El Líbero, jueves 04 de julio de 2019
Señor Director:
En noviembre de 2015, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno emitió un documento en donde se detallan señales de alerta, también conocidas como banderas rojas («red flags»). Estas señales de alerta nos permiten detectar la posible ocurrencia de fraudes, ilícitos o actos reñidos con los reglamentos y leyes. Su aplicación era para todas las organizaciones de gobierno, incluyendo las Fuerzas Armadas, y es algo de común aplicación en el sector privado desde hace muchos años.
Me pregunto si es que este instructivo, el cual en su sección final detalla todas las conductas personales que se podrían considerar sospechosas, fue conocido por el personal del Ejército, y de haberlo sido, ¿por qué nadie levantó la mano o alertó de comportamientos de gastos que aparentemente no se condecían con los niveles de ingresos de un funcionario de gobierno? El acto de alertar se conoce como “blow the whistle”, el cual aparentemente no tuvo lugar y, si sucedió, no habría sido efectivo.
Puede ser que ello no haya ocurrido por una falla de cultura interna que no promueve este tipo de acciones, o bien porque era considerado normal, o ambas. Se los dejo a su criterio decidir que fue lo que pasó. Yo soy de la opinión de que fue lo segundo, ello debido a que el Ejército es una organización con mucho foco en el control y del minuto que dejaron de ser normales las conductas que hoy en día nos llaman la atención, lo que coincide con el cambio de administración en el Ejército de marzo de 2018, se acabó el problema, se estableció un “new normal”, y los ruidos que tenemos hoy en día sólo son ecos del pasado.
Richard Kouyoumdjian
Vicepresidente AthenaLab
Fuente: El Líbero
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