COLUMNA | El caso de los aranceles y la seguridad nacional

El anuncio de un arancel de un 10% para nuestras exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica y de los aranceles aplicados a otros países con los que comerciamos generó todo tipo de reacciones, algunas un tanto histéricas, muchas reuniones de comités ad hoc para ver los impactos en agricultura, minería y pesca, y pedidos desde el sector privado y el Congreso al Gobierno para revisar el tema con sus contrapartes en el país del norte.

Este tipo de crisis, junto con las que hemos visto en materias de seguridad pública, de insurgencia mapuche en la macrozona sur, y la permeabilidad de nuestras fronteras del norte y noreste a la inmigración ilegal y el crimen transnacional, son todos temas que perfectamente podrían tratarse en el Consejo de Seguridad Nacional, que es la instancia institucional que tenemos para tratar estos temas, y no los comités ad hoc antes mencionados, o el Comité Político del Ejecutivo, o bien las comisiones del Congreso.

Que no se le quiera dar uso al Consejo de Seguridad Nacional es una cosa, y otra es que no esté en condiciones de ser usado para temas de Estado, de naturalezas como las antes mencionadas. Sí debemos buscar que sus sesiones puedan ser sujetas a secreto o reserva, si fuera el caso, como también quizás revisar su composición, pero de que sirve como instancia para acordar acciones del Estado del tipo Whole of Government approach, sirve y nos podría hacer la vida más fácil, dejando muchas veces de ser los problemas algo que solo compete al Ejecutivo, el que sabemos que no tiene el control sobre los otros poderes del Estado o sobre organismos autónomos, como el Ministerio Público.

Evidentemente, al Consejo le haría bien tener una oficina que le dé soporte, así como la existencia de un coordinador o asesor de seguridad nacional que haga que el Consejo funcione, que se preocupe del seguimiento e implementación de los acuerdos que se tomen y que no se pierda la visión integral que necesita el sistema de seguridad nacional, que toma forma cuando el Consejo se vuelve activo y hay un departamento del Gobierno que le da vida y lo administra, y que además se encarga de generar una estrategia de seguridad nacional, que le da la lógica que el todo necesita para funcionar.

En el caso de los aranceles, antes que tener a todos gritando y corriendo de un lado para otro, lo que hubiera correspondido es tener una sesión del Consejo de Seguridad. El tema de los aranceles evidentemente se entrecruza con otros aspectos del comercio exterior de Chile, de relaciones estratégicas y de defensa con países del mundo occidental, y las decisiones que se toman tienen consecuencias que deben considerarse al momento de tomarlas.

No podemos revisar en aislamiento el tema de los aranceles sin revisar los efectos que nuestras decisiones pueden tener respecto de China, nuestro principal socio comercial e importante inversionista en Chile, o respecto de los EE.UU. de Norteamérica, la aún potencia global dominante, con la cual tenemos profundas relaciones en lo político y en lo militar.

Se habla de buscar disminuir nuestras dependencias comerciales respecto de China y del país del norte, pero si fuera tan fácil ya lo habríamos hecho. Que se sepa, el viaje a la India no produjo muchos negocios nuevos, sí muchas buenas intenciones, pero no más que eso. Para un país como Chile, que está abierto y depende del comercio global, no es irrelevante lo que ocurre, y literalmente debemos quedar bien con dios y con el diablo, algo que a nuestra Primera Magistratura le cuesta entender.

El Consejo sería también una instancia ideal para ver cómo nos paramos respecto de Bolivia, un Estado para todos los efectos fallido, o con un Perú que no está pasando por un buen momento, o para tomar decisiones respecto del control de nuestras fronteras y los recursos necesarios para que sea efectivo, o para de una vez por todas ver qué se va a hacer con la insurgencia mapuche, la que, a pesar del Estado de Emergencia, de tiempo en tiempo muestra los dientes.

Evidentemente, también es la instancia para discutir y revisar la estrategia de seguridad pública que debe producir el nuevo ministerio, ya que claramente el problema de la inseguridad supera los límites o capacidades de la organización que lidera el ministro Cordero, el que por cierto debiera integrar el Consejo junto a los ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Para cerrar, cuando los temas se tratan en forma institucional, con perspectiva de Estado y fuera de los foros netamente políticos, la posibilidad de tomar buenas y acertadas decisiones aumenta. No todo está perdido en Chile, solo es cosa de usar la institucionalidad que nos da la Constitución del 80, que con unos mínimos cambios puede estar a la altura de lo que necesitamos en el 2025.