La plataforma continental magallánico-antártica

El Mostrador, sábado 18 de diciembre 2021

Considerando que el propio Presidente de la República se ha ocupado de recordar que en agosto su Gobierno actualizó la cartografía oficial de plataforma continental al sur y al sureste de dicho “Punto F”, es posible entender que, más adelante, nuestro país se ha impuesto la tarea de precisar los límites exteriores de la plataforma continental magallánico-antártica más allá de las 200 millas proyectadas desde los archipiélagos de Diego Ramírez, cabo de Hornos y ciertas “elevaciones submarinas”. Esto debería permitirnos vincular esos territorios con el suelo y subsuelo del Mar de Weddell y del Mar de Bellinghausen. Desde ya el impacto sobre la relación bilateral con Argentina es evidente. Un desafío fascinante para el próximo Gobierno.

Cumpliendo con la palabra empeñada en 2020, el Gobierno acaba de dar a conocer los lineamientos generales de una “primera presentación” sobre plataforma continental extendida en la Antártica americana (a los efectos, Antártica Chilena). Ese sector es parte de nuestra Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Se trata de un hecho muy esperado que, en sí mismo, no solo encapsula la voluntad del Estado de reiterar –conforme con el Derecho Internacional– nuestra condición de “potencia antártica”, sino que evidencia tanto un enfoque actualizado y geopolíticamente refrescante como una demostración de las avanzadas capacidades geocientíficas del país.

¡Extraordinario y enhorabuena! ¡Una contribución mensurable al interés permanente de la República! (en sentido etimológico).

Así, el Gobierno de Chile se propone ‘someter’ al análisis de organismo científico-técnico competente (la Comisión de Límites de la Plataforma Continental) los datos y la cartografía que demuestran –por ahora– la prolongación de nuestra soberanía más allá de las 200 millas sobre los recursos naturales del suelo y subsuelo marinos del Mar de Bellinghausen, que baña el sector occidental del Territorio Chileno Antártico.

Adicionalmente, esta presentación incluye una suerte de “enunciación” del vínculo entre las áreas estudiadas con sectores de plataforma continental magallánico-antártica situados norte del paralelo 60º sur (límite del área de aplicación del Tratado Antártico). El observador puede entender que, en el futuro, esto debe permitir conectar dicho sector del fondo marino del (mal llamado) Paso Drake con la prolongación de la plataforma continental de nuestras islas situadas al sur de Tierra del Fuego, tal como en agosto último quedó legalmente establecido con la actualización de la proyección de la plataforma continental de las Islas Diego Ramírez y Barnevelt.

Consistente con nuestra tradición austral y antártica de casi 500 años, este acto soberano del Estado puede, en justicia, entenderse como un legado de la administración Piñera 2, especialmente de sus últimos cancilleres, Teodoro Ribera y Andrés Allamand. Nobleza obliga.

El próximo Gobierno (cualquiera sea) se encontrará con una tarea y un desafío de gran complejidad y envergadura que, visto desde la creciente complejidad del escenario geopolítico y geoestratégico en la Antártica, le obligará a priorizar esta materia de profundo sentido material para el interés de todos los chilenos, sin excepción.

Ocurre que, de ninguna forma, está garantizado que a fines de la década del 2040 el Tratado Antártico (que desde 1959-61 garantiza la Pax Antarctica) pueda ser renovado. Junto con la irrupción en el sistema de decisiones antártico de potencias disruptivas (China, Rusia, etc.), países como Australia, Argentina, Noruega, Francia y Sudáfrica (todos fundadores de la cooperación polar) se adelantaron a Chile en reclamar derechos sobre territorios submarinos dentro del área de aplicación de la normativa antártica. En este ámbito, dos casos merecen comentarios.

El primero se refiere a Noruega, país que, además de anualmente entregar el Premio Nobel de la Paz, es el único que, hasta ahora, reclama espacios de plataforma continental más allá de las 200 millas en el Ártico y en el Antártico. Los derechos que Noruega reclama en la Antártica se sustentan en actividades de sus empresas balleneras, las cuales, hay que recordar, son “menos antiguas” que las actividades foqueras antárticas chilenas y, en el mejor de los casos, tan antiguas como las actividades balleneras magallánicas en la Antártica y el Mar Austral circumpolar. Pese a que Noruega es “un campeón de la cooperación internacional”, su reclamo de plataforma continental en el ‘sector africano” de la Antártica (que data de 2009) sigue siendo “revisado” en Nueva York por la citada Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

El segundo es el caso de Argentina, país que ya el mismo 2009 formalizó una presentación que incluyó no solo un ambicioso reclamo antártico (que se sobrepone al Territorio Antártico Chileno), sino que adicionó una “medialuna” de miles km2 ubicados al sur del denominado “Punto F” del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este aspecto del reclamo argentino extendió, unilateralmente, el límite binacional plus ultra dicho Punto F (que el mismo tratado de 1984 definió como el “confín inconmovible” entre Chile y Argentina).

Considerando que el propio Presidente de la República se ha ocupado de recordar que en agosto su Gobierno actualizó la cartografía oficial de plataforma continental al sur y al sureste de dicho “Punto F”, es posible entender que, más adelante, nuestro país se ha impuesto la tarea de precisar los límites exteriores de la plataforma continental magallánico-antártica más allá de las 200 millas proyectadas desde los archipiélagos de Diego Ramírez, cabo de Hornos y ciertas “elevaciones submarinas”. Esto debería permitirnos vincular esos territorios con el suelo y subsuelo del Mar de Weddell y del Mar de Bellinghausen.

Desde ya el impacto sobre la relación bilateral con Argentina es evidente.

Un desafío fascinante para el próximo Gobierno.

Jorge G. Guzmán
Investigador Asociado AthenaLab