Nos enfrentamos a una amenaza de seguridad que requiere de una respuesta política y para eso urge que todas las instituciones del Estado y quienes las representan se pongan de acuerdo en qué es lo que tenemos al frente.
Con una votación de cuatro a uno el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento que buscaba la inconstitucionalidad de la CAM, Weichan Auca Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Resistencia Mapuche Lavkenche (RML). El motivo: considerar que supera las implicancias de que ese tribunal declare a estas agrupaciones como inconstitucionales, aludiendo a que sería un tema de la justicia penal.
Sorprende el argumento, pues en el artículo 19 no. 15 de la Constitución se menciona que “son inconstitucionales partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.”
Héctor Llaitul, líder de la CAM, en mayo pasado llamó a “preparar la resistencia armada” frente a la propuesta de Estado de Excepción intermedio que planteaba el gobierno. En diciembre del 2021 llamó al “pueblo Mapuche rebelde a seguir resistiendo y a reivindicar la violencia como instrumento legítimo de nuestra lucha”; en esa misma ocasión pidió “crear las bases para la emancipación definitiva multiplicando los chem e intensificando el control territorial para lograr zonas liberadas del poder winka”. Si esto no es usar la violencia, incitar a ella como método de acción política y no respetar los principios básicos del régimen democrático, entonces ¿qué es?
El problema es profundo y supera a la justicia penal. Nos enfrentamos a una amenaza de seguridad que requiere de una respuesta política y para eso, urge que todas las instituciones del Estado y quienes las representan se pongan de acuerdo en qué es lo que tenemos al frente. En otras latitudes una conversación como esta no tendría sentido, pues reconocen la amenaza y se unen para combatirla. En Chile, aún no se ponen de acuerdo sobre cuál es la amenaza. ¡Y qué mejor ejemplo que la presidenta del Tribunal Constitucional!
Nancy Yáñez, presidenta del TC votó en contra del requerimiento. Claro que puede hacerlo, nadie dice lo contrario; el problema es que como directora del Centro de DD.HH. de la Universidad de Chile en 2020 afirmó que “no cabe ninguna duda que los líderes mapuches están presos en función del contexto político en el que han sido sistemáticamente vulnerados los derechos del pueblo Mapuche”. Entonces, con ese pensamiento, ¿cómo puede votar de manera objetiva un requerimiento contra las organizaciones de esos líderes que ella dice están presos por el contexto político?
Un ingrediente adicional: todas las agrupaciones que se buscaba declarar inconstitucionales se han adjudicado ataques a maquinaria, atentados incendiarios y otros actos violentos contra la comunidad. Sus integrantes están presos por esos actos, no por pensar de una cierta manera.
Entonces, si la Constitución es la ley fundamental que permite el ordenamiento y acción del Estado y los miembros del TC quienes deben velar por ella, pero votan en contra de un requerimiento tan importante, como diría un personaje de la infancia de muchos “ahora ¿quién podrá defendernos?”
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
