COLUMNA | Estado organizado versus crimen desorganizado

El Mercurio, 11 de julio 2019

JUAN PABLO TORO V.
Director ejecutivo AthenaLab

Existe un debate atendible sobre la eficacia de la llamada guerra contra las drogas, entre quienes la consideran un fracaso y quienes ven en ella una necesidad imperiosa. Sin embargo, el debate no puede conducir a la inacción, ya que mientras se resuelve, las organizaciones criminales transnacionales solo se fortalecen.

El estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado por este mismo diario, consigna que en América se contabilizaron 173.471 homicidios en 2017, un 37,4% del total global, a pesar de que el continente alberga solo el 13% de la población mundial. Aunque los factores explicativos son muchos, se advierte que los grupos criminales, entre ellos los carteles de drogas, mataron un millón de personas entre 2000 y 2017.

Con esos antecedentes, hace sentido el decreto firmado por el Presidente Sebastián Piñera que permitirá que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el combate al narcotráfico junto con las policías, en tareas de vigilancia, de apoyo logístico, de transporte y de tecnología.

La decisión apunta justo a las zonas fronterizas, que merecen especial atención, puesto que en el caso de las que se comparten con Perú y Bolivia, se trata del segundo y tercer productor mundial de cocaína, respectivamente. Mejorar el control sobre los límites accidentados y difíciles de vigilar es crucial. Se trata de esas “zonas grises” donde las amenazas a la seguridad pública terminan convirtiéndose en amenazas a la seguridad nacional si no son enfrentadas.

Por las capacidades de sus equipos, las tareas de inteligencia y la presencia territorial efectiva, militares, marinos y aviadores ya tienen un panorama de fronteras bastante claro. Incluso está el caso de la Armada de Chile, que a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante cumple por ley funciones policiales en el mar. Si bien se delimita las tareas de los organismos involucrados en el marco de la Constitución y las leyes, sería bueno establecer también sus responsabilidades ante escenarios posibles. ¿Podrá un helicóptero del Ejército transportar una patrulla de Carabineros o de la PDI tras recibir un dato de un dron de la Fuerza Aérea sobre camiones cargados con droga?

La coordinación es un aspecto crucial. La norma le transfiere al ministro de Defensa “la responsabilidad de dirigir y controlar las operaciones que las FF.AA. de Chile harán en nuestras fronteras” y nombrar a los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades. Desde ese punto de vista, debiera ser un primer paso a la constitución de una fuerza de tarea interagencial permanente, experiencia que ya se ha utilizado frente a catástrofes naturales acá y que existe en países como Estados Unidos.

Hasta ahora, las zonas fronterizas han hecho más fácil a los traficantes evadir a sus perseguidores, ya que muchas veces no pueden darles alcance porque se enfrentan a procedimientos que son difíciles de configurar, burocráticamente tediosos y sujetos a toda clase de desconfianzas y falta de coordinación. Nada mejor para el crimen organizado que un Estado desorganizado. Algo que se ha visto en terreno en Colombia, México y El Salvador.

La medida tomada debe ser entendida como un primer paso para construir un panorama de fronteras y vigilancia común basado en la cooperación entre fuerzas. El éxito de su resultado se medirá por esto: si efectivamente aumenta la seguridad, se frena a los narcos y se devuelve la tranquilidad a la gente que vive en las fronteras.