El Líbero, 3 de abril 2024
Las Fuerzas Armadas siempre van a estar del lado de Chile y los chilenos, pero necesitan de los chilenos la seguridad que no van a terminar tras las rejas cuando haya que aplicar la fuerza del Estado por la vía de las armas.
Muchos chilenos quedaron sorprendidos y quizás más que eso, impactados con el caso del soldado Robledo y los otros tres integrantes de esa unidad que se vieron afectados por procesos carentes de la más mínima y debida justicia. Mucho se escribió sobre ellos la semana pasada y espero que alguna reacción genere.
Uno esperaría que el tema no quede sólo ahí y algo pase después de este desesperado llamado a la acción y no pase de ser la novedad del minuto, ya que en concreto, a la fecha, el soldado Robledo está preso cumpliendo condena de 10 años, el capitán Faundez está preso en un regimiento esperando el resultado de un recurso de queja ante la Corte Suprema, que de no prosperar implica que vuelve a Colina a terminar su condena de 15 años. El cabo Arenas está preso en un regimiento esperando el resultado de un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que no lo están dejando recibir los beneficios por tener una condena de menos de 5 años. El único que está libre es el soldado conscripto Rojas debido a que tenía más días preso de lo que finalmente resulto su condena.
Uno esperaría que algunos apoyen financieramente el trabajo de la Fundación “Nos Importan”, que jóvenes abogados ofrezcan su tiempo y defiendan a nuestros militares y policías, o que pidamos a nuestros representantes en el Congreso que tomen acciones a nivel legislativo ya sea para evitar que ocurran nuevamente casos como estos, o bien liberen a quienes están presos o cumpliendo penas por circunstancias similares, como es el caso de los infantes de marina de Cañete.
Lo que pasa es que, si no hacemos nada, literalmente habremos aceptado un jaque mate por parte de la izquierda, uno que se construye después de múltiples jugadas que ellos han venido desarrollando desde hace más de 20 años, o bien desde que arrancó la reforma procesal penal en el año 2000, de la cual se han aprovechado para desarrollar una agenda garantista que apoya su estrategia Gramsciana.
Los integrantes de las Fuerzas Armadas necesitan de certezas de que no serán ellos, los buenos, los que van a terminar en la cárcel cuando el Estado de Chile los mande a realizar labores relacionadas con la seguridad pública y se deba usar la fuerza para cumplir con la consigna, sea en el resguardo de infraestructura crítica, estados de excepción constitucional, o resguardo de fronteras.
Lo anterior no es una ficción como lo demuestra el caso del soldado Robledo, el capitán Faundez y el cabo Arenas. Como ellos hay muchos otros casos más militares, marinos y carabineros que están presos o procesados por su participación en estados de emergencia, o los que antaño y producto de estar en servicio durante el gobierno militar, cumplen condenas en Punta Peuco, Colina y otros penales.
Digo jaque mate de la izquierda o autogol de la derecha porque enfrentamos una realidad en que tenemos muchos jueces de garantía que son en extremo garantistas con insurgentes, terroristas, criminales y delincuentes, pero que no aplican la misma vara para quienes sean militares o carabineros.
Tenemos un Ministerio Público que en buena parte y al igual que los tribunales de justicia está capturado por personas que tienen su corazón puesto en la izquierda, lo que queda claro en su actuar, las prioridades que tienen, y el trato que dan a quienes son o fueron uniformados, siendo su ejemplo más claro o portaestandarte, la persecución al general director de Carabineros y su antecesor, ambos por responsabilidad de mando durante el mal llamado “estallido social”.
Tenemos un Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que sólo defiende a los que ellos creen son las víctimas y jamás a un militar, el cual no tiene el más básico de los derechos humanos, que es recibir un proceso justo y humano, y que ante el primer desvío de uno de los suyos de lo que ellos creen correcto, lo atacan y destruyen en público, como es el caso de Sergio Micco, quien como jefe del INDH se negó a afirmar que hubo una violación sistemática de los derechos humanos de los chilenos por parte del gobierno de Piñera entre octubre y noviembre de 2019.
Tenemos procesos de justicia para nuestros militares y carabineros que no reconoce que están actuando como tales y bajo instrucciones del Estado de Chile, lo que implica que son juzgados como civiles y bajo la presunción de ser delincuentes o criminales, en lo que es un perfecto ejemplo de que los buenos son malos y los malos buenos, debiendo ellos ser juzgados por los tribunales especializados de la justicia militar, tribunales que a diferencia de lo que erróneamente piensan algunos, sí son parte del Poder Judicial, operan con reglas claras y precisas, pero que felizmente, no están capturados por la izquierda.
Tenemos reglas de uso de la fuerza que impiden el uso de la fuerza, que protegen a los criminales y delincuentes, y que permiten a quien quiera realizar actividades insurgentes, terroristas, criminales o delincuentes, tener la seguridad de que podrán actuar impunemente. Esto no es un tema de ahora, viene de antes. Es algo en donde los gobiernos sean de izquierda o derecha se han equivocado, equivocación que nace en no entender que las Fuerzas Armadas no son parte de la fuerza pública, y que cuando excepcionalmente se les emplea, es porque se debe usar la fuerza militar del Estado para imponer el estado de derecho y controlar o retomar el territorio.
Tenemos políticos que piensan que militares y policías por el hecho de usar uniforme y portar armamento son lo mismo, y que evitan asumir su responsabilidad política y judicial cuando disponen de estados de excepción constitucional o el empleo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, dejándolos solos e indefensos, a la merced del INDH, fiscales y jueces anti uniformados.
Tenemos políticos que bien no hacen los diagnósticos correctos, o bien buscan evitar resolver los problemas de fondo o no se atreven a resolverlos, o de cumplir su mandato constitucional de asegurar el orden público, lo que los lleva a un empleo incorrecto de la fuerza militar, como son el caso del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur en donde las cosas pueden estar más calmas, pero lejos de estar resueltas. O su uso ineficiente e ineficaz en las fronteras con Perú y Bolivia en donde si bien el control es mejor, a pesar de ello siguen ingresando inmigrantes ilegales, o lo que sería su eventual uso en labores de protección de infraestructura crítica, la que no requiere protección ya que no está amenazada, en lo que es un claro ejemplo de no entender nada y de malgastar los críticos y pocos recursos militares que tenemos. El ejemplo de diputados pidiendo que el matadero de Lo Valledor sea declarado infraestructura crítica deja más que claro que no saben de qué están hablando o dónde están parados.
Lamentablemente el jaque mate de la izquierda o el autogol de la derecha parece ser algo que no vamos a poder corregir por ahora. Se podría hacer si todos tomamos conciencia y actuamos ya, pero dudo que ello ocurra. De lo contrario habrá que esperar a que las cosas se pongan más feas y críticas para que el grito de Chile sea de tal magnitud para que las cosas cambien, y que, de ser requerido el apoyo de las Fuerzas Armadas, sea de forma tal que no sean ellos los que terminen en la cárcel y los malos en libertad.
Las Fuerzas Armadas no se van a prestar para esfuerzos, en que, al igual que el gato, sean ellas las que tengan que sacar las castañas del fuego con sus manos. Las Fuerzas Armadas siempre van a estar del lado de Chile y los chilenos, pero necesitan de los chilenos la seguridad que no van a terminar tras las rejas cuando haya que aplicar la fuerza del Estado por la vía de las armas.
Está claro que nadie ni menos las Fuerzas Armadas están por sobre la ley, pero otra cosa es que la ley juegue en contra y el sistema judicial atornille al revés.
Para terminar, espero que nuestros jóvenes abogados estén dispuestos a trabajar en el sistema judicial y no dejen los tribunales y el Ministerio Publico totalmente en manos de la izquierda. Sé que es mejor pagado y quizás mejor visto trabajar en los mejores estudios de abogados de la plaza, pero nada es gratis en este mundo y eso se paga tarde o temprano. Eso lo sabe la izquierda y en eso consiste el autogol de la derecha.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Líbero
