El Mostrador, 7 de mayo 2024
Es hora de que por fin comprendamos que nuestros adversarios –porque eso es lo que son– no tienen respeto por la vida humana y que la solución a este problema no es militar, sino que política y social.
A propósito del lamentable asesinato de tres carabineros en la macrozona sur se han escrito varias ideas y opiniones, buscando por una parte respuestas a tan macabro atentado, como también lo que varios expertos en seguridad y políticos consideran como necesario para resolver este problema. Por cierto, este evento marca una nueva “línea roja” que afecta la vida del país, lo deprime y, de paso, nos permite entender el terror con que compatriotas viven el día a día.
Digo “nueva línea” a propósito, porque lamentablemente nos hemos ido acostumbrando, desde el terrible asesinato de la familia Luchsinger-Mackay, a una serie de eventos cada vez más violentos. El valor de la vida, que hace solo un par de años era altísimo en este país, ha ido cayendo en picada, donde matar por diferencias de opinión, e incluso por diferencias deportivas, está pasando a naturalizarse, y no es necesario decir que esto es peligroso para el Estado de derecho.
Volviendo a los asesinatos de los tres mártires de Carabineros, creo que todavía se puede aportar en algo. La ministra Tohá, en recientes declaraciones a Radio Bío-Bío, señalaba que el “riesgo del patrullaje era superior al esperado” y que, si se hubiese sabido eso, entonces esos carabineros debiesen haber ido acompañados. Lo que dice es de toda lógica, al menos para quienes no estamos directamente involucrados, en forma activa, en la defensa y seguridad de ese lugar. De sus comentarios se desprende una suerte de crítica, y quizá hasta una autocrítica, de que el Estado debió haber hecho más.
Lamentablemente, a mi parecer, aunque loable, su lógica parece equivocada. En efecto, el terrorismo, porque eso es lo que está ocurriendo en el sur, independientemente de los eufemismos de algunos, actúa en forma cobarde. Tiene razón la ministra en decir que si esos carabineros hubieran ido acompañados por militares, es muy probable que no los hubiesen atacado; en cuyo caso, la respuesta es que cada carabinero en la zona debe entonces ir acompañado de algún militar, lo que resulta casi imposible. El terrorista normalmente actúa sobre seguro, buscando efectos mediáticos importantes con un riesgo más bien menor para ellos.
Entonces, si no hubiera sido esta patrulla, hubiese sido otra. Quizá estos tres carabineros fueron víctimas del propio éxito que el Gobierno argumenta estar teniendo en la zona. En efecto, pareciera que los números de atentados estaban bajando sostenidamente, gracias a la estrategia de seguridad que han implementado los respectivos jefes de la Defensa, en coordinación con los gobiernos locales y autoridades regionales.
El problema es que esa aproximación, aunque eficaz, no es sostenible en el tiempo, porque el terrorista se adapta. La solución, a mi parecer, pasa por una estrategia de seguridad que incluya definitivamente al Estado de Chile como un todo, con nuevas capacidades, y no solo al Gobierno de turno.
Esta estrategia integral, que por cierto debe estar al más alto nivel del Estado, debe volver a poner al centro de la discusión el valor de la vida. Esos jefes de la Defensa y las mujeres y hombres a cargo deben sentir, en forma real, que tras ellos está todo el peso del Estado a su favor, ese mismo peso lo deben sentir terroristas y narcotraficantes, pero sobre ellos, de manera que, tomar una vida por sus manos, tenga la más severa sanción social, y ojalá esta sea pronta y oportuna. Esa coordinación de los poderes del Estado definitivamente no está al nivel de los jefes de la Defensa. No debemos ser injustos con ellos, porque si bien es correcto escandalizarnos frente a estos hechos, lo que nunca se dice es que sus acciones diarias han evitado muchos más atentados.
Es hora de que por fin comprendamos que nuestros adversarios –porque eso es lo que son– no tienen respeto por la vida humana y que la solución a este problema no es militar, sino que política y social, y que el Estado debe involucrarse en forma integral para solucionar el problema. Ojalá la discusión en el Congreso sobre seguridad llegue a buen puerto, y que el último atentado sea realmente la última línea roja.
Ignacio Mardones
jefe de relaciones institucionales en AthenaLab
Fuente: El Mostrador
