COLUMNA | Chile siempre debe estar primero

El debate público en cuanto al caso Monsalve ha estado centrado en los alcances políticos del asunto, en qué tan coherentes fueron las declaraciones del Presidente, el rol de Carolina Tohá, y la larga lista de asesores que supieron del tema y no denunciaron. Sin embargo, hay una reflexión que no se puede dejar pasar y es aquella sobre el impacto que tiene para el Estado y la confianza que los ciudadanos tienen él una situación como esta.

Trabajar en el Estado va mucho más allá de las funciones específicas que esas personas tienen que cumplir. El compromiso con la institución, el aporte a un país completo y la ética que ese funcionario debe tener son materias fundamentales. Los funcionarios públicos, de confianza y servicio civil, no son varillas independientes unas de otras, sino que forman un conjunto donde todas permiten materializar esa entelequia que la teoría ha definido como Estado.

Esa persona que recibe la documentación en la oficina de partes, el que genera los análisis para la toma de decisiones o quien atiende a los chilenos en cualquier oficina del Registro Civil hacen visible a ese abstracto teórico que cobra vida con el Contrato Social y, en ese panorama, una cadena de decisiones irregulares como las observadas en el último tiempo no tienen cabida.

Las lealtades mal entendidas y el abuso de poder sólo contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos en que el Estado se hará cargo de la seguridad, del desarrollo y del bienestar. Algo, en lo que hoy por hoy está reprobando.

El sólo hecho de que dediquemos tiempo a revisar el comportamiento y declaraciones de funcionarios cercanos a la exautoridad en relación con el caso de abuso que se investiga, significa que esa ética del funcionario público de la que escribí hace poco más de un año en este mismo medio ha sido vulnerada.

El compromiso por el país pareciera no existir, y más que trabajar por Chile, trabajan por un amigo, pariente o conocido. Hoy el gobierno acusa a la oposición de instalar la idea de un pacto de silencio, pero el fondo del asunto es mucho más que eso. El fondo del problema es que los líderes políticos que gobiernan Chile se han visto envueltos, junto a sus asesores en un cuestionamiento permanente sobre la manera en que llevaron el caso, generando la idea de que han puesto a las personas antes que al país. Ese es el problema de fondo: los chilenos no debiesen tener dudas de que sus gobernantes ponen al país primero pues, cuando eso pasa, la institucionalidad se debilita, los amiguismos empiezan a ser los protagonistas y el que sufre no es otro que el Estado de Derecho.

La lección más grande que nos deja el caso Monsalve es que, cuando no se pone a Chile primero, el Estado queda pendiendo de un hilo y recuperarlo pareciera transformarse en una tarea cuesta arriba. Cuando se es funcionario público, de confianza o no, la institucionalidad siempre es primero. Son las instituciones las que deben protegerse y, de las faltas personales, deberá hacerse cargo cada uno. Mientras Chile no esté primero, el gobierno seguirá fallándole a sus ciudadanos.