El Mostrador, viernes 19 de marzo 2021
Para los que todavía piensan que el comunicado del Ejército emitido después del último atentado contra el monumento a Baquedano y el soldado desconocido fue un acto inconstitucional, se recomienda lean la definición y sinónimos de deliberar, lo cual no es igual a expresar la disconformidad con un hecho que ellos estimaron que los afectaba profundamente. Puede ser que podrían haber usado palabras diferentes para expresar lo mismo, pero otra cosa es asumir que estamos frente a una institución deliberativa. Esto último es particularmente importante si es que seguimos por la ruta de ir involucrando más y más a las Fuerzas Armadas en temas de orden público y Seguridad Interior, los que evidentemente son asuntos de alto contenido político, y en donde cualquier opinión de los jefes institucionales puede ser malentendida e interpretada como un acto fuera de la Constitución y las leyes.
En tiempos recientes de Chile no estamos acostumbrados a que las Fuerzas Armadas tengan un alto protagonismo, pero lamentablemente las circunstancias políticas y sociales por las cuales estamos atravesando desde hace aproximadamente 18 meses las ubican en el centro del huracán. Lo normal es que, aparte de los temas que les son propios, se les vea apoyando esfuerzos relacionados a las catástrofes e incendios forestales que de tiempo en tiempo nos golpean, o bien apoyando las zonas extremas de Chile o trabajando en la Antártida, pero no desarrollando labores de Seguridad Interior y orden público, algo que es propio a las policías y agencias del Estado dedicadas a esos temas, y que las instituciones terminan apoyando ya sea por sus capacidades polivalentes o bien porque así está establecido en la Constitución, en lo que se refiere a su participación en estados de excepción constitucional.
Este excesivo protagonismo recuerda no solo el periodo del Gobierno militar, sino también los años previos al 11 de septiembre del 1973, en donde los autoridades de la época fueron involucrando en forma creciente a los uniformados en aspectos políticos y policiales, producto del desorden político que se vivía y que llegó a significar la presencia regular de los altos mandos en el gabinete presidencial, algo dispuesto por el Ejecutivo y no solicitado por generales y almirantes.
La verdad es que esta nueva realidad viene de un poco antes. Todo comenzó con el Decreto 265, que dispone la colaboración de las instituciones militares a las policías en la frontera norte en el control al narcotráfico que se infiltra a Chile por esa extensa parte de la geografía del país, desde Perú y Bolivia. Hasta ahí todo bien, ya que la Contraloría estuvo de acuerdo y se trataba de operaciones de soporte en la frontera, algo que tiene un cierto sustento lógico por ser la frontera.
Al poco tiempo, se les pide actuar bajo un régimen de estado de excepción constitucional, pues el 19 de octubre de 2019 se decreta Estado de Emergencia, producto del estallido social ocurrido el día anterior. Estuvimos 10 días en esa condición y la conclusión de instituciones fue que, excepto casos excepcionales, tuvieron un muy buen comportamiento, pero que no disponían de las reglas de uso de la fuerza (RUF) adecuadas a las circunstancias que vivimos en Chile en esos días.
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Eso fue algo que se le dejó muy claro al Gobierno y motivo de discusión cuando vino la idea de que también asumieran roles en la protección de la infraestructura crítica, una iniciativa que tomó fuerza producto de lo ocurrido en el estallido social y que, después de todo este tiempo, aún no logra su aprobación en el Congreso. Aquí otra vez se les pidió a las Fuerzas Armadas tomar nuevos roles, pero que no eran salvables por la vía de un decreto y debían ir al Parlamento, ya que requerían una modificación constitucional. Obviamente las instituciones entendían el problema del Gobierno, pero no compartían el hecho de ser parte de la solución, por no ser un rol primario de estas y una expansión de tareas en el ámbito de la Seguridad Interior.
De ahí nos fuimos al estado de excepción que generó la pandemia, el cual lleva un año vigente y en donde se sabe que le faltan otros 90 días después de la aprobación que le dio el Congreso en forma mayoritaria. De este tema se ha escrito mucho, pero, desde la perspectiva de esta columna, lo más destacable es tener a las Fuerzas Armadas desplegadas durante un largo tiempo atendiendo labores policiales, de control sanitario, logística y de administración de los servicios del Estado dedicados a atender las necesidades de la ciudadanía. Nuevamente nada que ver con sus labores primarias, y llama la atención que no existan otras formas de atender el impacto de la pandemia que no sea a través de un estado de excepción constitucional que no implique a las FF.AA y la designación de Jefes de la Defensa Nacional (JDN) para todo el territorio nacional, dejando la sensación de que todos los problemas en Chile necesitan de una solución militar.
La solución militar para todo se profundizó más aún con el pedido de que las instituciones uniformadas apoyaran a las policías en el control de la inmigración ilegal de origen venezolano, que busca entrar a Chile nuevamente desde Perú y Bolivia, cosa que se solucionó con la ampliación del Decreto 265, el que nuevamente recibió el visto bueno de la Contraloría.
La guinda de la torta es la idea de varios, respecto a que las Fuerzas Armadas se involucren en el conflicto que existe en la Macrozona Sur, la cual está viviendo eventos de violencia y de actos terroristas acompañados de delitos y actividades ilegales. Claramente las soluciones son primariamente políticas, económicas y policiales, pero no militares, ya que estas últimas no tienen por misión atender temas de Seguridad Interior, a no ser que haya un estado de excepción vigente que exija su uso, pero, así y todo, los expertos en la materia y la experiencia comparada de otros países indican que el uso de soluciones militares para problemas policiales y políticos no es el más adecuado. Ojalá no prospere la idea de expandir el Decreto 265 a La Araucanía y, por esa vía, buscar aumentar su apoyo a Carabineros, y en el caso de que sí avance la iniciativa, que no tenga como resultado el involucramiento de lleno de militares e infantes de marina en labores propiamente policiales.
Uno de los temas que se observa producto de la experiencia del último año y medio, es la falta de conocimiento y la inexperiencia del estamento político en cuanto a entender la forma de operar de las Fuerzas Armadas, las leyes y reglamentos que las rigen, las limitaciones con las cuales operan, y que su diseño organizacional, equipamiento y doctrina no están diseñados para atender problemas de Seguridad Interior, sino para la defensa de la soberanía, territorio y el interés nacional donde sea que esté ubicado. Las FF.AA. no son igual a policías con mayores capacidades bélicas. Sí es correcto que tienen armamento más sofisticado, pero que no está diseñado para perseguir delincuentes y, si no creen, es cosa de preguntarles a las tropas de USA cómo les fue al tratar de controlar revueltas en Iraq y Afganistán con tanques y aviones de combate.
De seguro llegó la hora de tener civiles preparados en materias de defensa, ya que quizás, de esa forma, generales y almirantes no tendrían que ir a las reuniones acompañados de sus asesores jurídicos, y nos evitaríamos malentendidos y diálogos de sordos.
La única tranquilidad que se observa, aparte de la forma en que se conducen los integrantes de los institutos armados, es el comportamiento ejemplar y liderazgo del ministro de Defensa, Baldo Prokurica, que demuestra entender cómo deben ser las cosas y no ha perdido oportunidad de ponerlas en su lugar y colocar la pelota al piso. Sus años de experiencia en las comisiones de Defensa de la Cámara y del Senado son evidentes en la forma en que aproxima los problemas y la tranquilidad con que actúa. Se nota que sabe y no deberíamos tener problemas con el empleo de las instituciones armadas mientras él esté a cargo, y algo similar deberíamos esperar del nombramiento de Pablo Urquízar, el nuevo delegado presidencial para la seguridad de la Macrozona Sur, ya que sus años en el Ministerio de Defensa de seguro lo ayudarán a entender las limitaciones de las soluciones militares, y que debe buscar el uso de otros instrumentos del poder nacional para los problemas que tienen a La Araucanía en llamas.
Y para aquellos que no entiendan aún la lógica y forma de pensar militar, recomiendo ver el texto del Juramento a la Bandera, el cual pone un claro acento en que, bajo cualquier circunstancia, haga lo que se haga, siempre será conforme a las leyes y reglamentos vigentes.
“Yo, (nombre, grado, etc.) juro por Dios y por esta Bandera, servir fielmente a mi Patria, ya sea en mar o en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario; cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi Patria”.
Y para los que todavía piensan que el comunicado del Ejército emitido después del último atentado contra el monumento a Baquedano y el soldado desconocido fue un acto inconstitucional, se recomienda lean la definición y sinónimos de deliberar, lo cual no es igual a expresar la disconformidad con un hecho que ellos estimaron que los afectaba profundamente. Puede ser que podrían haber usado palabras diferentes para expresar lo mismo, pero otra cosa es asumir que estamos frente a una institución deliberativa. Esto último es particularmente importante si es que seguimos por la ruta de ir involucrando más y más a las Fuerzas Armadas en temas de orden público y Seguridad Interior, los que evidentemente son asuntos de alto contenido político, y en donde cualquier opinión de los jefes institucionales puede ser malentendida e interpretada como un acto fuera de la Constitución y las leyes.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente de AthenaLab
