Cuando los Estados de Excepción se prolongan, el mismo Ejecutivo comienza a saltarse las reglas que supuestamente regulan las atribuciones de los jefes de la Defensa, y comienzan a aparecer nuevamente los ministros, intendentes, los seremis y así muchos más, confirmando que el Estado de Excepción es y no es, o lo es solo cuando conviene a unos y otros, haciendo difícil saber quién está a cargo y quién es el responsable. Quizás es hora de ordenar las cosas y que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles y, de ser necesario su apoyo en temas logísticos, que así sea, pero no con responsabilidades ejecutivas y administrativas más allá de lo que es propio a los institutos armados, y que más bien son propias de los intendentes y del resto del aparato administrativo del Estado.
Tienen razón en indicar los abogados del ministro del Interior que él no es responsable por los temas de orden público durante un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. Los responsables son los Jefes de la Defensa Nacional, designados por el Presidente para la República para tal efecto. Los jefes de la Defensa reportan directo al Presidente, no teniendo en estas funciones reporte alguno a sus respectivos comandantes en Jefe o al ministro de Defensa, por lo que tampoco le caben responsabilidades a Mario Desbordes y, antes de él, a Alberto Espina.
Si fuera tan simple, esta columna termina aquí, pero no lo es. El problema que tenemos hoy en día es que llevamos casi siete meses y medio con un Estado de Excepción, el que como, bien indica, es de excepción y no permanente, y en eso reside la base del problema que nos lleva a la pregunta de quién está legalmente a cargo en Chile de la administración del Estado durante un Estado de Excepción: ¿los ministros, los intendentes, el Minsal y su equipo, o los jefes de la Defensa?
Los Estados de Excepción constitucionales están pensados para ser excepciones cortas en donde un jefe de la Defensa asume a cargo de la administración de las funciones del Estado en una de las regiones de Chile. En ese rol tiene obviamente la responsabilidad por el orden público, además de hacerse cargo de lo específico que gatilló la excepción constitucional.
El diseño del rol de los jefes de la Defensa y los equipos humanos y recursos que se les asignan están pensados para atacar la contingencia si es un Estado de Catástrofe, o bien el orden público si es un Estado de Emergencia o de Sitio, pero no están pensados para que además tengan que hacerse responsables por la operación del comercio, o para resolver los problemas de base de una región, como pueden ser los efectos de la sequía, los problemas y paros de los transportistas, la inseguridad de las carreteras, la insurgencia en La Araucanía, y de cuanto problema tenemos en nuestro país.
Para los problemas fundamentales están el Presidente de la República, su equipo ministerial de Gobierno y toda la administración del Estado, pero no deben estar para ello los generales y almirantes que se les ha designado para ser jefes de la Defensa, los que solo deben realizar funciones de este tipo por periodos excepcionales y cortos, y no por periodos excepcionalmente largos y permanentes.
Los problemas que complican al ministro Víctor Pérez y que se les quieren asignar a los jefes de la Defensa son problemas que van más allá de la catástrofe sanitaria que generó el COVID-19, pero que basados en el tecnicismo de estar en un Estado de Catástrofe y, por ende, de responsabilidad de algunos generales y almirantes específicos, es una canallada, toda vez que el propósito del Estado de Excepción es la pandemia y su control y no los paros de los camioneros y la actividad de los insurgentes que están complicando las cosas en la Octava y Novena regiones.
Cuando los Estados de Excepción se prolongan, el mismo Ejecutivo comienza a saltarse las reglas que supuestamente regulan las atribuciones de los jefes de la Defensa, y comienzan a aparecer nuevamente los ministros, intendentes, los seremis y así muchos más, confirmando que el Estado de Excepción es y no es, o lo es solo cuando conviene a unos y otros, haciendo difícil saber quién está a cargo y quién es el responsable.
Quizás sea hora de ordenar las cosas y que las Fuerzas Armadas vuelvan a los cuarteles y, de ser necesario su apoyo en temas logísticos, que así sea, pero no con responsabilidades ejecutivas y administrativas más allá de lo que es propio a los institutos armados, y que más bien son propias de los intendentes y del resto del aparato administrativo del Estado.
Quizás es hora también de revisar los Estados de Excepción constitucionales y de ser más modernos. Si miramos lo que ocurre en otros países, no se necesitan generales y almirantes para manejar una contingencia médica, la que es y debe ser dirigida con recursos del Minsal y, de ser necesario apoyo, las Fuerzas Armadas lo pueden hacer en ámbitos donde su polivalencia se los permite, pero que no debe ser en orden público, ya que para eso están las policías, las que están entrenadas, capacitadas y equipadas para desempeñarse en ese rol.
Al final del día el mensaje es que, si no respetamos el propósito y diseño de lo Estados de Excepción, podemos comprarnos problemas más complejos o terminar asignándoles las culpas a los que no corresponde. Es hora de que los ministros sean secretarios de Estado; los intendentes, los administradores de las regiones; las policías, las responsables por el orden público, y las instituciones armadas sean las instituciones responsables por la defensa y protección de la soberanía y de los intereses nacionales.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente de Athenalab
