El Líbero, 8 de marzo 2024
Cuando hablamos de crimen organizado las diversidades sexuales y los antecedentes indígenas importan sólo a quienes tienen una agenda política.
El artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la Republica afirma que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados”, que los “hombres y mujeres son iguales ante la ley” y que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. En teoría es de conocimiento popular que la ley se aplica de igual forma para todos. Pero, pareciera que esto es sólo en teoría pues esta semana una autoridad política ha propuesto una indicación que apunta a la aplicación diferenciada de la ley que regula las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en caso de mujeres, diversidades sexuales e indígenas, entre otros.
La discusión parlamentaria sobre las RUF no ha estado exenta de polémicas. Primero, por lo que se entendía por proporcionalidad y racionalidad y la interpretación política que grupos oficialistas hacían de esos conceptos. Pero ahora el debate se ubica en otro nivel, uno más ideológico y que olvida que la ley no puede ir en contra de lo estipulado en la Constitución.
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Actualmente se discute sobre las reglas del uso de la fuerza, se debatió sobre la legítima defensa y sobre las usurpaciones, se espera conversar sobre inteligencia y se está ad-portas de la creación de un nuevo ministerio por la crisis de seguridad que vive el país.
El incremento en la tasa de homicidio de la mano de asesinatos por encargo, el empeoramiento de las condiciones en la frontera por el ingreso de grupos criminales como el Tren de Aragua, los secuestros y las extorsiones han elevado el temor de los chilenos y demostrado que a la hora de hablar de crimen organizado no existen diferencias por sexo, edad o nacionalidad. Mujeres liderando grupos criminales nacionales como Sabrina la narco-influencer, adultos mayores involucrados en balaceras por su rol en el tráfico de drogas local y adolescentes transformados en soldados del narco ya son parte del panorama de seguridad nacional. Entonces, si es así, ¿por qué debemos conversar sobre una aplicación diferenciada de la ley por sexo, edad y nacionalidad? ¿No será mejor que los tomadores de decisiones en vez de enfocarse en materias ideológicas lo hagan en lo realmente importante?
Detrás del proyecto sobre las RUF hay un debate mucho más profundo que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y su misión constitucional.
El Estado tiene múltiples instrumentos para responder a los desafíos, discutir sobre su uso es legítimo, pero el debate debe considerar los elementos de fondo. Cuando hablamos de crimen organizado las diversidades sexuales y los antecedentes indígenas importan sólo a quienes tienen una agenda política pues, para los criminales, esos temas no son relevantes. Lo único importante es afianzar el negocio ilícito y hacerlo crecer. Y si deben usar la violencia lo hacen, pero sin uso diferenciado.
Es hora de llamar las cosas por su nombre y asumir que en la discusión sobre seguridad las agendas políticas han sido protagonistas, empañando un debate urgente que, de ser politizado, sólo empeora la situación.
Pilar Lizana
Investigadora senior AthenaLab
Fuente: El Líbero
