilenos de sí mismos, entonces seamos correctos y les damos no solo los medios humanos y materiales adecuados a la función, sino que, más importante aún, les damos el respaldo legal para imponer el orden público y el Estado de derecho, ya que de lo contrario estamos siendo cínicos e irresponsables al pedirles hacer el trabajo que otros no quieren hacer, en lo que se conoce como pedirle al gato que meta sus manos para sacar las castañas del fuego.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
