El Mostrador, 4 de noviembre 2022
Existen argumentos de sobra y con suficiente peso para iniciar un proceso de discusión y deliberación para generar una institucionalidad de seguridad nacional. La Ley de Inteligencia lleva años durmiendo en el Congreso por falta de voluntad política. Es cierto que para mejorar no se necesita de nuevas leyes sino de gestión de calidad y aprovechar los espacios no utilizados que la actual ley permite, pero junto con una gestión de calidad se necesita revisar, rediseñar y construir una institucionalidad de seguridad nacional para Chile en el siglo XXI. Sin ella, estaremos expuestos a dar palos de ciego, sin orientación ni dirección, en materias que representan una preocupación preponderante, prioritaria y urgente de nuestros conciudadanos.
El editorial de El Mostrador del 02 de noviembre nos plantea un desafío como país en un tema que es complejo, delicado y muy relevante. En efecto, si hay un área del quehacer nacional que está mal diseñada, que es ineficiente y que no da el ancho en respuesta a lo que tiene que producir, es la seguridad nacional, de la cual la inteligencia es una rama. La inteligencia o, mejor dicho, la falta de ella, en oportunidad y calidad, es una manifestación de un problema más serio. No es el problema en sí, sino el síntoma de que tenemos que enfrentar el diseño y arquitectura de seguridad nacional como un sistema, coherente, sinérgico y eficaz, desprovisto de ideologías y cegueras; sin mitos ni voluntarismos, sino centrados en las realidades actuales del país y su proyección hacia el futuro. Un sistema clave en la conducción política del Estado.
Nos hace falta una institucionalidad que trabaje la seguridad del Estado de Chile en forma profesional y permanente. Por supuesto que bajo la conducción política del Gobierno democráticamente elegido, pero centrado en la premisa de que nadie quiere destruir al Estado, sino que velar por su continuidad. La conducción política, en lo que a seguridad nacional se refiere, se materializa en el establecimiento de intereses nacionales (que son de orden conceptual, declarativos, amplios en sus alcances y largos en los plazos) y objetivos nacionales (que son más específicos, de menores plazos y que deben llevar una métrica de cumplimiento asociada).
Estos dos elementos son claves, pues constituyen las riendas políticas de conducción de la inserción de nuestro país en el mundo, de nuestras relaciones exteriores y de la defensa nacional. Intereses y objetivos nacionales permiten el trabajo coordinado de todos los instrumentos de poder e influencia del Estado –Hard, Soft y Smart Power–, alineados en forma sinérgica para el logro de los objetivos. La inteligencia no está ajena a esta conducción política. Depende de ella. Con recursos siempre escasos, es necesario priorizar los esfuerzos de producción de inteligencia, y la definición de intereses y objetivos nacionales cumple ese rol. Si no sé para dónde voy, nunca sabré cuál es el viento favorable y cuáles son los peligros y riesgos que enfrentaré. Esto que digo no es nada nuevo, es la principal misión de los gobiernos corporativos de las grandes empresas que se traduce en la planificación estratégica de desarrollo. El problema que tenemos es que en el nivel del Estado de Chile nadie está cumpliendo esa función.
Cuando planteamos que necesitamos diseñar una arquitectura de seguridad nacional ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una institucionalidad de carácter permanente, una imagen espejo de lo que conocemos como el “segundo piso”. El segundo piso tiene la tarea de asesorar y cooperar con el Jefe de Estado en la conducción política. Recibe un programa de gobierno y analiza, coordina y planifica el cumplimiento de dicho programa, la evaluación de su avance y, por supuesto, asesora también en la contingencia para producir un proceso de toma de decisiones políticas razonadas y razonables, orientadas en el programa de gobierno que el Presidente planteó a la ciudadanía, como alternativa democrática, cuando sometió su candidatura a votación popular.
Lo que estamos planteando como necesidad es que haya una organización equivalente, pero preocupada de los riesgos y amenazas, de las fortalezas y debilidades de otros actores que pueden o quieren afectar nuestros intereses o que se oponen al cumplimiento de nuestros objetivos nacionales. La producción de información útil para la toma de decisiones políticas, en forma oportuna para contrarrestar los riesgos y amenazas y para aprovechar las oportunidades, son una necesidad para un país que en el siglo XXI depende de la globalización y de su inserción en el mundo, para su desarrollo, bienestar y seguridad.
Este nuevo diseño deja en el pasado la separación entre amenaza externa e interna y se preocupa de los efectos que los riesgos y amenazas tienen para nuestra sociedad, independientemente de la ubicación física de la organización o las personas. Importa poco dónde esté ubicado físicamente un hacker, lo que sí importa es tener información oportuna para desarrollar capacidades de respuesta y en esa respuesta integrar toda la capacidad y poder del país. Los intereses y objetivos nacionales de Chile, en un mundo global e interconectado, están ubicados dentro y fuera del país. Somos dependientes de nuestro comercio exterior y del sistema mundial de transporte marítimo. Nos importa lo que pasa en China, como también en el canal de Panamá o el estrecho de Malaca. De nada nos sirve ser uno de los principales productores de cobre y de litio en el mundo, si no somos capaces de llegar a los mercados con nuestros productos.
Asimismo, pese a los esfuerzos por mejorar nuestra capacidad de generación de energías no convencionales renovables, queramos o no, nuestra dependencia energética del exterior es casi total. Nuestro intercambio económico con Asia Pacífico es vital para el país, dando cuenta de casi la mitad del comercio exterior que sostiene a nuestra economía y el bienestar de nuestra población. Nuestras prioridades tienen que estar puestas allí donde están nuestras realidades, las que –como anteriormente dijimos– pueden estar dentro de Chile, como es el caso de la Macrozona Sur, o bien en las fronteras que nos separan de Perú y Bolivia, o en la extensa frontera que tenemos con Argentina, o fuera de Chile, debido a nuestra realidad de país abierto al mundo.
Existen argumentos de sobra y con suficiente peso para iniciar un proceso de discusión y deliberación para generar una institucionalidad de seguridad nacional. La Ley de Inteligencia lleva años durmiendo en el Congreso por falta de voluntad política. Es cierto que para mejorar no se necesita de nuevas leyes sino de gestión de calidad y aprovechar los espacios no utilizados que la actual ley permite, pero junto con una gestión de calidad se necesita revisar, rediseñar y construir una institucionalidad de seguridad nacional para Chile en el siglo XXI. Sin ella, estaremos expuestos a dar palos de ciego, sin orientación ni dirección, en materias que representan una preocupación preponderante, prioritaria y urgente de nuestros conciudadanos.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Mostrador
