El Mercurio de Valparaíso, miércoles 14 de agosto de 2019

En este medio se publicó una intervención telefónica realizada en el 2017 por la Dirección de Inteligencia del Ejército. Algunos puntos que conviene aclarar respecto de esta operación:

1) Sabemos que era una operación de intercepción legal, ya que estaba autorizada por un ministro de la Corte de Apelaciones designado para tal efecto.

2) Las operaciones de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad militar son secretas producto de la naturaleza misma de lo que se busca averiguar. Dado que son necesarias, pero a la vez se corre el riesgo de que pueden ser mal usadas, es que se les colocan controles como son las autorizaciones antes mencionadas y supervisión por parte de los tribunales y de una comisión de la Cámara de Diputados que existe para estos efectos.

3) Las operaciones de la DINE están bajo la responsabilidad del general a cargo de esa repartición, sin responsabilidad alguna para el CJE o su jefe de Estado Mayor. La DINE en estas materias es independiente y su control y supervisión está detallada en la Ley 19.974, también conocida como Ley de Inteligencia.

4) Aunque el CJE o el jefe de Estado Mayor tuviesen información, ellos no podrían comentar nada respecto de operaciones de inteligencia, ya que si lo hacen, se irían presos por hablar de cosas sujetas a reserva. Lo mismo aplica a todo integrante de la DINE, o de las organizaciones responsables de supervisarla.

5) Puede que esta operación en particular llame la atención a la opinión pública, pero lo mismo pasaría con cualquier operación de los servicios de inteligencia que llegarán a ser de conocimiento público. La naturaleza de los temas que se investigan dan perfectamente para guiones de películas.

Las operaciones de inteligencia son secretas y así deben quedar, pero a la vez debemos asegurarnos de que sean legales, autorizadas y supervisadas.

Richard Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente AthenaLab

Fuente: El Mercurio de Valparaíso

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