El Líbero, sábado 26 de noviembre 2022
Deberíamos avanzar hacia una actualización de la legislación que nos permita perseguir a todo tipo de empresas criminales, no solo a las de narcotráfico.
A propósito de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado del lunes próximo, donde se escuchará a la ministra de Justicia y al candidato a fiscal nacional, los distintos actores políticos se han mostrado expectantes especialmente sobre cómo se enfrentará el narcotráfico. Sin duda que ese es un tema que preocupa en nuestro país, pero también hay otros que, si bien no tienen que ver con el tráfico de drogas, son una amenaza importante para nuestros sectores productivos. El robo de cobre, madera y pescados significa un mercado paralelo de más de 200 millones de dólares al año, una estructura delictual integrada en los distintos eslabones de la producción de la materia prima y el uso de violencia derivado del acceso a armas y del mejor conocimiento criminal de las bandas.
El año 2020 marcó un punto de inflexión en esta materia. Esos mercados paralelos, que venían creciendo desde 2018, se consolidaron, incorporaron cada vez más violencia y demostraron un mayor grado de coordinación y diferenciación de roles y funciones.
Como país exportador de materias primas no podemos permitir que esta situación avance. El cobre representa el 11% del PIB, la madera el 2,1% y los pescados otro tanto, además de todo el empleo que generan, tanto directo como indirecto. El problema es de privados, argumentan algunos, pero ¿qué pasa con la afectación de infraestructura crítica cuando se roban los cables de cobre, o con la inseguridad en la macrozona sur derivada de las mafias madereras, o con la salud pública cuando las organizaciones criminales venden salmón en mal estado? El desafío es para todos.
El trabajo público-privado en esta materia es fundamental, pero debe venir acompañado de un debate legislativo que actualice las normas al nuevo escenario. Cuando hablamos de robo de salmón o madera o cobre, las penas por hurto o robo no son suficientes. Detrás de ese delito existen facturas falsas, empresas de papel e intermediarios que blanquean el producto. Estamos hablando de algo mucho más complejo que la sustracción de un bien. En ese sentido, la ley de robo de madera contribuyó bastante con nuevas técnicas investigativas y con el nuevo enfoque que se le dio al problema, pero es necesario ir más lejos, pues no es solo la madera. Deberíamos avanzar hacia una actualización de la legislación que nos permita perseguir a esas empresas criminales, a todas. Requerimos de un sistema de inteligencia que modele y permita anticiparse al delito y una estrategia que mire más allá de las drogas.
El nuevo fiscal tiene una difícil prueba, sobre todo si incorporamos estos nuevos elementos y avanzamos hacia una reflexión de hasta dónde ha penetrado el crimen organizado en Chile. Pero la tarea no es sólo de él, pues son todos los poderes del Estado los que deben estar a la altura, trabajando de manera integrada y coordinada. El objetivo: imprimir un nuevo enfoque de seguridad que responda a esa difícil prueba.
Pilar Lizana
Investigadora AthenaLab
Fuente: El Líbero
