COLUMNA | Los desafíos del ministro Cordero en orden y seguridad pública

Chile es un país que ha tenido que navegar en tiempos recientes entre escenarios de desórdenes públicos y de alta inseguridad, el primero representado por el periodo del estallido delictual mal llamado estallido social de octubre del 2019 y meses posteriores, y el segundo por lo que hemos experimentado fuertemente durante la actual administración en términos de alta actividad criminal, que claramente no nace ahora, sino que se venía incubando desde hace algunos años, algo que no vimos venir, o que no quisimos ver, pero que ha afectado seriamente a los chilenos.

También podríamos agregar a nuestros males principales la insurgencia y terrorismo de origen mapuche que se da en la Macrozona Sur, pero que, dado que es de orden superior, de uno en que se busca reemplazar al Estado de Chile, en que dejamos de ser soberanos, su solución escapa lo que es propio del orden y la seguridad pública, siendo uno que se debe atender militarmente, y, por lo tanto, no será materia de esta columna.

El 1 de abril de 2025 nace formalmente el Ministerio de Seguridad Pública, ministerio que según el Ejecutivo será el encargado de colaborar con el Presidente de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad y orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad. Para más detalles se recomienda ver la ley 21730 promulgada en febrero del 2025.

El Ministerio de Seguridad Pública no trae recursos adicionales en su creación, y en lo esencial a parte de las dos subsecretarías, sólo está a cargo de las policías, Carabineros de Chile y la PDI. Se supone que es interagencial, pero ese es un eufemismo para decir que sólo tiene atribuciones de coordinación respecto de lo que está fuera de su mando directo.

No tiene a cargo Gendarmería de Chile, que sigue en Justicia junto al Instituto Médico Legal, no tiene a cargo el Ministerio Público y los tribunales de justicia, que obviamente mantienen su independencia y autonomía, no tiene a cargo Aduanas y la UAF, que siguen en Hacienda, como tampoco tiene a cargo las Fuerzas Armadas cuando están operando bajo excepciones constitucionales, o en el resguardo y protección de infraestructura crítica, que incluye las fronteras con el Perú y Bolivia, que es por donde ingresan buena parte de nuestros problemas.

Tampoco tiene a cargo la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), ya que se determinó que esta debía continuar bajo las órdenes del Ministerio del Interior, quedando exclusivamente con la inteligencia que le proveen las policías, y los informes que le manden de la ANI y Gendarmería.

Lo que los gobiernos y legisladores, los responsables de darle forma a este nuevo ministerio, nunca entendieron, es que los problemas de orden público son principalmente de naturaleza política, pero que, al colocarlos como una responsabilidad de Seguridad Pública, asumen que son de carácter policial o delictual, y por ende de tipo técnico, que se soluciona con recursos policiales.

Para entender mejor lo anterior, un par de ejemplos, a contar del 1 de abril el manejo eventos del tipo “Día del Joven Combatiente” reciente ocurrido, o bien las acciones de violencia ejercidas por los pescadores artesanales con el fin de evitar la recalada de buques en el Puerto de Valparaíso, o los ataques terroristas que estos ejercieron sobre Carabineros en la Ruta 5 Sur, todos apoyados e instigados por el Partido Comunista, con el fin de afectar la ley de “Fraccionamiento” que se discute en el Congreso, deberían ser de responsabilidad y atención del ministro Cordero, y no del ministro Elizalde, el ministro político del gobierno.

Digo lo anterior porque aparte de no entender que es un problema político y diferenciarlo de uno de carácter netamente policial, la práctica habitual en la política chilena es endosarle el problema a otro y no desgastarse en su solución. Esto es algo que ya sucede en la Macrozona Sur, una parte de Chile en que el Ejecutivo no quiere entender que enfrenta una insurgencia, o bien por otro lado, el insistir en usar tropas militares para detener una aparente invasión venezolana que nos llega por las fronteras del norte y noreste.

Más que los problemas que generan la existencia de los seremis de Seguridad Pública, su relación con los delegados presidenciales, gobernadores y autoridades centrales del ministerio, y de las policías, todos temas que eventualmente se pueden resolver, el problema principal está en dónde comienzan las responsabilidades del ministro Cordero y dónde terminan las del ministro Elizalde, algo que de seguro no será resuelto en este gobierno sino en el siguiente.

Esto no es algo que la derecha debe mirar a la distancia. Estamos a 11 meses del cambio de gobierno, un gobierno que, de ser de derecha, va a tener que enfrentar problemas de orden público, algo que ocurrió en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y que para lo cual no existen suficientes carabineros, los que apenas están pudiendo manejar la inseguridad existente, y que menos van a poder atender los dos problemas en simultáneo. Quien sea el que reemplace a Luis Cordero va a tener un bonito desafío, que incluye potenciales acusaciones constitucionales a las que están afectos los ministros, y que en este caso sería por no garantizar el orden y la seguridad pública en el territorio de la República, algo al que está obligado Carabineros de Chile tanto en la Constitución como en su ley orgánica constitucional, y que está en el artículo 1 de la ley 21730.

Espero que el ministro Cordero y su equipo entiendan que resolver los problemas administrativos de instalación sólo nos dejan empatados respecto de lo que había antes, que debe estar atento a que no le metan más goles como los de su responsabilidad por desórdenes públicos de origen político, algo para lo cual no tiene recursos sin que ello implique necesariamente desatender otros frentes como son la alta inseguridad causada en todo Chile por delincuentes y criminales.

¿Estará el ministro Cordero consciente de que Carabineros tiene abandonadas muchas comunas de Santiago, y que, de no ser por las direcciones de seguridad municipales, las que operan la mayor de las veces sin las atribuciones legales necesarias, reinarían y campearían los malhechores?

¿Estará el ministro Cordero informado que comunas como Las Condes y otras operan con menos de un tercio de sus dotaciones autorizadas de Carabineros, y que ello ha obligado a privatizar la seguridad de los vecinos y comercios, y que de no ser por los recursos de los que dispone, y por la existencia de los inspectores municipales, estaríamos en el “Far West”?

¿Estará el ministro Cordero de acuerdo con la creación de policías municipales que puedan portar armas de fuego, y no con el autoengaño de que medios del tipo “Taser” son la solución?

¿Estará el ministro Cordero consciente de que lo que realmente falta en seguridad pública es estrategia, gestión, inteligencia, policías y fiscales?

¿Estará el ministro Cordero consciente de que no tenemos un sistema de seguridad pública que funcione como tal, y que las atribuciones que le da la ley son básicamente de coordinación más que de conductor del sistema?

Buena suerte ministro Cordero, usted es un kamikaze, y espero por el bien de Chile que este ministerio resulte en algo que agrega valor. Me opuse tenazmente a su creación, pero ya que está, mejor que funcioné porque de lo contrario estaremos peor, mucho peor.