El Mercurio de Valparaiso, jueves 19 de septiembre de 2019
La relación entre el poder militar y la política nunca ha sido fácil, ya que la primera dispone del poder de las armas y puede, si así lo quiere, tomarse el poder como ha sucedido múltiples veces en la historia de la humanidad. El más famoso caso es el cruce del rio Rubicon por el gobernador de las Galias, Julio Cesar, en el 49 a.C., que pasa a llevar la restricción de impedía a las legiones romanas traspasar ese río por el riesgo de que las tropas intervinieran en la política romana. Al parecer esa restricción era bien pensada, ya que Julio Cesar inicio el terminó la república, y se hizo nombrar cónsul y dictador vitalicio.
Lo normal hasta tiempos recientes era que el poder militar y el poder político estuviesen integrados, pero en occidente con el pasar de los años eso dejo de ser lo normal con el asentamiento de la democracia como forma de gobierno y la separación de los poderes del estado, y sólo se mantiene en algunos países en que la democracia no está desarrollada como son China, Rusia, Cuba, Venezuela, Myanmar, Tailandia, y algunos países del medio oriente, en donde es clave tener el control efectivo de las armas para sostenerse en el poder.
En Chile hemos evolucionado desde la figura del gobernador general que a la vez era el capitán general y presidente de la Real Audiencia, a la situación actual en que los institutos armados están bajo la autoridad, pero no integrados, al ejecutivo. El presidente, que debe ser un civil, solo en caso de guerra asume la jefatura suprema de las fuerzas armadas, y designa y destituye a los comandantes en jefe y al jefe del estado mayor conjunto.
Para llegar a la situación actual pasamos por varios eventos en donde las fuerzas armadas se involucraron en la política como son por nombrar algunos, la Guerra Civil del 1891, los ruidos de sables del 1924, el Tacnazo de 1969, la participación de generales y almirantes en los gabinetes de Allende, el pronunciamiento o golpe militar del 1973 que derivó en un gobierno militar de un poco más de 16 años, y en tiempos más recientes, el Boinazo del 1993.
Considerando tanto las evidencias históricas sean propias o de otros, y la realidad que existe en países no democráticos y asumiendo que estamos de acuerdo en que las fuerzas armadas no deben participar en política, ¿la pregunta es cómo sostenemos la realidad de fuerzas armadas no participativas y no deliberantes más allá de los resguardos legales y constitucionales?
Partiendo de la base que estas cumplen con ser efectivas, eficientes y bien administradas, las debemos respetar por su rol de protección de la soberanía y de la independencia política, y por ende de la existencia de la democracia como sistema de gobierno, el desarrollo económico y el bienestar de los chilenos. Ese respeto debería implicar su buen remunerar, por el reconocer que su régimen de pensiones debe ser distinto producto de sus funciones, y que se entienda que tienen la capacidad de pensar, y por ende de opinar, lo que no es igual a deliberar, pero por, sobre todo, se debe evitar que sean usadas o capturadas por grupos de interés o partidos políticos que las requieran para acceder o permanecer en el poder, o usar para fines distintos a su naturaleza.
Richard Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente de AthenaLab
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
