No corresponde poner en duda si la delincuencia será enfrentada desde la democracia, pues ésta también es víctima de la crisis de seguridad.
La aprobación de la Ley Naín-Retamal en la Cámara de Diputados ha planteado un debate político entorno al accionar de la policía que llevó, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a hablar de una inclinación “desproporcionada hacia Carabineros” y a afirmar que “la delincuencia debe ser enfrentada desde la democracia y el resguardo de los Derechos Humanos”.
Algunos quieren politizar el debate sobre seguridad, retrocediendo al discurso de los excesos que acompañó a la discusión pública durante el estallido social, reduciendo a una problemática ideológica una situación que no responde a la lógica política y que requiere de acciones responsables por parte del Estado: el avance de la violencia y el crimen organizado en el país.
No corresponde poner en duda si la delincuencia será enfrentada desde la democracia, pues ésta también es víctima de la crisis de seguridad, la que ha llegado tan lejos que tiene a parte de la población dispuesta a ceder libertades por seguridad, siendo que ésta es la que permite el ejercicio de esas libertades y el desarrollo de la democracia.
La muerte de la suboficial Mayor Rita Olivares el fin de semana permitió avanzar en proyectos como la Ley Naín-Retamal que entregan garantías a Carabineros. No los protegen de hechos como el ocurrido a la suboficial Olivares, pero sí muestran un compromiso distinto con la labor de la policía.
Es justamente ese compromiso el que no es bien recibido por un grupo de la clase política que orienta el discurso al posible abuso, lo que tiene que ver más bien con la interpretación que dan al control de orden público al asociarlo con represión.
Por ejemplo, esas voces, son las mismas que en el caso del joven que cayó al Mapocho en medio de una manifestación, no esperaron para acusar a la policía de excesos y mantuvieron absoluto silencio cuando se demostró que el actuar del efectivo de Carabineros era de detener y apresar. Las mismas que hoy no se demoran en reclamar contra la legítima defensa, pero que olvidaron la presunción de inocencia que quedó registrada con los videos periciados y que echaron por tierra la hipótesis del homicidio frustrado en el caso de la persona que cae al lecho del río.
La desconfianza absoluta de las instituciones no es buena para la democracia, tampoco lo es una confianza ciega. Se requiere una mirada balanceada que sea capaz de fortalecer la institucionalidad y que al mismo tiempo sancione a quienes cometen faltas. Las instituciones están formadas por personas y las personas no somos perfectas, pero no es posible confundir a la institución con los seres humanos que la integran.
Las instituciones trascienden a sus integrantes y de su buena salud va a depender el desarrollo de un contexto de paz. De ahí que los avances que se realicen en fortalecerlas siempre van a ser positivos. Las voces de la desconfianza no las podremos callar, pero eso no significa que no podemos alzar las nuestras para proteger la institucionalidad y valorizar los esfuerzos que sus integrantes realizan a diario a costa de sus vidas, sólo por proteger la de otros.
Pilar Lizana
investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
