COLUMNA | ¿En qué debe mejorar el sistema nacional de inteligencia?

Uno de los temas que tanto expertos, académicos, miembros del gobierno actual e integrantes de los dos gobiernos de Sebastián Piñera mencionan como necesario es tener un robusto y efectivo sistema nacional de inteligencia, que esté de acorde a las necesidades que el Chile actual tiene en la materia tanto producto del escenario global, como producto del problema de seguridad pública que nos afecta. El consenso general es que el actual sistema no da el ancho y no está cumpliendo con su propósito, algo que no necesariamente tiene su origen en la ley actual.

El actual sistema nacional de inteligencia está regulado por la ley 19.974 del 2004, que aparte de establecer la operación del sistema y aspectos administrativos, crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), continuadora legal de la Dirección de Seguridad Publica e Informaciones que había sido creada en 1993 con un foco en el orden y seguridad pública, y no en la función de inteligencia del Estado como un todo o con la mirada sistémica que tiene la actual que nos rige.

Claramente toda ley y todo sistema puede mejorar, pero esperar que sólo por la vía de mejorar la ley existente vamos a cambiar notoriamente las capacidades y efectividad del sistema es ser en extremo iluso y cae en la misma categoría de ingenuidades como es la creación del Ministerio de Seguridad, algo que algunos creen por el hecho de existir y tener un ministro a cargo va a acabar con los delincuentes, criminales, terroristas e insurgentes que asolan el Chile actual.

¿Qué aspectos deberían ser mejorados en la ley actual?, la que en opinión de este autor y de algunos reputados expertos no es mala, pero que después de 20 años sí necesita algunos ajustes. Estamos hablando de los relativos a la dotación de la ANI, que por ley tiene una dotación cercana a los 100, necesitando tener de 7 a 10 veces si es que tomamos como referencia los servicios de inteligencia de países europeos y en particular del español; un presupuesto de a lo menos US$80 millones (10 veces el actual); de una ley que nos permita desarrollar especialistas de carrera en los cuales poder invertir; permitir que la gobernanza y operación del sistema sea más fluida e integrada; que no hayan dudas de que lo relativo a inteligencia es secreto y que su violación está penada con cárcel, y que tenga las capacidades máximas en recolección de data local e internacional de todos tipos y su procesamiento.

Las mejoras que actualmente se discuten en el Congreso tiene un foco principal en la gobernanza y propósito del sistema, pero no necesariamente generan músculo o aumentos de capacidades reales, y en ese sentido, peca de los mismos problemas que tiene la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, en el sentido de que su modificación no resuelve el problema que tenemos de buena y oportuna inteligencia, e incluso, podrían echar a perder lo ya existente.

Entrando en detalles, la ley actual, quizás buena para el 2004, asume y continúa la dirección de seguridad pública e informaciones creada en el gobierno de Aylwin en 1993, basando su capacidad inicial tanto en número como en integrantes de la dirección a la que reemplazaba, pero fallando en ser flexible en cuanto a dotaciones, como también en la creación de especialistas en la materia y la carrera profesional que ellos podrían desarrollar, algo que 20 años después sigue siendo el problema principal a haber.

Para realizar inteligencia se necesita de gente que sepa, tenga la experiencia y las capacidades requeridas para los tiempos actuales, tiempos de la IA y de realidades que cada vez son más complejas.

El proyecto de ley que moderniza la inteligencia sí crea una Escuela de Inteligencia, pero falla en lo que se refiere a dotaciones necesitadas y el desarrollo de una carrera profesional, lo que, entre otras cosas, haría más fácil la inversión y entrenamiento en el capital humano de la organización. Esto que indico es normal en organizaciones como la española, las del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica.

Como indiqué anteriormente, el proyecto de ley que se discute en el Congreso desde hace más de 5 años coloca mucho foco en el gobierno corporativo, nuevos roles, y comités, pero no asegura o mejora que la coordinación y flujo de información dentro del sistema se produzca o que, de suceder, sea rápido y oportuno, que es una de las falencias del sistema actual, uno en donde muchas veces el director de la ANI tiene que pedir apoyos para que las cosas funcionen. Dicho eso, sí incorpora al sistema organizaciones como el Registro Civil, SII, Aduanas, UAF, Gendarmería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y de todos aquellos que algo tienen que ver con la materia.

Tampoco la ley que se discute asigna mayores presupuestos a la ANI o su sucesora, la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANIC), los que son necesarios no sólo para disponer de equipos humanos más grandes y preparados, sino que también para adquirir capacidades tecnológicas superlativas, de IA y de procesamiento de datos, sean de origen humano, como de otros medios como son cámaras, pórticos lectores, de interceptación de comunicaciones, etc…, todas cosas propias de la modernidad que vivimos. En esta sección sí reconoce la necesidad de un Centro de Fusión de Inteligencia, componente central en la creación de información para la toma de decisiones de las autoridades nacionales.

Para cerrar y para concluir, las capacidades que tengamos en materia de inteligencia van a ser directamente proporcionales a la inversión que hagamos en la materia, a la preparación y capacidades humanas y tecnológicas que tengamos, a la fluidez y oportunidad de la información, a la calidad del gobierno corporativo, en donde la complejidad no ayuda, y en entender que es un sistema el cual para ser efectivo debe ser administrado como tal.

Lo que no puede suceder es dejar las cosas como están o sólo quedarse con una nueva ley de inteligencia que no se hace cargo de lo principal, que son la falta de capacidades del sistema en lo humano y en lo tecnológico, y que, de no haberlas, no será efectivo o robusto, o a la altura de lo que necesitamos para el Chile de hoy y las complejidades del mañana.